Este artículo aborda el agua y destaca su papel fundamental en el contexto contemporáneo. Comienza con la descripción de la disponibilidad real del recurso y subraya el riesgo evidente de su creciente escasez. A continuación, explora el agua desde una perspectiva económica, examinando su categorización como bien económico y los desafíos asociados, particularmente desde una perspectiva neoclásica. Se pone énfasis en la interconexión del agua en múltiples aspectos de la sociedad, resaltando su naturaleza transversal.

En este contexto, se lleva a cabo un análisis detallado de la institucionalidad que regula el agua, considerando su posición variable en términos de rivalidad y exclusión según su uso específico. Asimismo, destaca la importancia de comprender los costos hundidos y las economías de escala en la producción del recurso. Por último, se presenta una propuesta que aboga por un enfoque basado en la ecología política para la gestión del recurso hídrico, reconociendo la interdependencia entre los ciclos del agua y los territorios hidrosociales.

De dos maneras, que se retroalimentan entre sí, pueden entenderse las relaciones entre el agua y la economía. 1) Considerando, de entrada, la totalidad de enfoques académicos que rodean al recurso, que es singular y de gran importancia; y 2) Experimentando, de entrada, que el recurso ha sido gestionado de manera ineficiente en el Perú. Al usar, entonces, el recurso hídrico en el campo económico se muestran algunos conceptos e instrumentos, que a menudo se interpretan de manera incorrecta.

El investigador y profesor Eduardo Zegarra ha abordado ampliamente estas complejidades para un mercado (específico) de aguas en Chile (Universidad de Wisconsin-Madison, 2002) y también ha publicado un trabajo seminal, de lectura obligatoria, titulado Economía del Agua (GRADE, 2014). Sin embargo, en el contexto peruano, estos enfoques no se han utilizado en gran medida. No por falta de voluntad, sino debido a la complejidad intrínseca del recurso. En Perú, la gestión del recurso hídrico no ha sido analizada ni discutida de manera adecuada, lo que plantea un área de investigación que en general, desde la economía, se encuentra en un estado constante de porvenir.

El agua es un recurso fundamental para la vida en la Tierra, ya que constituye la base misma de la existencia. Todos los seres vivos, desde las plantas que la utilizan en la fotosíntesis hasta los seres humanos, dependen de este recurso para su crecimiento y funcionamiento. Si bien el ciclo hidrológico sitúa al recurso como renovable, dado que existen procesos biofísicos que permiten su circulación y recirculación intertemporal (Fernádez, 2012); no obstante, en muchos casos, estos (ciclos hidrológicos) se ven significativamente alterados por la intervención humana, como la sobreexplotación, o por fenómenos climáticos, como el fenómeno del Niño. Esto plantea dudas sobre su plena renovabilidad y, por ende, conflictos socioecológicos.

Entonces, el agua no puede considerarse siempre un recurso renovable por los riesgos que enfrenta, a saber: desertificación, sobreexplotación privada, mala gestión pública y alteraciones climáticas (Zegarra, 2014). Asimismo, la abundancia del recurso no solo conlleva beneficios, sino que también puede causar perjuicios, como es evidente en el Perú (huaycos, aluviones, etc.). De ahí que su gestión sea una problemática fundamental, dado que implica la necesidad de controlar su escasez, pero también sus excesos.

El agua realmente ¿disponible?

Cuando nos acercamos al recurso desde la perspectiva económica, es común pensar en términos de escasez. De hecho, al observar el planeta, se evidencian las disparidades en los diferentes niveles de estrés hídrico entre regiones del mundo. En algunas zonas del planeta, la disponibilidad de agua para uso humano (producción y consumo) se ve gravemente limitada, como se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Diferencias de regiones y países en términos de disponibilidad de agua

En el gráfico, se puede apreciar que Perú se encuentra catalogado con un alto nivel de estrés hídrico (40-80%). Junto con Chile y México, forma parte de los tres países de América con los mayores niveles de estrés hídrico, debido a la geografía y la estructura de los ciclos hidrológicos. Sin embargo, es importante destacar que estos mapas pueden ser engañosos, ya que no capturan la heterogeneidad interna de cada país.

La variabilidad de las condiciones de estrés hídrico dentro de los países resalta la importancia de discutir la institucionalidad en la gestión del recurso. Diversidad que resalta la necesidad de abordar las limitaciones del libre mercado en su asignación. Por ejemplo, en el caso de Perú, la región costera enfrenta niveles significativos de escasez hídrico debido a la falta de lluvias y la dependencia de los ríos que fluyen desde la sierra, como se refleja en el Gráfico 2.

