Sábado, 07 Diciembre 2019

El pasado jueves 19 de septiembre, el Congreso de la República aprobó la ampliación de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360). En efecto, la vigencia de dicha ley, en un primer momento, había sido ampliada hasta el 31 de diciembre del 2021, dado que el límite inicial de los beneficios correspondía al año 2010. Ahora, la nueva prórroga contempla que la ley se mantenga hasta el 31 de diciembre del 2031. Del mismo modo, otra modificación de la ley recae en que los privilegios tributarios y laborales dados al sector agroindustrial también pasarán a la industria forestal y a la acuícola. De esta manera, ambos sectores gozarán, por ejemplo, de un impuesto general a la renta de 15% (en lugar de 30%), una remuneración mínima diaria de 30.19 soles y el pago a EsSalud correspondiente al 6% de la remuneración mensual por cada trabajador. A raíz de esta decisión, se suscitaron numerosas respuestas que van desde los que celebran esta ampliación, pasando por los que plantean ciertas críticas al respecto, hasta el extremo de aquellos que la rechazan tajantemente.

Antes de pasar de lleno a la revisión de aquellas reacciones, vale la pena hacer un recuento de las principales características que se asocian a la referida ley. Esta nace en el último gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y tiene como objetivo la inversión y desarrollo del sector agrario declarándolo como de interés prioritario. Tal como lo indica la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, dicho objetivo ha llegado a cumplirse si se considera el boom agroexportador de los últimos años, en el cual las micro, pequeñas y medianas empresas abarcan casi la totalidad de las 2 250 empresas agroexportadoras peruanas en el mercado extranjero. Se ha llegado a promover el desarrollo de una agricultura moderna y productiva en el país, donde hasta se ha alcanzado situaciones cercanas al pleno empleo (como en Ica). Ahora bien, la ministra considera que, si bien ha tenido un impacto significativo en la costa, todavía falta impulsar la actividad agrícola en la sierra y selva del país. Así, para Muñoz, el punto clave que permitirá una mayor cobertura es la formalización, dado que es la única condición de la Ley.

Es por eso que se busca replicar aquel escenario de éxito en los demás sectores con una Ley mejorada que incrementará los derechos laborales de campo (aumento de vacaciones a 30 días, el pago de gratificaciones y CTS, entre otros), donde la prioridad, para la cartera de Agricultura, es apoyar la pequeña agricultura familiar. Para el economista Francisco Huerta, este cambio es positivo, sobre todo si se tiene en cuenta que cerca del 29% de la PEA a nivel nacional está agrupada en el sector agrícola. Del mismo modo, prevé un impacto positivo a nivel regional en aquellos departamentos donde la mano de obra se concentra principalmente en este sector.

Ciertos parlamentarios se mostraron en desacuerdo con la ampliación de la Ley de Promoción Agraria. Marisa Glave, por ejemplo, indica que el aporte plateado del 6% a EsSalud aún sigue siendo insuficiente para cubrir con una parte significativa de los gastos, por lo que serían otros trabajadores los que complementen, parcialmente, el seguro social. Las críticas parlamentarias también se orientan en sostener que los beneficios otorgados por la Ley de Promoción Agraria solo han contribuido a la mejora de un grupo de empresas a costa de continuar con situaciones laborales discriminatorias y de explotación, así como propiciar un menor pago de impuestos que redunda en el desfinanciamiento del erario público.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se pronunció al respecto y señala que la prolongación del régimen constituye un “atropello a los derechos humanos laborales” dado que se amplía lo que considera un “régimen de servidumbre”. Del mismo modo, la CGTP indica que las ganancias en el sector de agroexportación han sido dadas sobre la base de un régimen laboral precario y que las modificaciones planteadas a la ley no hacen más que demostrar el subsidio que hace el Estado solo para unas cuantas personas. Bajo esa misma línea Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, apunta que la extensión del régimen no debió darse bajo las mismas condiciones, dado que, si se quería mantener algún tipo de incentivo, este debió estar orientado solo paras empresas pequeñas y medianas y excluirse a las grandes empresas.

