Domingo, 22 Septiembre 2019

 

El pasado 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra, en su discurso a la nación, planteó la necesidad de repensar la Ley General de Minería, a raíz de los acontecimientos por el caso de Tía María. “Se hace necesario actualizarla, para que se adecue a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas y dando tranquilidad y desarrollo para todos”, señaló. Así, el Gobierno propuso el proyecto para una Nueva Ley General de Minería en la búsqueda de reafirmar su compromiso con una minería responsable.

A raíz de esta propuesta, el martes 27 de agosto, los gobernadores regionales de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur presentaron su propio proyecto para la referida ley. Con el fin de modificar la ley vigente que data de 1992, consideran como esenciales los siguientes puntos:

  • Incorporar artículos sobre el medio ambiente, las comunidades campesinas y nativas y el cierre de minas.
  • Reducir la vigencia de concesiones de 30 a 15 años. Incrementar el pago de penalidades de 2% a 5% de la UIT al año, por hectárea, en caso no acrediten producción e inversión mínima anual al vencimiento del quinto año.
  • La fiscalización, control y sanción estará en manos de las Direcciones o Gerencias Regionales. Del mismo modo, los titulares de las actividades mineras que impacten negativamente en el medio ambiente estarán sujetas a remediación, pago de multa y compensación.
  • Toda actividad minera deberá contar de manera indispensable con una licencia social y deberán realizar una consulta previa.
  • Eliminar el beneficio de recuperación anticipada del IGV, con el fin de cuidar el interés nacional y establecer un impuesto diferenciado a las sobreganancias mineras.
  • Fortalecer la presencia del Estado en la actividad minera al establecer que la Empresa Minera del Perú ejercerá las actividades directamente o a través de filiales.
  • La implementación de la minería aluvial.
  • Implementar la intervención de las comunidades campesinas y nativas en la actividad mineras por medio de participaciones y acciones.

Como se observa, estas medidas apuestan por un mayor compromiso social y ambiental por parte de la actividad minera a manos de las regulaciones establecidas por el Gobierno. Asimismo, las propuestas recortan los beneficios de la actividad minera y señalan más penalidades para las empresas. Lamentablemente, algunos de estos tópicos no son regulados por la Ley General de Minería, sino que se encuentran dados en otras normas o cuerpos de leyes.

Sin embargo, para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estas medidas lacerarían la competitividad de la minería peruana, lo cual alejaría la inversión privada, generaría menores ingresos para el país y mayor pobreza. El presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli, repara en que el descontento social no se solucionará reformando la Ley General de Minería, sino reduciendo las brechas sociales a través del mejor uso de los recursos que genera el sector. Ello tiene sentido cuando se toma en cuenta que entre el 50% y el 60% de lo ingresado en las regiones por canon y regalías es ejecutado.

Caso contrario, al seguir lo planteado por los gobernadores regionales, indica que se estaría impulsando una sobrecarga fiscal sobre todo el sector minero. Del mismo modo, advierte que se llevaría al colapso de la exploración minera en el país, dado que se eliminaría el régimen de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas para esta actividad. Considera, también, que la alteración del régimen de concesiones y derechos mineros en el territorio nacional restaría competitividad al Perú como destino de inversión minera y afectaría la estabilidad jurídica que tiene el país. De la misma manera, aseveró que la propuesta debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental, ya que los gobernadores pretenden asumir esa tarea, que actualmente está a cargo de una institución técnica e independiente como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Ahora bien, el ministro de Economía, Carlos Oliva, indicó que “escuchará” a todos los actores para elaborar una Ley de Minería que tenga consenso. Sin embargo, descartó grandes cambios en lo referente a la política tributaria por la Nueva Ley General de Minería. De todos modos, señaló que la propuesta buscará cerrar brechas sociales, además de crear compromisos para el desarrollo de las regiones con la implementación de un plan de desarrollo territorial en el que se vea mejoras por el dado de la infraestructura y competitividad de las regiones.

Frente a todas estas propuestas y pedidos, vale la pena preguntarse por los temas esenciales que deben discutirse en la nueva ley. El profesor y economista Pedro Francke menciona que hay 3 temáticas fundamentales que deberían plantearse al respecto. El primero es el tema ambiental, del agua y de la contaminación. Señala que hay que replantearse la forma cómo se realizan los Estudios de Impacto Ambiental, dado que el fracaso de estos es palpable cuando se piensa en Tía María. Además, es importante el asegurar que, en caso de que no se pueda hacer minería responsable, no se realice actividad minera alguna.

El segundo elemento fundamental está relacionado con la consulta previa y la democracia.  “Uno tras otros se han generado múltiples problemas porque la minería se ha impuesto sobre los pueblos y los territorios sin consulta, sin información, sin preguntarle a la gente qué es lo que quiere, cómo lo quiere (…)”, indica. De esta manera, muchos problemas pudieron ser evitados si el componente de participación hubiera sido realmente valorado y aceptado según las condiciones que se establezcan. Francke plantea que una buena fórmula de consulta tiene que ser replanteada para el caso de la minería, aunque ello demando cierta complejidad.

El tercer componente es el dinero generado por la actividad minera. Según Francke, en algunos momentos la minería ha contribuido para el Perú, pero siempre ha tenido grandes beneficios tributarios. Incluso, grandes empresas se han servido de esto para escapar de sus obligaciones mediante engaños. Por ende, es necesario replantear la minería para que los recursos naturales que son del país sirvan para el desarrollo nacional. En otras palabras, dejar de lado el componente rentista de la actividad minera para que el dinero desemboque en el pueblo peruano. Ciertamente, ello debe considerarse en un contexto en el que los precios de los minerales han caído en las últimas semanas.

En suma, se trata de olvidar aquella minería impuesta, que goza de altos beneficios tributarios y que pide más de ellos, aquella minería en la que el ambiente tiene poca importancia, al igual que la democracia y la opinión de la gente. Más bien, la nueva minería habrá de contemplar los tres lineamientos básicos señalados anteriormente para poder ser un sector que promueva un desarrollo sostenible. Del mismo modo, debido a que actualmente como está estructurada no tiene tanta conectividad o eslabonamientos con otras actividades económicas, la nueva Ley General de Minería tendrá que ver la manera de cambiar este tipo de enfoque extractivo y aislado para que dinamice la economía nacional, no tanto con los ingresos ordinarios generados por ella, sino por los efectos multiplicadores que lograría alcanzar.

Finalmente, todo esto debe estar enmarcado en urgente escenario de diversificación productiva. Tal como se señaló la semana pasada en “Amazonas en llamas y la posibilidad de un sector forestal en el Perú”, nuevas actividades económicas tienen que ser impulsadas para dejar atrás la peligrosa dependencia en un solo sector. Se ha visto cómo la economía se paraliza ante los baches que sufre la actividad minera, por lo que es necesaria la pronta alternancia de nuestros sectores competitivos. Con esto no se quiere señalar que la minería debe ser dejada de lado. Todo lo contrario: esta deberá enfrentar aquel reto en tanto que aportará los recursos, como sector estratégico, para que pueda llevarse a cabo. A la par, tendrá que cambiar su naturaleza para adaptarse a esta nueva situación, dado que la innovación tecnológica y productiva, así como la responsabilidad ambiental y social, son elementos fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible. Habrá concluido, entonces, aquella idea arcaica de que, salvo la minería, todo es ilusión.

 

Fuentes: 

Andina (1)

El Comercio (2) (3)

Gestión (4)

RPP (5)

Wayka (6)

 

comments
< >