Lunes, 11 Diciembre 2017

Las limitaciones de las estrategias del Estado peruano para enfrentar la producción de hoja de coca como parte del desarrollo del tráfico ilícito de drogas.

 

En el presente trabajo se analiza la respuesta del Estado peruano frente al tráfico ilícito de drogas, especialmente sobre el cultivo de hoja de coca. Por un lado, reconoce las condiciones que favorecen el desarrollo de esta actividad. Conduciendo a un aumento de  las áreas de cultivo y las personas involucradas. Así también, a la dependencia que se crea en torno a ella como fuente de ingresos. Por otro lado, distingue las limitaciones que ha tenido el enfoque de las estrategias para erradicarla. Durante muchos años permaneció la idea de erradicación de cultivos sin considerar que una decisión radical como ésta implicaría en realidad perjuicio a los campesinos y un posible efecto globo que agrave la situación en otros lugares.

 

El tráfico ilícito de drogas (TID) es un problema  que ha logrado involucrar a diferentes países en aspectos como económico, social y político. El perjuicio que ha ocasionado en estos ámbitos desencadenó la preocupación y posterior toma de medidas para enfrentarla. Sin embargo, la complejidad de su desarrollo implica diferentes procesos, aspectos, actores y relaciones para llevarse a cabo. “El narcotráfico se mueve dentro de la existencia funcional de un mundo informal, que tiene que ver con la producción, transporte, venta y consumo ilegal de sustancias psicoactivas de origen natural (coca, marihuana y amapola) destinadas al consumo, donde las reglas de juego se establecen sin la injerencia del Estado. Es un fenómeno internacional que mueve entre el 20 y el 30% de la economía mundial, lo cual significa que detrás de él hay intereses de alto nivel que tienen que ver con la macroeconomía y la política.”(Ferro y Uribe 1:1999)

En este sentido, la existencia y desarrollo de las etapas de esta actividad en los países se han especializado de forma que establecieron una suerte de geopolítica del narcotráfico. Es decir, los lugares se diferencian de  acuerdo a las actividades que realicen; como producción y comercialización de drogas. Incluso, se ha distribuido de manera que se puede referir a una división por regiones, obteniendo productores y consumidores. No obstante, la distinción no es tan marcada, pues la mayoría de lugares pueden ser de ambos tipos. Por un lado, ejemplos como   Estados Unidos y Europa  pueden caracterizarse por ser los mayores consumidores de drogas. En el caso de Europa existen cárteles que los ubican en ambas posiciones. Por otro lado, en América Latina  los países son utilizados como espacios de producción. Muestra de ello es la situación de Colombia, Perú y Bolivia. Aunque también son consumidores; el mercado que ofrecen no es tan rentable.

El tráfico ilícito de drogas implica diferentes fases que conducen a la formación de redes entre los actores de distinto nivel. Constituye una suerte de sistema caracterizado por tener un mecanismo dinámico;  ya que cada uno de los procesos (cultivo, elaboración y otros) al funcionar  desencadena otro. “Los actores involucrados en el tráfico son muy diversos y van desde los grandes traficantes transnacionales hasta los micro traficantes instalados en las ciudades latinoamericanas que abastecen directamente al consumidor local.”(Agarriaga y Hopenhayn 17:2000) A partir de la consideración de ello, las formas de reprimir y desestabilizar los grupos se realizan en sentido a uno especialmente. Por ejemplo, direcciones y organismos enfocados en la desarticulación de grandes cárteles u orientación a la erradicación de campos de cultivo de coca.  

Así, en el proceso de producción se puede distinguir en el nivel más bajo a quienes cultivan. A pesar de que ellos no reciben gran porcentaje por eso; sí perciben una ganancia a diferencia de lo que un cultivo de productos tradicionales podría significar. Ello debido a que los campesinos se encuentran condicionados  para producir una fructuosa cosecha ya sea por el clima, plagas u otros. “Al mismo tiempo, tanto en el caso de la coca, como de la amapola, las familias campesinas pueden manejar en promedio entre una y tres hectáreas con el desarrollo de una tecnología que ya ha sido apropiada por todos, lo que significa generación de empleo durante todo el año para la familia. Estos factores, unidos a la facilidad para el transporte y el mercadeo, hacen que se constituyan en una alternativa de subsistencia para los cultivadores.” (Ferro y Uribe 3:1999)

