Jueves, 05 Diciembre 2019

 

El 2 de octubre de 2019, se llevó a cabo la presentación de la nota técnica del Banco Interamericano de Desarrollo denominada (BID) “Diagnóstico del Sistema de Pensiones de Perú y Avenidas de Reforma”. En la presentación que estuvo a cargo del economista Mariano Bosch, se propuso avanzar en el corto plazo en la mejora de la rendición de cuentas del sistema (al estilo del Orange Report de Suecia), el rediseño del pilar no contributivo, el desarrollo del ahorro voluntario, el monitoreo del pasivo pensional y la comunicación de la tasa de reemplazo objetivo del sistema.

Algunos puntos fundamentales que enfrenta el sistema de pensiones de Perú son: Fragmentación del sistema de pensiones, entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), baja cobertura, sostenibilidad, y las leyes 30425 y 30478. En cuanto al primer punto, el problema del sistema de beneficios definido es que gran parte de trabajadores cotizará al sistema y no obtendrá nada. Por ejemplo, un trabajador con una densidad de 30 por ciento pondrá su plata en el SNP y no obtendrá nada, por lo que su tasa de reemplazo será cero. Esto supone un gran reto de equidad. Asimismo, el SNP otorga una pensión máxima muy baja, por lo que la tasa de reemplazo para trabajadores de altos salarios es también baja.

Por su parte, la baja cobertura es un fenómeno generalizado en Perú ya que el 23 o 24 por ciento de la población cuenta con una pensión; este porcentaje sube a 50 por ciento si se consideran las pensiones no contributivas. Es decir, alrededor de 50 por ciento de adultos mayores no tiene ningún tipo de pensión ni de ingreso continuado durante la vejez. Respecto a la sostenibilidad, está una preocupación debido a que los sistemas de beneficio definido siguen abiertos. La población en Perú va a envejecer muy rápidamente y esta situación se va a manifestar en el SNP a través de mayores presiones fiscales. Por último, las leyes 30425 y 30478, que permiten retirar los fondos como suma alzada, son específicas a Perú e imponen un riesgo enorme aun con tasas de reemplazo elevadas y altas densidades de cotización.

La propuesta de política implica 3 ejes de mejora para el sistema de pensiones peruano. En primer lugar, la mejora del diseño del sistema de pensiones supone una discusión compleja aquí y en Colombia que son los países donde el sistema está fragmentado. Existen dos opciones para integrar el pilar no contributivo con el contributivo que tienen algo de sentido en términos de eficiencia, en términos de economías de escala, y que presentan un trato justo para todos los peruanos. En el diseño de beneficios ha habido mucha discusión con respecto al informe que presentó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en septiembre. Esta discusión se origina porque el punto de partida es un sistema bastante fragmentado y con algunas imperfecciones. En Perú, hay una pensión no contributiva que está diseñada para pobreza extrema; y dos sistemas superpuestos que dan beneficios distintos dependiendo del tiempo de contribución. Si se cotiza poco tiempo en el SPP, algo se podrá recuperar como pensión. En el SNP, no ocurre lo mismo, pues solo si se cumple los 20 años de aporte se puede acceder a una pensión mínima y también una pensión máxima, por lo que la gente de altos ingresos prefiere estar en el SPP. La primera propuesta del BID es cercana a la propuesta de la OCDE; es decir, todos los afiliados cotizan tanto al SPP como al SNP. Una parte de la pensión vendrá del SPP y otra del SNP. El SNP pasará a ser un sistema de cuentas nocionales que recibe 3 puntos del salario que se acreditarán a una tasa de interés nocional. La otra parte se destina al SPP y se acumulará de manera real. En el SPP, se tendrá una renta vitalicia de una aseguradora y en el SNP, una renta vitalicia de la ONP. En un mundo ideal, este esquema se integrará con el pilar no contributivo, de manera que la pensión estará formada por tres pilares; es una opción viable en el estilo del modelo de Suecia.  La otra opción del BID supone una integración distinta. La ONP no otorgará una pensión, sino un seguro de longevidad. Las personas contribuirán al SPP y al mismo tiempo estarán haciendo un aporte a un seguro de longevidad que otorgará el Estado; éste se gatillará cuando la persona cumpla 85 años. Cabe mencionar que este seguro no existe en la arquitectura actual[1]. En esta segunda fórmula, no hay cuentas nocionales, es decir, los afiliados cotizan por ejemplo 8 puntos en el SPP y 2 puntos a un seguro de longevidad que te da una pensión si alcanzas una determinada edad. Por ejemplo, los recursos de la AFP te cubren de 65 a 85 años, y el seguro de longevidad a partir de 85 años. Por su parte, el diseño de la pensión no contributiva es crucial, pues ésta debería llegar mucho más arriba. En este sentido, no es viable que Perú siga manteniendo un pilar no contributivo solo focalizado en pobreza extrema. Por ejemplo, en Chile la pensión no contributiva está llegando a la clase media chilena, mucho más arriba que la pobreza extrema. Por supuesto, esta ampliación de la cobertura tiene consideraciones fiscales.