Gráfico 2: Estrés hídrico regional en el Perú

Pero cuando hablamos del recurso hídrico también hablamos en términos de su funcionalidad (consumo y producción). Y cuando hablamos de su funcionalidad hablamos de agua dulce, pues el agua salada tiene limitaciones para su uso. Si bien existen tecnologías modernas de desalinización, su costo sigue siendo elevado y se usa principalmente en situaciones de escasez extrema (Fernández, 2012).

A pesar de que nuestro planeta está compuesto en gran medida por agua (70%), aproximadamente el 97% de este recurso a nivel global es agua salada, y solo el 3% restante es agua dulce. Y una gran parte de esta agua dulce (alrededor del 68.7%) se encuentra en glaciares continentales (permafrost), dando como resultado, tan solo el 0.73% del agua total del planeta disponible para uso «humano».

La otra fuente significativa de agua dulce proviene de los acuíferos, que representan el 30.1% del mismo y se encuentran almacenados bajo la superficie terrestre. Esta fuente es crucial, pero no necesariamente renovable si no se gestiona adecuadamente (Zegarra, 2019). Asimismo, el agua superficial constituye el 0.3% del total de agua en la Tierra, fluyendo en corrientes de acuerdo con el ciclo hidrológico, principalmente impulsadas por las lluvias. De este, el 2% corresponde a ríos, que requieren almacenamiento, tratamiento y distribución para su uso, lo que los convierte en un recurso gestionado. Finalmente, el 11% corresponde a pantanos y el 87% a lagos, como se puede ver en el Gráfico 3.

Gráfico 3: Distribución del agua en la Tierra

El agua como bien económico

Como hemos visto, el recurso no está naturalmente disponible para su uso económico, es decir: debe ser producida. A pesar de que se encuentra en fuentes naturales, los lugares de producción y consumo suelen estar separados. Esta debe ser almacenada, conducida y tratada antes de llegar al punto de uso «humano». Todo este proceso de producción del agua implica una inversión significativa (costos hundidos), para la construcción de infraestructuras como plantas de tratamiento, hidroeléctricas, instalaciones de embotellamiento, sistemas de saneamiento, entre otros (Zegarra, 2014).

En este contexto, por ejemplo, el Gráfico 4 ilustra los niveles de acceso a agua potable en todo el mundo, que es uno de los indicadores más claros de desarrollo y subdesarrollo en un país (Dionisio, 2012). Es evidente la situación crítica de pasíses en subdesarrollo: África, que presenta bajos niveles de acceso (del 0 al 40%) y Perú que se encuentra en un nivel intermedio (del 50 al 79%), al igual que muchos otros países de América Latina. Sin embargo, es importante señalar que existen importantes disparidades internas en las regiones de Perú, lo que acentúa la gravedad de la situación, como se muestra en el Gráfico 5.

Gráfico 4: Porcentaje de la población con acceso a servicios de agua potable

Gráfico 5: Población que accede a agua potable en Perú

Asimismo, resulta necesario destacar las heterogeneidades en el uso del agua, las cuales dependen tanto de la geografía como de su finalidad, pues este no se utiliza únicamente para el consumo humano, sino que desempeña un papel crucial en la producción de fines socioecológicos (Zegarra, 2014; Zegarra, 2018). Esta consideración es fundamental para comprender su conceptualización y sus implicancias como bien económico.

A saber: además de su uso en la agricultura, tiene diversas aplicaciones, como el mantenimiento de la flora y fauna, el abastecimiento de ganado, la posibilidad de actividades recreativas (piscinas, lagos, etc.), usos industriales, fines estéticos, actividades productivas asociadas a la pesca, el transporte a través de la navegación, entre otros. Como se puede observar, es un recurso que atraviesa todas las actividades de consumo, recreación y producción, lo que subraya su importancia y complejidad. Y, por tanto, la necesidad de desarrollar una conceptualización que la sitúe como un bien económico y que aclare sus características especiales.

Siguiendo a Zegarra (2014), se pueden identificar cuatro características principales que delinean la complejidad del agua como bien económico: su uso múltiple (transversalidad), su uso multisectorial e interdependiente (escasez compartida), la complejidad en el acceso (bien privado vs. bien público) y las economías de escala (monopolio natural).