La producción de hoja de coca es una actividad que se ha desarrollado durante muchos años en Perú.  Inicialmente fue lícita en este país en el sentido de que no había una percepción de ella como medio que pueda conducir a acciones prohibidas por el Estado. Sin embargo, en el transcurso de los años que anteceden a 1980 el tráfico ilícito de drogas empezó a desarrollarse en el país con mayor rapidez. Su extensión fue de tal magnitud que  muchas regiones del país se encuentran involucradas en ello y  un gran número de personas actualmente se dedican  a este proceso, convirtiéndose así en parte importante de su fuente de ingresos.

Frente a ello, el Estado ha establecido diferentes medidas. Dentro de éstas, se encuentran decretos legislativos, creación de instituciones, proyectos, entre otros que se mostrarán y explicarán en los siguientes párrafos. Por consiguiente, a través de cada uno  se distinguen los diversos enfoques que ha tomado el gobierno. Los resultados muestran si la estrategia emprendida logra o no sus objetivos y si ellos se limitan a la erradicación o trasciende. Por consiguiente, en el presente trabajo se pretende analizar la respuesta del Estado  para contrarrestar el TID considerando las condiciones que permiten  la expansión de esta actividad y las limitaciones en la estrategia utilizada a lo largo de los años.

En primer lugar, se reconocen las limitaciones que permiten la expansión de esta actividad. La incapacidad del Estado de imponer su fuerza coercitiva para la erradicación de producción ilícita de cultivos relacionados al narcotráfico. “Juscamaita ha podido detectar igualmente que en la zona del Valle del Apurímac se carece de un control real del Estado sobre los procesos de producción y comercialización de coca.  El resto del país propicia u origina los desplazamientos de cosechas hacia el tráfico ilícito. […]Cabe resaltar que también hacia mediados de los setenta se empiezan a movilizar los cultivos clandestinos de la zona del Alto Huallaga. En esta última zona, por lo demás, el impacto regional de la coca es indiscutiblemente tan grande como incalculable.”(Prado 207:1989).

En relación a ello, cabe reconocer la existencia del vínculo entre la presencia estatal y el desarrollo de la producción de coca. En investigaciones realizadas por órganos nacionales e internacionales se afirma que en los lugares en los que el Estado se encuentra ausente a través de sus instituciones o simplemente no es percibido por la población; se establece la producción de coca. Incluso se puede referir a la instauración de una cadena que involucra a distintos grupos dentro de la sociedad. Por consiguiente, se podría deducir que una estrategia contra la producción ilícita de coca se relacionaría con la presencia fuerte y visible del Estado dentro de las regiones que se encuentren vulnerables al desarrollo de esta actividad. Es decir, relacionar la medida de  identificación de las regiones con la imposición del Estado. En Perú se puede mostrar lo afirmado mediante una revisión de las áreas en que se realiza la actividad ilícita.

En ese sentido, existe una relación entre la falta de apoyo o presencia del Estado en algunos lugares y las zonas de cultivo. “El subsidio que los países desarrollados dan a la agricultura, y la ausencia de un desarrollo rural que facilite la generación de alternativas económicas que garanticen la sobrevivencia de los campesinos, colonos e indígenas, ha favorecido la expansión de los cultivos ilícitos en la región andina y las selvas amazónicas de América Latina. Los campesinos de la selva andino-amazónica, no sólo fracasan por los malos precios de sus productos, sino por los bajos rendimientos de sus cultivos y la baja productividad de su trabajo.” (Ferro y Uribe 3:2000)

En segundo lugar, están las falencias de las medidas del Estado peruano para enfrentar esta actividad. La producción de coca se desarrolló en Perú inicialmente en Cusco y Huánuco. Sin embargo, transcurrido el tiempo se extendió hacia las demás regiones del país aumentando progresivamente el volumen de producción anual. Así, una de las primeras medidas fue la realización de  un registro de producción de coca en 1978 con la que  se puede aludir a una suerte de estrategia territorial focalizada; pues primero se pretende diferenciar las zonas según el desarrollo de la actividad y su nivel de realización para posteriormente actuar. Durante la década de los setenta, se distinguieron áreas de cultivo clandestinos en el Alto Huallaga, citando un ejemplo. No obstante, el registro o diferenciación de áreas de cultivo no condujo a un plan focalizado ni otra medida eficaz.

