Domingo, 19 Agosto 2018

Osinergmin publicó en su primer reporte de investigación en el caso Petroperú que durante los últimos 20 años han existido alrededor de 190 derrames de petróleo de lo cuales el 30% se debe a falta de mantenimiento en infraestructura local.

 

 

 

 

 

El pasado 3 de noviembre del presente año, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) inició un proceso  de investigación con el fin de determinar las causas y responsabilidades directas de los atentados que ha venido sufriendo el Oleoducto Norperuano y cuyas consecuencias se han reflejado en los múltiples derrames de petróleo a lo largo del año en las zonas de la selva norte, especialmente, en el departamento de Loreto. Asimismo, Petroperú tuvo que declararse en estado de emergencia debido al octavo atentado que registraron a causa del accionar de terceras personas en contra del oleoducto, tal como señalaron sus informes pertinentes.

Con la información recopilada de forma temporal y según lo declarado a Gestión por un especialista de Instituto de Defensa Legal (IDL), Osinergmin ha consignado alrededor de 190 derrames de petróleo desde el año 1996 hasta la actualidad. De forma detallada se especifica que alrededor del 30% de los derrames se debieron por falta de mantenimiento de infraestructura, 40% producto de atentados y el otro 30% ocasionado por situaciones adversas. Es preciso aclarar que cada uno de estos derrames ocasiona un gran daño ambiental no solo al ecosistema de la región sino también a la integridad tanto física como económica de las familias de las comunidades que se encuentran cerca de los ríos contaminados por la mezcla de agua y petróleo.

El coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL, Juan Carlos Ruiz, declaró en una entrevista radial que cree en la existencia de dos grupos directamente conectados con esta problemática; un primer grupo está conformado por aquellas personas que desean lucrar con las consecuencias de los derrames y el aumento de las necesidades económicas por parte de las familias afectadas. El segundo grupo estaría formado por los organismos que por su propia irresponsabilidad no aplicaron el mantenimiento normativo que las instalaciones requerían para poder ejercer un correcto funcionamiento. Asimismo, el experto declaró estar de acuerdo con una sanción pertinente para ambos grupos pero aludiendo a una más drástica en relación al primero.

Finalmente, Ruiz sostuvo una postura conforme frente a la imposición de la multa a Petroperú por un monto de S/ 10 millones debido a los daños ambientales no compensados en 2014, a pesar de que el organismo estatal apeló frente a lo sentenciado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  

Fuentes:

Gestión

Gestión (1)

 

 

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