A partir de la década de 1990, la agroexportación se ha vuelto cada vez más importante para la economía peruana, lo que ha permitido que el país se convierta en el principal exportador mundial de determinadas frutas y hortalizas (arándanos, alcachofas, etc.). No obstante, también se ha situado como el ejemplo paradigmático de la apropiación por desposesión, es decir, donde la apropiación del valor de uso animado (mano de obra) e inanimado (recurso agua) reproduce la productividad de la industria.
El Valle de Ica muestra cómo la precariedad laboral y la sobreexplotación del agua devienen de un sistema complejo, donde los sistemas biofísicos y socioeconómicos convergen en problemas causados por empresas de uso intensivo de capital y tecnología, los cuales -además- tienen respaldo institucional por parte del Estado. De ahí, la ecología política trata de explorar las implicancias que tiene la industria agroexportadora peruana sobre la explotación del agua y las condiciones laborales de sus trabajadores.
La ecología política de la industrialización puede leerse de dos maneras diferentes, a saber: en sentido descriptivo, sobre lo impactos ambientales de la mecanización, y como un relato sobre las subjetividades y las relaciones socioecológicas consecuentes a la industrialización (Bedoya, 2022). Por ello, una aplicación de esta teoría (ecología política) incluye las desalentadoras posibilidades para las regiones donde operan empresas agroexportadoras, pues considera la interacción entre el ambiente y la sociedad en términos de distribución, acceso, uso, sistemas políticos y discursos sobre los recursos ecológicos (Damonte y Lynch, 2016).
Los trabajos sobre la agroexportación han abordado los sistemas biofísicos y socioeconómicos de manera independiente, ya sea para analizar el empleo y la precariedad social o la explotación de agua y tierras (Malca y Rubio, 2011; Damonte et al., 2016; Vega y Alarcón, 2018; León, 2020; etc.). No obstante, resulta necesario comprender las interacciones entre ambos sistemas, las cuales involucran componentes que exhiben la dinámica de sus cambios complejos.
La costa peruana es un caso útil para ilustrar esta complicada interacción, pues es una región de alta rentabilidad agrícola dado su espacio geográfico. Es una franja territorial que puede manejar los calendarios sin grandes riesgos climáticos, así como plagas que afectan las frutas y hortalizas (Salmoral, et al., 2020). Por ello, la región entra en expansión y conflicto productivo respecto de sus fronteras internas y externas, dado que articula posibilidades agrícolas tradicionales (familiares) y no tradicionales (industriales).
El Valle de Ica es la primera y más importante zona agroexportadora del país, territorio donde las fuerzas productivas y los procesos de cambio se han intensificado tanto en su estructura como en su ritmo. Este contexto proporciona una clara adaptabilidad de la ecología política de la industrialización, pues sus cambios subyacentes implican procesos de apropiación de energía animada e inanimada.
La costa peruana cambiante: descripción general
El auge agroexportador emerge dinámicamente en los últimos 30 años, sobre todo, en algunos valles de la costa peruana. Esta región responde a características que llevaron a un despegue de productos específicos (frutas y hortalizas) de alta demanda internacional. No es casual que Perú sea un importante exportador de productos agrícolas como arándanos, espárragos, uvas, paltas, entre otros (Salmoral, et al., 2020), ya que esto se refleja en su balanza comercial agrícola. Este despegue se insume en un contexto de liberalización del comercio agrícola, iniciada en los ’90 y estimulada por los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con Estados Unidos en 2009 y la Unión Europea en 2013.
Para 2009 se muestra una balanza comercial (en valor monetario) equilibrada que se mantiene hasta el 2013, año en el que empieza un proceso de expansión de las exportaciones de manera sistemática, como se muestra en el Gráfico 1. No obstante, a pesar de que no se da la impresión de una invasión de productos agroalimentarios en el mercado nacional, lo cierto es que hay un aumento sustancial de volúmenes importados de alimentos, como se muestra en el Gráfico 2. Esto es: la incapacidad de la agricultura de mercado interno (familiar, campesina, cooperativa) para competir con alimentos subsidiados y de bajos costos de producción por parte de potencias agroalimentarias.