En segundo lugar, en la ampliación de cobertura tanto presente como futura, parte del incremento de la cobertura tiene que ver con cuánto dinero se requiere poner “encima de la mesa. En el corto plazo, el pilar no contributivo es la única solución; mientras que en el mediano plazo o en el largo plazo, se requiere que más gente cotice o ahorre. El pilar no contributivo debe tener una fórmula de indexación que podrá depender del crecimiento del PBI o el cambio demográfico. También será importante especificar si el pilar será focalizado y disminuirá con el ingreso, y cuál será la institucionalidad del pilar. Normalmente la pensión no contributiva depende del ministerio de protección social, pero en realidad debería estar integrado al sistema pensional, porque va a complementar los otros pilares. Por otro lado, se requiere una reforma en el mercado de trabajo para que éste sea más formal. Se podría avanzar con la fiscalización laboral de las aportaciones al sistema de pensiones de los empleadores, pues es una avenida que no requiere de mayores cambios legislativos. Por ejemplo, a partir de unos experimentos realizados conjuntamente con SUNAFIL con una muestra representativa de empresas de más de 50 personas, se enviaron cartas que decían “Ud. debería estar cotizando por sus trabajadores”; y se observó que los que recibieron las cartas cotizaron más. Desafortunadamente, este tema de la fiscalización no llega a todo el mercado de trabajo.

En tercer lugar, el SPP debería ser explícito acerca de la tasa de reemplazo que intenta conseguir y esto tiene que ver mucho con la rendición de cuentas. De esta manera, se podrá ajustar los parámetros del sistema si éste se encuentra muy lejos del objetivo y también va a permitir que el individuo tome acciones para lograr alcanzar dicha tasa de reemplazo. Finalmente, es difícil revertir la ley de 95,5, pues es muy popular. No obstante, se puede introducir penalidades para el retiro o restringir el retiro para ciertos rangos de la CIC u obligar a comprar un seguro. Estas opciones son técnicamente viables pero políticamente difíciles.

En resumen, hay temas en los que sí se puede avanzar en el corto plazo como, por ejemplo, mejorar la rendición de cuentas del sistema (al estilo del Orange Report de Suecia); desarrollar el ahorro voluntario; monitorear el pasivo pensional; y comunicar cuál será la tasa de reemplazo objetivo del sistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

OECD (2018). Estudios de la OCDE sobre los sistemas de pensiones. Perú.

 

Montoya A., Berstein S., Bosh M.(2019). Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

 

ORANGE REPORT (2016). Annual Report of the Swedish Pension System 2016. Swedish Pensions Agency.

 

 

 

 



[1] En ambos casos, el financiamiento es intergeneracional, pero la definición de beneficios es distinta. En el primer caso es una cuenta nocional; en el segundo caso es un esquema de seguro. 

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