Otra de las formas en que  se ha enfrentado el desarrollo de la actividad se ha caracterizado por enfrentar al TID de manera legal para contrarrestar el desarrollo ilícito: la creación de la Empresa Nacional de Coca (ENACO). De este modo, encargada de la industrialización y comercialización de la hoja de coca y derivados; permite crear una alternativa distinta a la que se puede recurrir para no dejar de producir coca. Sin embargo, la dependencia de los campesinos de esta actividad los conduce a mantener su producción de forma ilícita o relacionarse tanto a la forma legal como ilegal. Las ganancias y costos que les representa formar parte de esta empresa a través del ofrecimiento de sus productos no son las mismas que las obtenidas de la venta a traficantes de droga ilícita.

No se consideraron las condiciones que conducen y permiten el desarrollo de esta actividad en  determinados lugares ni la situación en la que se encontraría sin ella. Empero, tomarla en cuenta puede ser relevante para dirigir la forma en que se enfrentaría el problema. Se reconocería que en los lugares donde comienza todo el proceso, es decir, en las zonas de cultivo, las personas encuentran una buena alternativa de ingreso en comparación con sus actividades comunes. La limitación del desarrollo y éxito de las medidas estatales por medio de un enfoque distinto tendría una explicación: “El fracaso de la mayoría de los programas de sustitución de cultivos se debe a las dificultades para enfrentar los altísimos costos de oportunidad que enfrentan los campesinos al sustituir sus cultivos de coca por otros productos agrícolas.” (Ferro y Uribe 13:2000)

Se reconocen algunas de las medidas con las que se inició el enfrentamiento al cultivo  ilícito de coca. Durante los años setenta y ochenta se realizan decretos de ley relacionados ello; sin embargo la medida afectó también a las zonas donde se desarrolla esta actividad de manera formal. Los campesinos reaccionaron  a través de una organización. De este modo, se muestra cómo la respuesta estatal en realidad no logró sus objetivos; pues se mantuvo e incluso incrementó el cultivo. Su enfoque se dirigió a la erradicación total, creyendo que con ello conseguiría eliminar por completo la coca; pero no se consideró que el producto sea fuente de ingreso primordial en muchas familias. En síntesis, la medida fue un fracaso; pues no logró erradicar y ocasionó perjuicio a la población. “Como consecuencia de estas disfunciones, solo pudieron detectarse mayores restricciones que oportunidades. Entre las primeras se destacaron naturalmente, las de tipo económico y técnico-organizativo. Entre las segundas, solo se atinó a diseñar medidas punitivas (operación verde mar) o sumamente convencionales (sustitución de los cultivos de coca por especies de pan llevar).” (Prado 246:1989).

En consecuencia, se propuso establecer un nuevo enfoque relacionado a las condiciones socioeconómicas de las zonas en que se realiza la actividad referida. A pesar de ello, no hubo mayor cambio en la idea de que lo más importante era la reducción del cultivo y no las alternativas post-erradicación. No obstante, existen proyectos que con el transcurrir del tiempo han ido mejorando su estrategia y por consiguiente sus logros. El Proyecto Especial “Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga” (CORAH) se estableció a partir de la propuesta de EEUU en 1981, ejecutado en 1982. Su objetivo fue la reducción de la producción de este hasta alcanzar los niveles permitidos legalmente. En relación a ello, se puede referir al Proyecto Especial de “Desarrollo de la Zona del Alto Huallaga” (PEAH) que tuvo, a diferencia del anterior, no solo el objetivo de reducir la producción de coca; sino también una diversificación y mejora en los servicios de la población.

En el proyecto especial de Alto Huallaga se distinguen direcciones zonales. En este caso los lugares son Tingo María, Aucayacu, Rio Uchiza, La Morada y Tocache. Así, se puede inferir que el Estado mantiene la lógica territorial focalizada. La diferenciación de las regiones según su relación con la producción de coca conduce en este caso a que como medida estatal se establezcan direcciones para las que se considere que ameritan una. A pesar de eso, se puede cuestionar si las direcciones establecidas responden a la urgencia de actuación en las zonas y si lograron sus objetivos en cada lugar.

