Domingo, 24 Junio 2018

El debate con respecto a este anteproyecto y al tema en general se viene discutiendo desde hace muchos años, siendo el Perú uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con una ley de control previo. Por lo que es relevante contrastar las distintas opiniones de los que están a favor, en contra y de economistas especializados en el tema.

 

 

Luego de la compra de Mifarma por Inkafarma, perteneciente al grupo Intercorp, y la creciente atención que se le ha dado al caso, la ley de regulación de fusiones y adquisiciones, presentada por el congresista Jorge del Castillo, tomó mayor relevancia en el debate nacional. Esta fue presentada el día 25 de enero y lo que busca es la defensa del consumidor y del usuario, para permitir mayor competencia en el mercado y con ella calidad y precios, según el legislador. Se detalla que se iniciará con un procedimiento de evaluación previa a las operaciones de concentración, para que luego de esta se pueda autorizar, siempre y cuando los efectos de las operaciones empresariales no restrinjan la competencia ni afecten al bienestar de los consumidores ni la eficiencia del mercado.

La recepción de comentarios al anteproyecto terminó el 14 de febrero y La República logró obtener los comentarios de los órganos técnicos nacionales e internacionales, al igual que de los gremios empresariales. Dentro de estos comentarios divididos, los que se encuentran a favor del proyecto de ley son Indecopi, Osiptel, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Por otro lado, La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Comex Perú (comercio exterior) están en contra.

Se argumenta, entre los comentarios en contra, que esta ley sería un traba burocrática a la inversión y desarrollo de las industrias, e incluso que esta ley sería anticonstitucional. ¿Y por qué sería anticonstitucional? Según Eduardo Quintana, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y socio del estudio de abogados “Bullard Falla Ezcurra”, esta ley va en desmedro del artículo 61 de la constitución. Según el abogado, el artículo señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite como el abuso de la posición de dominio y las prácticas monopólicas, menciona en Gestión. Y también sentencia lo siguiente: “Claramente esto se ha entendido como una regla que reprocha los comportamientos de las empresas dominantes, pero asumiendo que pudiera interpretarse de que el Estado pueda regular un sistema de control de concentraciones, la opción de prohibir la operación no está en la Constitución, por lo que la propuesta sería en parte inconstitucional”.

Por otra parte, en los comentarios a favor está que este anteproyecto es un pilar principal de un régimen de defensa de la competencia y se ajusta al estándar internacional, ya que es importante en el contexto de postulación a la OCDE. Además, recientemente Javier Coronado, gerente general de Indecopi, consideró que los umbrales mencionados en el anteproyecto deben ser objetivos y deben estar relacionadas a las ventas, ya que por experiencia internacional, es la mejor práctica. También recomendó en la comisión de Defensa del Consumidor, que debe haber procedimientos diferenciados para aprobar o no las operaciones de concentración, ya que lo ideal es no generar impactos o incrementos en el costo de oportunidad para las empresas.

Está claro que el debate sobre la implementación de una ley de este tipo genera opiniones divididas. El problema está en que este tema  se viene discutiendo desde hace muchos años. Sin embargo, sigue siendo relevante contar con opiniones como las de José A. Tavera, catedrático de la PUCP, en un artículo en Gestión donde menciona lo siguiente: “Es cierto que somos uno de los pocos países que no cuenta con una ley de control previo, pero ¿eso acaso nos convierte en un país de quinta categoría como algunos de los defensores dl proyecto de ley han sostenido? Creo que, a estas alturas del partido, sería muy cándido creer que con la sola existencia de la bendita ley tenemos el seguro de vida que nos protegerá contra cualquier abuso de poder de mercado que pudiera aparecer. La realidad es más compleja que la realidad virtual de nuestros indignados defensores”. En ese sentido, el catedrático propone fomentar la asociatividad dentro del mismo Estado ya que esta es la forma más eficiente para controlar el abuso de poder de mercado que un control de estructuras. Por otro lado, la opinión de José Távara, reconocido economista y profesor de la PUCP, en una entrevista en TV Perú, menciona que “el Perú tiene una política de competencia coja porque combate a los carteles y no tiene ley de concentraciones. Si tú combates a los carteles, que son grupos de empresa que se reúnen para no competir y repartirse la torta, y tú la sancionas, como en el caso de las farmacias en el 2009, entonces deciden fusionarse quedando dos grandes grupos y uno más pequeño”.

 

 

 

Fuentes:

La República: (1) (2)

Gestión: (1) (2) (3)

 TvPerú: (1)

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