Otra es la visión de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Según sostuvo su presidenta, María Isabel León, el régimen laboral agrario no es esclavista, puesto incluye una variedad de beneficios y garantías que está consideradas en la Constitución.  “Es un régimen que ha logrado un impacto real en la formalización del empleo, y no solamente en la formalización, sino, además, en el ingreso, en el nivel de ingreso que tiene la población que trabaja en este sector”, señaló. Aquello tiene sentido cuando se considera la remuneración mínima vital y la agregación, a este salario, de los beneficios otorgados a los trabajadores del sector agroindustrial. Según los cálculos de la presidenta de la Confiep, los trabajadores en el agro ganan por encima de 1 500 en promedio. Finalmente, considera que es una forma que ha dado trabajo formal a miles de peruanos

Por otro lado, el hecho de que este régimen abarque a otras dos industrias plantea nuevas consideraciones al respecto. Por un lado, los principales representantes de ambos sectores celebran que se esté reconociendo el potencial de crecimiento que presentan estas industrias. Sin embargo, indican que aún queda mucho por hacer.

En el caso del sector forestal, para Erik Fischer, empresario forestal y presidente de la Asociación de Exportadores, un régimen laboral y tributario para el sector forestal no debería durar menos de 20 años, sino que, más bien, debería contemplar un periodo entre 20 y 40 años. Ello se debe a la característica productiva del sector, el cual pasa por un largo proceso para concretarse a cabalidad. Bajo esa misma línea, Drago Bozovich, gerente general de Bozovich, señala que el régimen debería ampliarse a toda la cadena productiva forestal. Según él, el primer 20% del total de la cadena está conformada por el trabajo directo de la mano de obra contratada, a lo que le sigue la transformación primaria, los aserraderos y la industria de transformación secundaria y avanzada.

Para el sector acuífero, la complicación radica en el marco legislativo del sector que no está alineado con los incentivos del régimen. Jorge Vigil, jefe de Oficina de Extracción y Procesamiento de la Sociedad Nacional de Pesquería, señala que la ley general de acuicultura está enfocada en la promoción de la micro, pequeña y mediana acuicultura. Esto desalienta la conformación de grandes unidades productivas, que pueden aprovechar los beneficios del régimen agrario. Por ende, la Ley de Promoción Agraria no ayudaría a explotar el potencial que podría tener la industria, lo cual limitaría la sostenibilidad de negocios de acuicultura, la generación de más empleo, la innovación tecnológica, intercambio comercial regional, entre otras cosas.

Como se ha podido ver, hay varios puntos de vista que reflejan los distintos niveles de impacto que la Ley ha tenido y tendrá. Es claro también que la Ley de Promoción Agraria requerirá de mayores complementos para alcanzar un nivel alto de eficacia. Aquí entra a tallar, por ejemplo, tal como observa Yuri Armas, gerente general de la Junta de Riego Presurizado de La Libertad, el hecho de que el aporte a EsSalud tenga su contraparte en la instalación de centros hospitalarios en los cuales los trabajadores puedan ser atendidos cerca a su lugar de trabajo o vivienda.

Asimismo, es necesaria la labor de fiscalización del el Ministerio de Trabajo o la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que permita que se den las garantías para el cumplimiento de los contratos establecidos para este régimen. Del mismo modo, en cuanto a la puesta en práctica del régimen para otras industrias, debe tenerse en cuenta que el sector agrario presenta particularidades que no pueden ser emuladas sin adaptaciones concretas que exploten el potencial de aquellos nuevos motores de crecimiento.

Finalmente, en línea con la opinión de Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, este régimen debe tener un mecanismo de graduación en el que las empresas tendrían que ir saliendo, paulatinamente, de él cuando ya puedan valerse por sí mismas. Al final, el objetivo no se trata de que las empresas más grandes del sector sigan teniendo amplios márgenes de ganancia, sino de generar las condiciones para construir un círculo virtuoso de inversión, productividad y empleo.

 

Fuentes:

Ley de Promoción Agraria (1)

La República (2) (3)

El Comercio (4) (5)

Correo (6)

CGTP (7)

TV Perú (8)

Comité de Lectura (9)

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