El Perú, por un lado, exporta frutas y hortalizas de alta demanda en mercados americanos y europeos; y, por otro, depende del 100% de trigo, soya y derivados, 60 – 70% de maíz amarillo duro, asi como lácteos, arroz, azúcar, entre otros productos (Zegarra y Torres, 2020).
Gráfico 1: Valor del comercio agroalimentario (2003 – 2018)
Gráfico 2: Volumen del comercio agroalimentario (2003 – 2018)
Desde las ventajas comparativas ricardianas, estamos ante un éxito del sector agroexportador. No obstante, desde la composición de la agricultura peruana, se presenta una situación alarmante en términos de inseguridad alimentaria. Se ha sacrificado la agricultura de mercado interno en favor de la exportación, en un país con más de la mitad de la población en situación de inseguridad alimentaria (Zegarra y Torres, 2020; FAO, 2022), es decir: se ha fracasado en el sentido de desarrollar la producción externa y proteger la interna de manera equilibrada.
El boom agroexportador parcializa su concentración en el norte del Perú, concretamente, en Ica, Piura y La Libertad. Para 2019, hay un total de 300 empresas agroexportadoras con casi 15 mil hectáreas de producción, la mayoría de estas intensivas en capital y tecnología, factores que las hacen competitivas a escala mundial (Zegarra, 2019). Si bien hay algunos puntos territoriales con cobertura agroexportadora (Cajamarca, San Martín, Oxapampa, Arequipa y Madre de Dios), también hay regiones enteras donde no hay empresa de agroexportación. Como se muestra en el Gráfico 3, hay una alta concentración en la costa norte.
Gráfico 3: Empresas agroexportadoras (2019)
Específicamente, el Valle de Ica ha experimentado la influencia de la reforma agraria que tuvo lugar entre 1969 y 1975, expandiendo la productividad en la zona. A finales del siglo XX, no obstante, la caída de los precios del algodón llevó a empresarios a negociar y adquirir tierras en el Valle. Como consecuencia de ello, la exportación agrícola en el siglo XXI ha provocado cambios en la propiedad de la tierra y la capacidad de extraer agua subterránea, en detrimento de la pequeña agricultura (Oré, 2005; Muñoz, 2016); es decir, se produjo la transformación hacia la agroindustria.
La naturaleza del Agua en el Valle de Ica
El recurso hídrico es esencial para la supervivencia de seres vivos en la Tierra, pues es un componente fundamental para el desarrollo biológico de los mamíferos y fauna en general. Aunque el agua es considerada un recurso renovable gracias al ciclo hidrológico, su disponibilidad puede ser afectada por factores como la intervención humana o los cambios climáticos. La desertificación, sobreexplotación y la mala gestión hacen que la renovabilidad completa del recurso sea cuestionable (UNESCO, 2014). De ahí la necesidad de analizar el agua en términos de escasez y disponibilidad.
El Perú, al igual que Chile y México, está marcado como un país de alto nivel de estrés hídrico (léase escasez) por cuestiones geográficas, pero sobre todo administrativas. Esto es evidente en la costa, donde no hay lluvias frecuentes y el agua es fundamental para el desarrollo de su economía (Apaéstegui y Peña, 2017). La heterogeneidad geográfica e institucional del agua en el Perú deviene limitaciones a la hora de asignar los usos colectivos y particulares.
El agua para fines de consumo y producción es dulce. El agua salada, por tanto, tiene limitaciones para su uso, salvo sea tratada por métodos modernos y costosos de desalinización (UNESCO, 2014). A pesar de que el planeta tiene abundante agua, en la práctica tan solo el 0.73% es de uso humano y, en su mayoría, está en glaciares continentales y permafrost (funcAGUA, 2022). De hecho, del total del agua dulce (2.5%) un 69% está en glaciares, 30% en acuíferos (agua subterránea) y tan solo 0.9% es superficial (lagos, ríos y pantanos) (UNESCO, 2014).
