Domingo, 18 Noviembre 2018

Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, cerca del 70% de violaciones sexuales a niños y adolescentes provienen del entorno más cercano, tales como la familia, los vecinos o la escuela. Entonces, en muchos casos los menores de edad no tienen la confianza o facilidad de poder denunciar estos hechos debido a que se sienten amenazados y vulnerables en su propio entorno.

 

La violencia sexual es uno de los actos más repudiables que se pueden cometer. En el Perú, es un problema que se está volviendo insostenible. Las cifras oficiales brindadas por el Ministerio Público indican que el 76% de víctimas de violaciones sexuales son menores de edad. Esto evidencia un problema sistemático y de gran escala. En este escenario, ¿Qué podemos esperar, en términos de bienestar a largo plazo para nuestros niños y jóvenes?
Las secuelas de una violación sexual son físicas y psicológicas. Kathleen Kendall, reconocida investigadora en el campo de la psicología, señala que hay cuatro mecanismos mediante los cuales la salud de la víctima se puede ver afectada a largo plazo; ellas son el comportamiento, el aspecto social, cognitivo y emocional. Según la Organización Mundial de la Salud, las consecuencias en la salud física incluyen lesiones y desórdenes gastrointestinales; mientras que las secuelas psicológicas incluyen estrés post-traumático, ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, problemas interpersonales, desórdenes mentales y comportamientos suicidas. Según el reporte de ChildFund para Nueva Zelanda, los niños que han sufrido de violación sexual enfrentan tasas mucho más altas de desorden mental, las cuales incluyen el suicidio, en comparación con aquellos niños que no han sufrido de abuso sexual. Otra de las consecuencias más visibles es el embarazo infantil, el cual genera dificultades significativas en la salud física y psicológica de la madre y del niño.

Asimismo, este informe señala que existen elevados costos de oportunidad relacionados a la deserción escolar como producto del embarazo de las niñas y jóvenes. En cuanto a las relaciones interpersonales, los autores señalan que aquellos niños que han sufrido de abuso sexual tienen una mayor dificultad en establecer lazos con otras personas en el largo plazo; por lo que ello puede presentarse como un obstáculo en el establecimiento de relaciones laborales. Gail Hornor, investigadora del grupo Child Maltreatment and Neglect SIG, señala que en el caso de los niños y adolescentes varones podría suscitarse un comportamiento violento, el cual podría materializarse en actos delictivos o abuso de alcohol en el largo plazo. Por lo tanto, hay una fuerte evidencia empírica que indica una relación directa entre el abuso sexual infantil y consecuencias negativas en el corto y largo plazo que pueden impactar de sobremanera en el capital humano; esto debido a que hay un menor rendimiento escolar, universitario o laboral producto de los trastornos provocados por el abuso sexual.

Ahora, ¿Cuál es el panorama dentro de nuestro país? y ¿Cuál ha sido la respuesta del estado frente a este problema de incidencia pública? Este año, exactamente el primero de febrero, una niña de 11 años llamada Jimena desapareció y un día después su cuerpo fue encontrado cerca de una comisaría de San Juan de Lurigancho. Jimena fue violada y asesinada cruelmente. Se alzaron protestas en todo el Perú reclamando justicia para ella y para todos los niños y jóvenes que han sido víctimas de violación. Ello dejó entrever la baja percepción de justicia ante crímenes de violación sexual. Las medidas que han tomado la Defensoría del Pueblo; el Ministerio del Interior y su programa de recompensas; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su Centro de Emergencia Mujer; entre otros han demostrado avances; sin embargo, estos no parecen ser insuficientes; ya que no han podido cubrir ni atender las necesidades de las víctimas y sus familias.

Las cifras que se presentarán a continuación corresponden a datos registrados hasta diciembre del 2016. En el siguiente gráfico se puede observar que el número de nuevas denuncias por año ha ido disminuyendo considerablemente. Esta situación puede presentarse como producto de la desconfianza, el desconocimiento o temor de las víctimas y sus familiares con respecto a las acciones que puedan tomar las dependencias policiales y los órganos de justicia.

 

Como contrapartida, en el siguiente gráfico se observa un aumento de encarcelamientos por delito de violación sexual a menores de edad; sin embargo, se debe considerar que estas cifras registran un acumulado de años anteriores, por lo que el aumento de nuevos reos por año es significativamente menor al número de denuncias por año. Ejemplo de ello es que en el año 2016 hubo 4,090 denuncias, y en ese mismo año solo se encarcelaron a 534 personas por delito de abuso sexual contra menores de edad.

Las instituciones peruanas parecen no llegar a comprender la magnitud de la situación ni de las consecuencias que puede traer este problema social a largo plazo en las víctimas y en los victimarios. El tratamiento y apoyo de los primeros no acaba con una consulta psicológica, con un tratamiento médico o una subvención económica. Existe una gran necesidad de campañas de alto impacto que prevengan estos delitos, ello por medio de los colegios, familias, centros de salud, dependencias policiales y otros. Estas medidas deben ser institucionalizadas, debido a que un porcentaje de la población desconfía de aquello que proviene del estado. En muchos casos las víctimas prefieren callar y no denunciar por falta de agencia y empoderamiento.

Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, cerca del 70% de violaciones sexuales a niños y adolescentes provienen del entorno más cercano, tales como la familia, los vecinos o la escuela. Entonces, en muchos casos los menores de edad no tienen la confianza o facilidad de poder denunciar estos hechos debido a que se sienten amenazados y vulnerables en su propio entorno.

Este gran problema requiere de la sensibilización y el pleno entendimiento de las consecuencias que perjudican el desempeño de los niños y jóvenes en el corto y largo plazo. Estas pueden afectar a su salud física y psicológica; y se puede manifestar en bajo rendimiento académico o laboral, el cuál perjudica su bienestar. Entonces, el estado deberá manejar herramientas a largo plazo que le permitan enfrentar este problema social; para lograr ello se debe adquirir un enfoque más amplio de la situación en nuestro país. Asimismo, estas medidas deben ser estables, prioritarias e institucionalizadas. Por último, se debe reconocer que el MIDIS ha innovado en cuanto a programas sociales que empoderan a niños y jóvenes. Por un lado se encuentra el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente y las publicaciones y levantamiento de datos de ministerios afines han ayudado a comprender más a fondo la situación de violencia sexual. Por otro lado se encuentran las campañas organizadas por los Ministerios de Salud, Justicia y Educación que han contribuido a la exposición de información relevante que puede empoderar a los niños y jóvenes con el objetivo de evitar la violencia sexual o incentivar a las denuncias.

 

Bibliografía

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