Ante las críticas de la Contraloría de la República sobre el desempeño del proyecto, ProInversión se defendió de cada una de las acusaciones.
La Linea 2 del Metro de Lima es una Megaobra de Infraestructura que según las expectativas del Ejecutivo se entregará en el primer semestre del 2021. Sin embargo, el proyecto ha tenido diversos retrasos que podrían generar costos mayores a los previstos para el Estado. Esta es la crítica que realiza la Contraloria General de la República pues se preocupa de las arcas públicas.
Cuestionamientos de la Contraloría
Edgar Alarcón Tejada, contralor de la República, declaró en una entrevista al diario Perú21 que hay evidencia de corrupción en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. El contralor explicó que se encontraron, mediante una auditoria, cinco irregularidades que evidencian corrupción e implican a 23 funcionarios públicos.
Uno de los cuestionamientos gira entorno a que la evaluación técnica de las propuestas de los postores no incluyó un método de puntuación para escoger al más conveniente. Se crítica en especial que no se haya aplicado una penalidad de 350 mil dólares a los ingenieros extranjeros que no se han inscrito en el Colegio de Ingenieros, lo cual está estipulado en el contrato.
También expresó su preocupación por los posibles sobrecostos que generará para el Estado las demoras en los avances del proyecto. Se destacó que el primer tramo 1ª de 4.3 kilómetros estaba programado, luego de una adenda al Contrato, para setiembre de este año y solo se ha avanzado, hasta el momento, 700 metros.
Respuesta de ProInversión
ProInversión negó que existiera un sobrecosto por US$156 millones para el Estado y que estos, erróneamente, estaban siendo adjudicados a la Etapa 1A; cuando corresponden al ajuste en el diseño, redundancia y flexibilidad operacional de todo el proyecto. Aclaró que el SNIP no dispone que el trámite de inscripción en el colegio profesional sea un requisito esencial para la elaboración de los estudios de preinversión y/o de factibilidad.
Respecto a la evaluación técnica de las propuestas, la entidad precisó que no está obligada a utilizar un mecanismo de evaluación determinado, pues tiene capacidad discrecional sobre ello. Por otro lado, negó que el concesionario ganador, Consorcio Nuevo Metro de Lima, haya excedido el uso del método constructivo tradicional y generado, a su vez, un perjuicio económico al Estado por US$81 millones.
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