Entonces, el agua subterránea es importante, pero no necesariamente renovable, pues su mala gestión puede agotarla. Este es el caso del Valle de Ica, donde la sobreexplotación ha hecho que el recurso hídrico sea poco sostenible en el mediano y largo plazo (Zegarra, 2020).
Además, necesita ser producida (tratada, almacenada y conducida), pues no está disponible naturalmente para el uso económico. Proceso que implica inversiones de gran envergadura como plantas de tratamiento, hidroeléctricas e industrias de agua embotellada. Asimismo, su uso varía ampliamente, dado que es necesario para la agricultura (mayor demandante con 60 – 80%), mantenimiento de flora y fauna, uso industrial, estético, recreativo, pesca, navegación, etc. (Zegarra, 2014). De ahí su importancia y complejidad: el agua es transversal a las actividades recreativas, productivas y de consumo.
Ahora bien, la industria agroexportadora tiene externalidades negativas en relación a la sostenibilidad ambiental, a saber, los productos que exportan requieren de una gran cantidad de agua. El Valle de Ica, no obstante, presenta una geografía ventajosa, pues posee el acuífero más grande de agua subterránea del Perú (40% del total); por lo mismo, este acuífero se ha convertido en una fuente de extracción para la actividad agropecuaria (Zegarra et al., 2020). Esta es la razón, por la que empresas agroexportadoras en Ica han desarrollado mecanismos de extracción de agua subterránea, poniendo en riesgo la disponibilidad del agua en ese acuífero.
Estas empresas han acaparado el derecho de acceso y uso de agua subterránea, pasando de no tener derechos a la extracción a extraer un volumen de 300 metros cúbicos al año, como se muestra en el Gráfico 4. Zegarra (2018) encuentra que los niveles de extracción son tres veces mayores que los de recuperación por medio del ciclo hidrológico.
Grafico 4: Evolución de los derechos de acceso y uso del agua (1997 – 2017)
Esto causa rezagos en la ciudad de Ica, departamento donde la empresa de agua potable (EMAPICA S.A.), la cual requiere agua subterránea, está quebrada. De hecho, hay una distribución racionada de agua por horas, estableciendo zonas donde no hay agua más de 2 o 3 horas al día (Defensoría del Pueblo, 2022). Las zonas habitadas por los trabajadores de las empresas agroexportadoras cuentan con carencia de servicios de agua y hacinamiento, en una región que llegó a considerarse el “paraíso del pleno empleo en el Perú” (El Peruano, 2018).
Entonces, el agua en Valle de Ica se rige bajo las siguientes características funcionales para entenderla como un sistema socioecológico: primero, constituye multiples actividades al mismo tiempo y en el mismo territorio; segundo, es multisectorial e interdependiente; tercero, posee gradualismos de rivalidad y exclusión, como se muestra en el Gráfico 5; y, cuarto, crea un conflicto entre las agroindustrias y los monopolios naturales (EMAPICA). El componente biofísico de la agroexportación en Valle de Ica (agua) está incrustado (embedded) en el sistema socioeconómico del Perú.
Gráfico 5: Usos del agua en el mapa de bienes públicos y privados
La naturaleza del trabajo en el Valle de Ica
Desde la liberalización de la agricultura en el Perú, iniciada en los ’90s, se desarrolla un proceso generalizado de bienestar en el Valle de Ica, el cuál está en un constante estado de porvenir. A saber, las empresas agroexportadoras se sitúan como espacios políticos que generan una gran cantidad de empleos, pero de calidad precaria, esto es, temporal e inestable.
El régimen laboral de los trabajadores agroindustriales no tiene derecho a vacaciones, CTS, esquema de pensiones, e impide su sindicalización (León, 2020). De hecho, el salario de estos está correlacionado casi perfectamente con la Remuneración Mínima Vital, como se muestra en el Gráfico 6. Esto sugiere que tienen una limitada capacidad de negociación y organización, pues no existe un ajuste salarial que refleje aumentos de productividad y rentabilidad de las empresas sobre las condiciones laborales.
