El Estado peruano destina cada vez más recursos al sector salud. Según datos del Banco Mundial: “el presupuesto asignado se incrementó un 63.4% en los últimos cinco años, mientras que el gasto público ejecutado, un 60.7%”. Sin embargo, es importante implementar mecanismos que permitan mejorar la calidad de los servicios de salud. Al respecto, el economista Pedro Francke da su punto de vista.
P: El Seguro Integral de Salud (SIS) quiere abarcar a mayor población, pero, al parecer, no hay capacidad financiera para lograrlo. ¿Cómo ve la situación actual del SIS?
R: El SIS ofrece a toda la población afiliada un listado del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) que cubre ciertas enfermedades, mientras que no cubre otras, como algunos tipos de cáncer. Tener afiliadas a 16 millones de personas requiere un determinado presupuesto y encontramos un enorme déficit. En el mensaje presidencial de este año, el presidente Vizcarra anunció que el SIS va a cubrir a todo el Perú. Si bien estoy de acuerdo con que sea universal, es riesgoso, porque no es cuestión de que con el mismo presupuesto se pretenda atender a un mayor número de personas. Eso no es realista.
P: ¿Por qué el presidente impulsa algo que no va a poder funcionar?
R: Hay una ecuación difícil entre el lado político, económico y social en cuanto a salud. Anteriormente, otros presidentes han ofrecido un PEAS sin el presupuesto necesario. Venimos con promesas desfinanciadas del SIS desde siempre. Parece ser una característica estructural. Se podría hacer más esfuerzo tributario para dar recursos a la salud, pero hay una decisión económica de establecer cierto límite. Si el gobierno fuera honesto, tendría que decirle a la población que no puede financiar ciertas enfermedades porque el presupuesto no alcanza, y solo se puede cubrir algunas. Pero para el gobierno, esa honestidad es muy difícil e imposible políticamente. Por otro lado, hacer una promesa de una atención del Estado sin los recursos económicos correspondientes es demagogia.
P: Algunos proyectos de ley que se discutían previamente a la disolución del Congreso eran muy relevantes para el acceso a la salud. Un ejemplo de ello son los proyectos de ley que pretenden garantizar que las farmacias públicas y privadas se abastezcan de medicamentos genéricos. ¿Considera usted que ello es un avance en la dirección correcta para asegurar el acceso a la salud?
R: Estoy a favor del proyecto de ley. En general, el mercado de medicamentos tiene muchas dificultades porque es muy complicado para el consumidor resguardar sus intereses y tener la información necesaria para comprar un medicamento. Las personas no son conscientes sobre la radical diferencia de precios y tienden a confiar que las farmacias cobren un precio razonable. Si bien habría una obligación de las farmacias de tener genéricos más barato, es solo una forma e insuficiente para bajar los precios. Incluso así, las personas tienen muchas dificultades para pedirlos. Debería hacerse una campaña educativa hacia la población y el Estado debe difundir el Observatorio de Precios de DIGEMID.
P: Otro tema que se discutía es la exoneración del IGV a medicamentos contra el cáncer, diabetes y el SIDA. Una bancada propuso retirar dicho beneficio alegando que aquello no consiguió favorecer a los pacientes, sino que incluso el precio de los medicamentos aumentó. ¿Es ello cierto?
R: Cuando se redujo el IGV, los medicamentos no bajaron de precio. Una opción es que haya genéricos disponibles, pero hay diversas formas de regulación del precio de medicamentos. Otra opción que se intentó hacer es la Red de Abastecimiento del Ministerio de Salud, por la que se puede comprar medicamentos en los hospitales, que son más baratos. El problema es que normalmente no están muy bien abastecidos. Otra fórmula que se siguió durante la gestión del ministro Óscar Ugarte es que el MINSA hacía un convenio con boticas privadas para abastecerlas de medicamentos genéricos de menor precio comprados en volumen por el Ministerio.
P: La Defensoría del Pueblo publicó recientemente el informe del Balance Nacional de Políticas de Salud Mental y señaló su preocupación por los retos en el acceso a la salud mental en el país, resaltando que el presupuesto asignado a dicho sector representa tan solo el 0.1% del presupuesto nacional y el 1% del total asignado al Sector Salud. ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado frente a esta problemática?
R: Si bien es verdad que la salud mental tiene poco presupuesto, la forma correcta de medirlo no es con el presupuesto invertido, sino con el porcentaje de las necesidades cubre. La alternativa no es que se le dé mayor porcentaje del presupuesto en salud, porque ello significa, implícitamente, que se le quita a alguien. Y, ¿a quién se le debería quitar?
MINSA realizó un estudio sobre las principales enfermedades que afectan a las personas en el Perú, y la salud mental —al usar una metodología para calcular el efecto total, incluyendo mortalidad, sufrimiento y discapacidad— es la número uno. Es solo que su efecto es más de discapacidad que mortalidad. Por otro lado, recientemente se aplicó una ley de salud mental. En función a eso, el MINSA estuvo promoviendo, si bien débilmente, una alternativa de tratamiento que implica girar hacia una nueva forma de ver la salud mental, promoviendo la salud mental comunitaria, en contraste con el internamiento hospitalario. Ya está más o menos establecido que la mejor forma de tratar a los enfermos de salud mental no es aislarlos de su familia y de sus vínculos sociales, sino ayudando a que trabajen con ellos, porque esa ruptura de lazos tiene un efecto sobre su salud mental.
P: ¿Cuáles son los proyectos de ley prioritarios en términos de salud a los que debería abocarse la nueva gestión de congresistas que asumirán los cargos en enero del 2020?
R: El presupuesto es fundamental. Hay que pensar cuáles son las reformas de salud que un congreso de año y medio puede desarrollar. Por un lado, está la alternativa de mejorar la gestión del sistema de salud, que debe implicar mejorar la gestión del sistema. Por otro lado, se debe reforzar el SIS. Asimismo, está la descentralización. Mientras que en Lima todo depende del Gobierno Central, en muchas regiones, la relación entre el Gobierno Central, los gobiernos regionales y municipalidades —que podrían jugar un mejor rol— no está bien regulada. Ello es necesario para mejorar la eficiencia del sistema.
P: ¿Se podría decir que ha mejorado el acceso a la salud pública?
R: La visión debería ser mixta. Si ves, por ejemplo, algunos indicadores básicos de salud, como mortalidad infantil o desnutrición crónica infantil, han mejorado, si bien lentamente, pero de manera significativa. Por otro lado, hay un cambio demográfico y tecnológico que hace que las personas tengan nuevas demandas y expectativas, frente a las cuales el sistema de salud ha respondido con debilidad. Se ha resuelto ese problema, pero ahora hay nuevos, como diabetes, enfermedades pulmonares e hipertensión. El peso de las enfermedades no transmisibles es mucho más importante que antes. Entonces, se requiere más esfuerzo en detener las causas primarias y secundarias de los problemas de salud. En el Perú, el sistema de salud prevé muy poco. Por un lado, hay avances y, por otro, vemos un cambio de tipos de enfermedades frente a las cuales el sistema de salud está desadaptado y atrasado. Una buena imagen es mixta: no es todo negativo.
