Viernes, 22 Junio 2018

Recientemente, el Ejecutivo ha dejado en manos del Congreso la decisión sobre la continuidad, modificación o derogación de la Ley de Promoción Agraria. Esta ley, que contempla una serie de beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras como incentivo a la formalización de los trabajadores agrícolas, ha sido arduamente criticada en el pasado. Hoy, en medio de la discusión sobre su extensión o derogación, el debate ha resurgido.

 

La Ley Nº 27360 (Ley de Promoción Agraria) fue promulgada en el gobierno de Alberto Fujimori con vigencia de diez años y luego fue extendida durante el de Alejandro Toledo hasta el 2021. A la fecha, se encuentra en medio de una discusión sobre su continuidad o derogación. Dado que esta norma beneficia principalmente a las empresas agroexportadoras, las que emplean solo al 7% de la PEA agraria, es de especial relevancia que se discutan las posiciones a favor y en contra de su continuidad o derogación.

¿Por qué sería positiva la continuidad de esta Ley?

Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), sostiene que la ampliación de la vigencia  de la ley es indispensable ya que de lo contrario el desempeño del sector podría verse comprometido. Esto porque los inversionistas necesitan tener la seguridad del marco normativo que estará vigente los próximos años para realizar inversiones en el sector agrícola. Asimismo, Varilias, quien pide que la ley se prolongue hasta el 2050, manifiesta que de concretarse la extensión de la vigencia se generarían 4 millones de empleos formales en los siguientes diez años.

Por otro lado, dos congresistas de Fuerza Popular han presentado propuestas para la modificación de la actual ley y para que la vigencia de la misma se prolongue. Las propuestas presentadas por Elard Galo Melgar Valdez y Betty Ananculi Gomez buscan modificar la ley de modo que la duración de los contratos dependa de la actividad agraria a realizar.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) se ha pronunciado a favor de una prolongación de diez años de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria. Según datos de este ministerio, 500 mil trabajadores se acogen a este régimen agrario actualmente.

Pero, ¿por qué ha sido criticado el régimen de promoción agraria de la Ley Nº 27360?

Tras su promulgación, esta ley fue conocida como la 'Ley Chlimper', dado que fue promulgada durante el periodo de José Chlimper como Ministro de Agricultura en el año 2000, cuando además era presidente del directorio de la sociedad agrícola DROKASA S.A.

Esta ley brinda beneficios tributarios a las empresas agroindustriales -el pago de 15% de IR en lugar de 30% como lo indica el Régimen General- bajo la condición de formalizar a sus trabajadores. Sin embargo, estipulaba un pago de S/. 16 soles diarios para jornadas de más de cuatro horas e incluía en esa misma suma el pago de las CTS y gratificaciones. Además la ley otorga vacaciones de 15 días, en lugar de 30 días, y ofrece acceso al servicio de salud. Prestación del servicio provista por Essalud a través de una subvención cruzada. Las agroexportadoras bajo este régimen aportan solo 4% de la remuneración de cada trabajador, mientras que el resto de empresas aportan el 9% y el Estado cubre la diferencia. Este subsidio cruzado equivale alrededor de S/. 300 millones.

En suma, los trabajadores agrarios han visto reducidos los beneficios laborales que habían obtenido con el D.L. Nº 885 de 1996.

Por otro lado, un informe que se presentó al interior del Ejecutivo habría revelado que son las grandes empresas agroexportadoras las que se ven beneficiadas con este régimen de contratación laboral. De 1205 empresas incluidas en este régimen solo 15 concentran 49,4% de trabajadores bajo este régimen laboral.

 

Fuentes:

La República (1) (2

Gestión (1

El Comercio (1) (2) (3)

Congreso de la República (1

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