Estas condiciones se explican -en parte- por la falta de un régimen importante de negociación colectiva o la imposibilidad de sindicalización, que no garantiza los derechos básicos y capacidad de defensa. Claramente, la flexibilidad laboral de la agroexportación distribuye de manera desigual los excedentes del “éxito agroexportador” en los niveles de vida de los casi 300 mil trabajadores agrícolas, y más de 1 millón de personas asociadas directamente a este proceso de precarización del trabajo (Maggi y Pretel, 2018).
Grafíco 6: Evolución del salario en la agroexportación (2010 – 2019)
Al margen de las modificaciones laborales, a partir de las protestas y fallecidos en el 2020, estas no hay tenido consecuencias prácticas en el régimen de derechos laborales, excepto una bonificación salarial por productividad (Caballero, 2020). En realidad, estas han sido funcionales a las empresas en el sentido de exigir más trabajo a cambio de un pago similar por unidad de esfuerzo.
El régimen laboral es nocivo y no genera niveles mínimos de capital humano. Los trabajadores (as) son jóvenes y son renovados a los 45 años, saliendo sin pensión, horario acumulado, protección legal, y con salud deteriorada por realizar actividades que involucran movimientos corporales complejos (Maggi y Pretel, 2018). Son tratados como una mercancía de libre disponibilidad. Y no es gratuito que el problema de la precariedad laboral se trate de resolver por protestas violentas de una gran masa desorganizada de trabajadores, pues -dada la escaza sindicalización- el Estado no sabe con quién negociar.
Más aún, el sector agroindustrial tiene respaldo institucional de autoridades, medios de comunicación y la opinión pública. Por ello, la precariedad laboral y social es un componente fundamental del sistema socioeconómico en la agroexportación. Y se encuentra incrustado (embedded) en el sistema biofísico, pues las industrias en tanto economías de escala necesitan reducir costos de producción, primero apropiándose del agua, para luego reproducir la rentabilidad con salarios bajos y la atomización de sus trabajadores.
La naturaleza del Estado en el Valle de Ica
La industria agroexportadora en el Valle de Ica es un claro ejemplo de los problemas causados por la interrelación entre componentes biofísicos y socioeconómicos. No obstante, la irresolución de estos problemas no es regulada, sino –por el contrario– respaldada por el Estado, quién hasta la actualidad da estímulos legales y económicos para el desarrollo de la agroexportación.
La Ley de Promoción Agraria, aprobada el 14 de junio del 2000, inicia el auge de este sector. No es causal que que esta ley sea promovida por el ministro de agricultura José Climper, quién a su vez era un empresario agroexportador. Ley que tenía como fin estimular el sector agroexportador por cinco años, que luego pasaron a diez, luego a veinte, llegando a extenderlo diez años más en el 2019 (IPE, 2020). Lo que consolida un total de 30 años de promoción y ayuda a este sector industrial.
Y no es usual que una ley de impulso industrial dure más de treinta años, pues esta industria ya no es emergente, sino que está lo suficientemente consolidada como para seguir recibiendo ayuda estatal. El “éxito” de la agroexportación, entonces, se dio y se da en lobby con poderes gubernamentales. Y su alta rentabilidad tampoco se traduce en ingresos fiscales, dada la exoneración del 50% del impuesto a la renta y el recorte del pago por seguridad social al 6%, cuando cualquier microempresa paga obligatoriamente 9% (El Peruano, 2020).
Este respaldo, evidentemente, responde a un marco institucional global determinado, a saber: un proceso de liberalización de mercados e intereses geopolíticos como los TLC’s. Pues, a pesar de que los tratados comerciales se encargan de regular la debilidad comercial multilateral, para la UE y EE.UU., los mecanismos bilaterales como el TLC son funcionales a su expansión política. Concretamente, en cuestiones agrarias se exonera poner el tema de subsidios agrícolas en la mesa de negociación, lo cual es favorable para la política interna europea y norteamericana, en el cual los intereses agroindustriales tienen peso en el sistema político.
