Lunes, 22 Octubre 2018

Esta semana el estado libre asociado de Puerto Rico se declaró en banca rota he inicio el proceso de reestructuración de su deuda.

 

Esta semana el estado libre asociado de Puerto Rico se declaró en banca rota he inició el proceso de reestructuración de su deuda; la cual asciende a más de US$70,000 millones de dólares o US$20,000 dólares por habitante aproximadamente, siendo la crisis de deuda más grande sucedida en los mercados de bonos municipales de Estados Unidos.

El gobierno de Puerto Rico autorizó, de manera voluntaria, la ejecución del Título III de la ley PROMESA, aprobada en 2016 por una Junta de Supervisión Fiscal, la cual permite el inicio de la reestructuración de la deuda que posee el gobierno con sus acreedores. Con esta petición voluntaria, el gobierno busca proteger a sus 3,5 millones de habitantes, y de esta manera busca evitar el inicio de un proceso de liquidación de activos públicos.

Según LeCompte, experto en asuntos financieros, la entrada en vigor de esta ley permitirá resguardar los intereses de los ciudadanos. "El entrar en vigor el título de III de Promesa permitirá que los ciudadanos puedan recibir servicios mínimos que provee el Gobierno", indicó.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, manifestó por su parte en una conferencia de prensa: “Ante la realidad del calendario y la eliminación de la moratoria (…) tomé la decisión de solicitar a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para poder trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal”. Con ello, se busca cumplir con los acreedores y reestructurar la deuda en pagos anuales de US$800 millones de dólares.

Puerto Rico, como estado libre asociado de Estados Unidos, posee cierto nivel de autonomía; sin embargo, no puede legislar sobre su política monetaria.

Primeros recortes

Luego de la quiebra anunciada por el gobierno, el Departamento de Educación de Puerto Rico declaro este viernes que 184, de las 1,297 escuelas que se encuentran en Puerto Rico, serán cerradas al culminar el presente año escolar. El gobierno busca con esta medida  la reducción de costos para, de esta manera, afrontar la grave crisis económica en la que se encuentra. Se estima que se ahorraran cerca de 7.7 millones de dólares solo en el pago de servicios básicos.

La secretaria de Educación declaró: "El cambio es difícil, pero es necesario para llegar a dónde queremos llegar". Asimismo, se informó que se reubicaran a 27,000 estudiantes y 2,088 maestros de escuelas que posean disminuciones recurrentes en la demanda de matrículas.

 

Fuentes:

El Comercio (1)

Gestión (1)

Univisión (1)

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