La transversalidad del agua

Como ya se mencionó, el agua tiene múltiples usos que pueden coexistir en el mismo tiempo y espacio. Este recurso se utiliza para la generación de energía, el abastecimiento público, la limpieza de calles, el riego de parques, el consumo doméstico (para alimentación e higiene), la agricultura (riego de campos y consumo para el ganado), la industria, entre otros fines. Todos estos usos ocurren simultáneamente y comparten la misma fuente del recurso hídrico. Esto crea un entorno de usos múltiples y complejos que deben ser gestionados de manera adecuada para funcionar eficazmente.

El agua se encuentra dentro de la definición de escasez compartida (Golte, 1980, citado en Zegarra, 2014), lo que se ilustra paradigmáticamente en un espacio donde existe una única fuente de agua, como un río o un acuífero, que es compartida por diversas estructuras y usuarios. Estos usuarios generan una multiplicidad de interacciones en las cuales todos dependen mutuamente del recurso hídrico. De esta fuente, por ejemplo, se puede derivar el recurso hacia un reservorio de almacenamiento, cuando surgen problemas de disponibilidad, con el propósito de regular la oferta en un sistema hídrico.

Sin embargo, la creación de este reservorio puede modificar completamente la dinámica de la cuenca,[1] ya que se extraerá agua de él para diversos fines, como la actividad agrícola, el transporte, la pesca, el uso industrial, el consumo, etc. En otras palabras, todos los usos de los agentes tienen una clara relación de interdependencia, lo que significa que las acciones de unos afectan a otros, esto es: externalidades.

Estas externalidades pueden ser tanto positivas como negativas debido a la interdependencia, lo que agrega complejidad a la gestión del agua. Interacción de percepciones y efectos entre usuarios que da lugar a una serie de conflictos entre ellos. Precisamente, por ello, resulta necesario hablar de institucionalidad debido a que el sistema de gestión del agua no puede depender únicamente de la coordinación espontánea de actores privados.

Las complejas interacciones hacen que sea necesario contar con un elemento público no solo para la inversión, sino también para establecer y hacer cumplir las reglas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema hídrico. Como resultado, existe un papel fundamental para lo público en la gobernanza del sistema, ya que interactúa con los intereses e incentivos de los actores privados.

En este contexto, el equilibrio entre lo público y o privado es complejo. En teoría, se podría administrar el recurso de forma privada; sin embargo, en la práctica, se evidencia que las complicaciones derivadas de la interdependencia mencionada resaltan que la privatización no constituye la respuesta a los dilemas relacionados con el agua. En numerosos casos, no soluciona los conflictos y, de hecho, puede agravar la situación, como se ha señalado en estudios previos (consultar Solanes, 1995; Zegarra, 2014, 2018; Isarra, 2022).

La institucionalidad del agua

El aspecto más estrechamente vinculado a la teoría económica se refiere a la consideración del agua como un bien tanto público como privado. A saber, los bienes públicos se caracterizan por presentar baja exclusión y baja rivalidad; en otras palabras, resulta complicado excluir a alguien del consumo de dicho bien, y, a la vez, su consumo está disponible para todos de manera libre. En el caso del agua, la rivalidad es un factor crítico, ya que un alto grado de rivalidad conlleva a la aparición de problemas de «escasez compartida», es decir, externalidades.

No obstante, es importante destacar que el agua presenta heterogeneidades incluso en su clasificación institucional. Por ello, el recurso tiene que ser ubicado en distintos puntos del mapa de bienes públicos y privados dependiendo a la gradualidad de su rivalidad y exclusión. Esta es una mirada geométrica, matricial e impresionista de las características económicas especiales que tiene este recurso, que están plasmados en el Gráfico 6.

Gráfico 6: Ubicación de los usos del agua en el mapa de bienes públicos y privados

Empezamos con el bien público puro común en la parte superior izquierda, donde se encuentra el uso estético y recreativo, luego los servicios ambientales, y la prevención y control de actividades relacionadas con el agua. Estos son lugares de recreación, como lagunas y ríos, que las personas usan sin restricción. Y resulta indispensable mantenerlos adecuadamente para generar recursos, ya que son bienes públicos donde el papel del Estado es claro para proveerlos sin excluir a nadie de sus beneficios, dada su baja rivalidad.