En relación a ello, cabe reflexionar si el Estado consideró o distinguió dentro de la distinción de las regiones el tipo de actividades en las que se focaliza cada una en relación al proceso de la coca ilícita. “Concretamente en el territorio peruano tienen lugar las etapas primarias del proceso de fabricación de cocaína. En primer lugar, sembrado y cosecha de plantas de coca (principalmente de la especie Lam). En segundo lugar, transformación de las hojas de coca de pasta básica de cocaína (PBC). En tercer lugar, refinado intermedio de la PBC hasta convertirla en pasta básica lavada (PBC-L). (Prado 1989: 344) A pesar de eso, permaneció con su dirección hacia la erradicación de las zonas relacionadas a la producción de coca sin distinguir si a parte de su nivel de producción o cantidad de área para ello, se encargaban de funciones distintas.

Con ello se reconoce que por muchos años en Perú ha existido y persiste (en algunos lugares) un enfoque hacia la erradicación y no preocupación por cultivos o actividades alternativas que generen una buena fuente de ingresos para compensar el perjuicio que tienen los campesinos. Sin embargo, existe un problema  que se relaciona a lo perjudicial que puede ser reprimir en una zona y no considerar otras. Así, en el monitoreo de cultivos de coca de 2014 presentado por DEVIDA se destaca la existencia de un “efecto globo” que consiste en que el enfoque en erradicación en una zona no es acompañada por una estrategia que estime la reacción potencial de producción en otros lugares y por tanto en ellos se expande la actividad.  

Resulta importante conocer cuáles son los lugares en los que se desarrolla la producción de coca para según ello realizar una estrategia focalizada. De esta manera, el Estado peruano en consideración a esta idea, establece la formación de un Sistema de Monitoreo que se entiende como una suerte de complemento de DEVIDA que se encarga de las políticas públicas del control de drogas.  En ese sentido, se distingue que a diferencia de lo que inicialmente se realizaba; el monitoreo de estos últimos años se relaciona a la tecnología de forma que permite una identificación de características particulares. Se utilizan satélites para poder registrar las zonas de producción y  al mismo tiempo la diferencian no solo por cantidad; sino por las condiciones que posee cada zona. Conocer las particularidades de cada zona es necesario para saber si existe otro cultivo, a parte de la coca, cuya producción sea viable en este lugar; así como otras inferencias que permitirán al Estado realizar políticas o proyectos que específicamente actúen de acuerdo a ello.   

En contraste a lo referido sobre la respuesta estatal en años anteriores; actualmente se reconoce la percepción de que sí es necesaria una estrategia que se dirija hacia otros aspectos y no solo a la erradicación de la coca. No se plantea esta medida sin considerar la situación en la que se encontrarán los campesinos; sino que, en base a la preocupación por ellos, se proponen actividades alternativas o continuación de la coca de manera legal. “La presencia del Estado peruano en zonas donde ha habido erradicación es muy importante; con el aporte técnico, asistencia social, capacitación del agricultor, etc; estaría propiciando en cierta manera que el agricultor cocalero que siempre se dedicó a la siembra de coca, no vuelva a sembrar o por lo menos la siembra de coca disminuya significativamente propiciando periódicamente el cambio por cultivos alternativos productivos y de mejor precio de compra que pueda competir  con el principio de la hoja de coca.”(DEVIDA 69-70) 

 

 

 

Bibliografía

 

ARRIAGADA, Irma Hopenayn Martín

2000                       Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina. Santiago de Chile

FERRO, Juan Guillermo Graciela Uribe,  Flor Osorio y Olga Castillo

1999                      Jóvenes, Coca y Amapola.IER                            

DEVIDA

2015                       Monitoreo de cultivos de coca 2014. Comisión para el Desarrollo de Vida sin Drogas.UNDOC.Lima

MONTERO, Jorge Luis

1995                       La economía cocalera en el Perú: implicancias sobre las migraciones y el medio ambiente.

                               <http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/viewFile/341/331>               

PRADO, Víctor

1989                        El tráfico de drogas en el Perú. Enfoque político social. Cultural Cuzco. Lima 

 

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