Económica

Lucich: “Una empresa que no se siente regulada tiene pocas probabilidades de hacer bien su trabajo”

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“A partir de este año, la SUNASS desconcentrará su función supervisora con el objetivo de que las EPS puedan mejorar la calidad de su servicio en beneficio de la población”.

A principios de año, El Niño Costero nos recordó lo vital que es el agua no solo para actividades productivas, sino para el quehacer diario y, en casos más extremos, la supervivencia. Aunque temporales, estos sucesos nos hacen preguntarnos ¿por qué la provisión de servicios de saneamiento es deficiente? ¿Por qué hay zonas sin acceso al agua? ¿Cómo podríamos mejorar estos problemas? Iván Lucich, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), nos recibió en su oficina para conversar sobre estos asuntos.

¿El servicio de agua potable es un servicio técnicamente público o privado?

El servicio es privado porque si no se paga el recibo al segundo mes se corta el servicio. Por ejemplo, SEDAPAL es una empresa pública que provee un servicio privado.

¿A qué se debe la deficiente prestación de servicios de saneamiento por parte de algunas empresas?

Uno de los mayores daños a la gestión de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) ha sido la injerencia política, lo cual implicó la salida de profesionales y el ingreso de personal poco capacitado, así como el uso de sus escasos recursos en gastos improductivos. En la actualidad, las EPS tienen una estructura organizacional fragmentada, con déficit de capacidades profesionales y preponderancia a la tercerización, así como una estructura remunerativa disociada del rendimiento empresarial.

Hay algunas zonas que no cuentan con acceso de agua potable. ¿Esta “desatención” se debe a un problema técnico o económico?

La población crece de manera desordenada, se instalan en zonas que no están habilitadas para vivir, es decir, no hay planificación urbana ni menos gestión territorial. Entonces, si una EPS se había comprometido en cerrar la brecha de infraestructura en una determinada zona, no lo puede hacer porque es muy probable que la demanda provenga de otro sector poblacional.

Entonces, ¿sería un problema técnico?

Es un problema de planificación y gestión territorial, pues ninguna ciudad tiene un plan de desarrollo sostenible. Ninguna EPS puede tener éxito en el cumplimiento de sus metas si tiene estos problemas.

En cuanto a los temas de gestión, estos no se podrían resolver mediante la privatización porque están sujetos a ámbito político…

El problema de la gestión no tiene que ver con la propiedad de los activos o de la participación privada en la gestión, sino de cómo lograr que los operadores gestionen la empresa como si estuvieran en un mercado que les exige eficiencia.

Por ejemplo, la ley marco de gestión de prestación de los servicios de saneamiento (DL 1280) establece que las EPS cuenten con un directorio de tres personas; dos de los cuales son nombrados por el Ministerio de Vivienda y ya no por los alcaldes. Con ello se blinda al directorio de la injerencia política de los alcaldes. Asimismo, bajo esta nueva ley marco, la SUNASS va a poder remover a los directores de las EPS que no cumplen con el buen gobierno corporativo, que no rinden cuentas o que fueron designados de manera ilegal. Ahora la SUNASS va a tener facultad sancionadora, lo que también blinda de injerencia política.

¿Qué nos puede decir con respecto a la nueva tarifa para que las EPS puedan invertir en infraestructura verde?

La inclusión del pago por servicio ambiental o, en el caso de Perú, de la retribución por servicios ecosistémicos incluye en la tarifa de agua potable como un monto adicional que deben pagar los usuarios en sus recibos para que la EPS pueda invertir en proyectos de conservación de fuentes de agua o restauración de los ecosistemas que brindan los servicios ecosistémicos. Tenemos ya en el caso de SEDAPAL: el 1% se va para invertir en la cuenca del Rímac. A la fecha se ha acumulado 25 millones de dólares.

¿Y este monto respeta la categoría de usuario o es independiente a eso?

Es independiente.

¿Se espera recaudar más con esta medida?

Con esta medida y de acuerdo a nuestros estudios, se estima que las familias pueden contribuir 2 soles en promedio mensual a un fondo de infraestructura verde que financiará proyectos de conservación de fuentes de agua.

¿Pero no se vería afectado el bienestar de las familias de menos ingresos?

No, más bien lo que hemos recogido a partir de dos estudios empíricos es que el bienestar aumenta cuando se incorpora en el estudio tarifario y en el programa de la EPS la conservación de las fuentes de agua. Es decir, las personas muestran alta disponibilidad a pagar cuando se incluye la conservación dentro del programa de inversiones, porque asegura la dotación de agua para sus hijos y las nuevas generaciones.

Sabiendo que las EPS se basan en economías a escala, ¿qué pasa si SUNASS encuentra que el tamaño de mercado o población de una zona no es eficiente?

Entonces propone otro tamaño, otra estructura, y establece los lineamientos para que los operadores usen ese tamaño.

En temas de inversión, ¿sería competencia de la SUNASS tener un paquete de proyectos listos para licitarse para identificar dónde estarían las zonas donde habría un mayor impacto en inversión de saneamiento?

Son iniciativas sectoriales, los sectores proponen. Nosotros podemos evaluar y opinar, pero no tenemos la función de proponer.

Para finalizar, ¿cuáles son los retos de la SUNASS de cara a los próximos años?

Lo primero que tenemos es reorganizar la administración, porque el Estado se encamina en la modernización de la gestión pública. Esto implica un nuevo reglamento de operaciones y funciones, diseñar la organización en base a procesos y la incorporación de un programa presupuestal. Lo siguiente es una nueva estrategia en relación con la ciudadanía. Esto es sumamente importante, porque actualmente contamos con 14 oficinas para atención al usuario ahora vamos a tener 28 oficinas para desconcentrar la supervisión, el cual es un salto cualitativo porque ahora habrá un personal fijo al interior del país que supervise a las empresas desde el mismo lugar y no desde Lima. Esto hará sentir la presencia del regulador. Un tercer tema es el de la interculturalidad, pues ahora que se empezará a operar en más regiones y se tendrá que utilizar el quechua y el aymara. Como siguiente reto tenemos el programa de buenas prácticas de ahorro de agua, mediante el cual se premia a los colegios que ahorren más agua y se forma a los brigadieres del agua para que los estudiantes se convierten en agentes de cambio. Esto es importante pues siempre las campañas de ahorro de agua se dan por el lado de la oferta, pero este programa educativo le da un valor al agua y concientiza sobre su uso, atacando a la demanda. Tenemos una guía educativa respaldada por el MINEDU mediante las cuales se capacita a docentes.

¿Todos estos nuevos retos son a corto plazo apoyados por un aumento de presupuesto?

Algunas cosas sí se darán con el aumento de presupuesto, pero otras ya están. Nosotros tenemos dos tipos de ingresos: los directamente recaudados de las empresas de agua (26 millones) y los ingresos ordinarios que esperamos sean transferidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con los recursos que nos da el ministerio atendemos la zona periurbana y rural, y con los del aporte regulatorio atendemos la zona urbana que es gestionada por las EPS.

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