Si se aumenta la exclusión, ya nos situamos en el ejemplo típico de poner un peaje para que los usuarios puedan entrar al área recreacional, de producción, etc. Esto es: la posibilidad de excluir se da en la medida que se pueda limitar la vía de acceso al recurso, denotando elementos asociados a un bien privado. Evidentemente, no se habla de un bien privado puro, dado que aún tiene baja rivalidad, pero posee elementos que se pueden concesionar (manejarse por medios privados) bajo una administración de las comunidades o el Estado. Estos son los bienes club en la terminología económica.

Más a la derecha se empieza a ver los bienes de alta rivalidad y, por ende, conflictividad. Así, el cuerpo de agua usada para los desechos son bienes de baja exclusión y esto es claro en relación a la cantidad de desechos que desembocan  y contaminan los ríos (p.e. el Río Rímac). Esta contaminación, no obstante, no solo se da por parte de la ciudad, sino de las industrias, e incluso de la propia agricultura que emite desechos agrotóxicos que terminan en cuerpos de agua. Sin embargo, la alta rivalidad es evidente: los desechos alteran la calidad del recurso hídrico. El consumo de unos afecta al consumo de otros.

En el centro del gráfico, se identifican tres actividades que se distinguen por su uso no consuntivo del agua, lo que significa que la emplean sin agotar la cantidad de agua disponible. En esta ubicación se encuentran actividades como la pesca, que extrae peces sin disminuir la disponibilidad de agua, las centrales hidroeléctricas, que aprovechan la energía cinética del recurso y luego la reintegran al cauce, así como el sector del transporte, que utiliza los ríos como vías de comunicación sin consumir el agua.

En la categoría de alta exclusión y alta rivalidad se sitúan el suministro de agua potable y el saneamiento, dado que es factible excluir a quienes no cumplan con el pago de sus tarifas, lo que se traduciría en la suspensión de los servicios en sus hogares. Esto contrasta con otras actividades, como la agricultura, en la que resulta complejo cortar el acceso al recurso hídrico a un agricultor moroso, ya que ello afectaría a todo el sistema de riego que llega a su parcela. A saber, en los sistemas de riego, no existen compuertas especializadas con dispositivos de medición para llevar a cabo exclusiones basadas en el pago de tarifas, por lo que se consideran de baja exclusión.

Finalmente, se reconoce que, en ciertas circunstancias, la humanidad puede optar por no utilizar el agua y preservarla debido a su importancia crítica y estratégica para la conservación de especies. Este enfoque se materializa en la creación de áreas protegidas, donde los seres humanos dejan de explotar recursos, incluyendo agua, suelo y bosques. Este es un nuevo (des)uso del recurso hídrico, dado que genera beneficios sociales al presservar especies y espacios natuales, fundamentales para la existencia en el planeta.

Entonces, la gestión del agua presenta una complejidad única debido a sus múltiples usos, la escasez compartida y la dificultad en el acceso. En teoría económica (neoclásica), se sostiene que la economía es la ciencia de asignar recursos escasos entre usos alternativos de manera eficiente, y se tiende a verla como una actividad técnica más que política (Yu, 2005). Sin embargo, los mecanismos de asignación son inherentemente complejos y necesarimante políticos.

De hecho, a menudo se considera que el mercado es el mejor medio para asignar recursos escasos de manera eficiente, pero esta noción no se aplica de manera directa al agua, y aquí es donde surge la dificultad (Llop, 2018). Esto no implica que el problema sea el agua en sí, sino más bien la conceptualización del recurso al momento de gestionarla de manera eficaz y equitativa. Es un recurso crítico cuya gestión requiere un enfoque multidimensional que va más allá de las soluciones tradicionales basadas únicamente en el mercado.

La producción del agua

Es cierto que el agua no es simplemente un recurso natural, sino que requiere de una serie de procesos para ser producida y distribuida de manera utilizable. La infraestructura, que incluye reservorios, canales, plantas de tratamiento y otras instalaciones, es esencial para garantizar que el agua llegue a los lugares de consumo en las ciudades y en la agricultura. No obstante, la construcción y el mantenimiento de esta infraestructura generan costos significativos, esto es: costos hundidos.[2]

Precisamente, esta es la razón por la que la gestión del recuso hídrico se destaca por ser una de las más propensas a la corrupción debido a los enormes presupuestos involucrados en proyectos hídricos. De hecho, muchos de estos proyectos emblemáticos en Perú y en otros lugares han estado plagados de problemas de corrupción (Camacho et al., 2021; Barrios et al., 2022). Estos problemas persisten en la medida que no se establezcan sistemas de control y gestión de recursos públicos sólidos, a saber: resulta necesario la lucha contra la corrupción en el sector agua para garantizar un suministro equitativo y eficiente de este recurso vital.