En una economía relativamente abierta y bajo ajustes estructurales desde los ’90 , este mecanismo reduce los costos de tratados comerciales, pero también el poder de negociación (Escobal y Ponce, 2006). Algunos grupos políticos y empresariales ven en los TLC’s la posibilidad de modernizar la agricultura peruana con una plataforma exportadora en ciertos nichos de mercado de Europa y Norteamérica, atrayendo inversión e innovaciones tecnológicas. Sin embargo, en sectores al interior del país, no solo exacerban la inestabilidad y la asimetría productiva agrícola en el Perú, sino también la desconfianza en el gobierno y los partidos políticos.
La naturaleza de la Ecología Política para el Valle de Ica
Entonces, el modo de producción mercantil con fines de acumulación depende de un sistema global hegemónico que estimula el comercio internacional asimétrico entre países desarrollados (del centro), como EE. UU. y la UE, y países subdesarrollados (de la periferia) como el Perú. Esta asimetría genera conflictos productivos, en detrimento de la extrema periferia: el Valle de Ica.
Considerar la multiplicidad de sociedades en transición (tanto del centro como de la periferia) evidencia la complementariedad entre la transformación, el funcionamiento y la reproducción de las sociedades de la extrema periferia. La producción y reproducción no están contrapuestas, sino interrelacionadas, situando a los actores naturales y sociales como la realización de la existencia material de una región (Comas, 1998). El Valle de Ica, por tanto, no se puede comprender sin la apropiación de la mano de obra (precariedad laboral), del agua (sobreexplotación) y del tipo de cambio (exportaciones).
Esto es acumulación por desposesión, pues la mano de obra, el agua y el tipo de cambio no solo elementos descriptivos, cuanto analíticos para la producción y reproducción de las empresas agroexportadoras. Las cuales actúan dentro de una coyuntura económica y política funcional a la apropiación de excedentes: liberalización agrícola, y respaldo institucional gubernamental y mediático.
Las empresas no solo se apropian de leyes constitucionales, sino también físicas de la naturaleza, a saber: el agua es un elemento no expansible ni creable, cuanto modificable, y su uso acelera procesos entrópicos (Bunker, 2007). La agroexportación necesita de la sobrexplotación del agua para consolidarse en economías de escala crecientes.
Esta transformación de la energía, a su vez, coexiste con un distanciamiento entre el lugar de extracción y producción, pues el desarrollo tecnológico y la rentabilidad de las empresas en el Valle de Ica son parte de un proceso dinámico, en el que actúan de forma inversa las economías productivas (EE.UU.) y las extractivas (Perú). Donde la dependencia física de la primera (productiva) respecto de la segunda (extractiva) deviene una inevitable pérdida de valor natural y social de esta última.
Por un lado, el capitalismo industrial agrícola actúa como una “máquina demoledora de energía” de los servicios socioecológicos, reflejados tan solo en términos de valor de cambio (balanza comercial), dejando de lado la producción social de los trabajadores y la producción natural del agua. Y, por otro lado, desorganiza multidimensionalmente la interacción de componentes económicos, sociales y culturales, situando un nuevo conjunto de relaciones sociales contradictorias entre si (Kasmir y Carbonella, 2008). Es decir, las relaciones de poder se transforman de manera funcional a la acumulación por desposesión de la agricultura no tradicional (agroexportadora) en detrimento de la tradicional (campesina).
El “éxito” agroexportador en el Valle de Ica es un ejemplo de la intersección de las relaciones socioeconómicas y los procesos biofísicos de la industrialización, donde la apropiación del excedente ecológico y el uso intensivo de capital son determinantes de la aceleración del metabolismo social (Barca, et al., 2015). Hay una subsunción formal y real del trabajo y la naturaleza, en tanto explotación de mano de obra y agua, que es funcional a consolidar economías que incrementan la rentabilidad en correlación positiva con la reducción de costos de producción unitarios (Marx, [1867] 2013; Boyd, et al., 2001).
En conclusión: la industrialización en el Valle de Ica no se explica tanto por la mecanización ni la inversión, cuanto por la apropiación de energía inanimada que dinamiza estos factores. En este sentido, el agua subterránea moviliza el proceso de apropiación del valor de uso de la energía animada, a saber, la mano de obra.
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