Domingo, 22 Septiembre 2019

Las empresas aún no han adecuado sus políticas salariales a las exigencias de la Ley de igualdad salarial y enfrentan riesgos económicos, legales y reputacionales.

 

 

Pese a que dentro de pocos días se dará inicio a las fiscalizaciones sobre igualdad salarial, la gran mayoría de empresas peruanas aún no cumplen con las exigencias legales -establecidas por la Ley 30709. En dicha ley se encuentran algunas disposiciones como contar con una política salarial y establecer un cuadro de categorías y funciones, según especialistas consultados. A raíz de ello, las empresas enfrentarían riesgos reputacionales y penales, además de multas hasta por S/189,000. Además, dentro de las empresas más retrasadas, en cuanto a sus políticas salariales, se encuentran las firmas de minería, construcción y pesca. Por otra parte, las firmas de banca y seguros ya cumplen obligaciones con respecto a las políticas salariales.

Cabe mencionar que, la ley de igualdad salarial está vigente desde el 2017; sin embargo, la mayoría de las empresas aún no están en condiciones de afrontar la fiscalización de Sunafil -la cual inicia el 1 de julio. Según Michael Vidal, socio del estudio Hernández & Cía, la gran mayoría de empresas no se ha adecuado al cuadro de las normas; además, no se conoce de muchas empresas que haya públicas sus políticas salariales. Asimismo, Mónica Pizarro, socia del estudio Echecopar, indicó que muchas empresas han empezado a preocuparse por cumplir sus obligaciones en cuanto a la ley de igualdad salarial.

Por otro lado, en cuanto a las firmas más retrasadas en sus políticas salariales, según Percy Alache, director de PwC, en el sector minero faltaría regular ascensos de operadores y documentar los beneficios variables como bonos. En cuanto al sector retail habrían puestos no jerarquizados. En contraste, las empresas de banca y seguros, dado que son reguladas por la SBS, tienen políticas de buen gobierno corporativo y regulaciones sobre categorizaciones y bonos. Sin embargo, a los otros sectores les está costando más adaptarse, entre ellos encontramos -como ya se había mencionado- a la minería, construcción; así también, educación, telecomunicaciones y el sector portuario -donde se han encontrado reclamos a nivel salarial.

Con respecto a la fiscalización de Sunafil, a partir del 1 de julio, verificará si las grandes y medianas empresas han cumplido con elaborar el cuadro de categorías y funciones y una política salarial, además de comunicarla a los trabajadores. Por el lado de las micro y pequeñas empresas, la fiscalización empezará el 1 de diciembre del 2019. Así pues, los inspectores podrán acudir a las empresas para corroborar el cumplimiento de la ley e investigar casos de discriminación salarial.

Fuentes:Semana Económica (1)

El Peruano (2)

 

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