En proyectos de agua, la singularidad radica en la necesidad de una única infraestructura para prestar el servicio. Intentar competir con dos infraestructuras paralelas sería ineficiente y costoso, dado que ambas empresas se verían abocadas a altos costos hundidos y tarifas insosteniblemente bajas, lo que conllevaría a su quiebra (Ferro y Lentini, 2010). Por esta razón, se alude a la existencia de un monopolio natural en este sector.

Para comprender los costos en un monopolio natural, es necesario analizar su estructura, la cual generalmente presenta economías de escala. Dado el elevado costo inicial de la infraestructura, en este escenario, los costos promedio disminuyen a medida que la producción aumenta.

En un monopolio natural, esta tendencia a la baja en los costos medios continúa, permitiendo la expansión hasta saturar el mercado, en contraste con la dinámica convencional, donde los costos medios aumentan después de una disminución inicial. Este fenómeno se origina por la inversión en una infraestructura única, como se ilustra en el Gráfico 7, que ejemplifica el caso de la industria de agua potable y alcantarillado.

Gráfico 7: Economías de escala en proyectos hídricos

Este fenómeno otorga al proveedor monopolista una ventaja de escala que elimina la competencia, creando una situación particular en la que no se cumple el modelo neoclásico de mercado competitivo, sino que prevalece el monopolio debido a la estructura de costos a través de infraestructuras y redes de distribución específicas (Ferro y Lentini, 2010).

En el sector del agua, es común que una sola entidad sea responsable tanto de la producción como de la distribución, a diferencia del sector eléctrico, donde a veces existen empresas separadas para estas funciones. Esto conlleva la necesidad de una regulación rigurosa, especialmente en el suministro de agua potable, donde el concepto de monopolio es relevante, ya que los usuarios están sujetos a las tarifas establecidas por el monopolista (Ibid.).

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es responsable de regular los monopolios en Perú, que suelen ser entidades públicas. La importancia de este proceso regulatorio radica en que aborda los monopolios naturales, que por su propia esencia impiden la implementación de estructuras de producción alternativas en este sector. De ahí, la importancia de la regulación de estos monopolios para garantizar un desempeño eficiente y justo.

En Perú, ha habido un cambio en la forma en que se manejan los sistemas de riego. Anteriormente, el Estado estaba a cargo de los proyectos de irrigación, pero en la actualidad, los usuarios: regantes, son los encargados. Sin embargo, esta transición ha generado disputas porque los regantes tienen la autoridad para establecer sus tarifas de agua, lo que ha resultado en problemas de mantenimiento insuficiente de los sistemas de riego.

Esto se debe a que los agricultores aplican tarifas fijas con frecuencia que no cubren los costos operativos y dependen de subsidios del gobierno, lo que ha llevado an un retraso del 70% en las tarifas del sector agrario (Zegarra y Quezada, 2006; BM, 2023).

Hacia una ecología política del agua

En la modernidad, existe una idea arraigada de la interacción constante entre los aspectos sociales y naturales, biofísicos y socioeconómicos. Así, el análisis de conceptos como el ciclo hidrosocial y los territorios hidrosociales ayudan a comprender los conflictos relacionados con el agua (Sanchis y Boelens, 2018), a saber: se utiliza la idea foucaultiana de «gubernamentalidad» en este contexto, pues permite examinar los métodos por los cuales se ejerce el poder a través de discursos, historias y diversas formas de poder (Ibid).[3]

Estas dos ideas (ciclo y territorio hidrosocial) si bien son independientes entre si, no son disociadas del todo. Estan unidas a la manera de ejes ortogonales de un plano geométrico, los cuales forman un campo de cinco dimensiones necesarias para comprender la complejidad del agua, como se puede ver en el Gráfico 8: la primera es la dimensión biofísica, seguida de la dimensión tecnológica, sociocultural, económica y política (Robbins, 2012; Boelens et al., 2017; Sanchis y Boelens, 2018).

Gráfico 8:  Gubernamentabilidad hídrica

Por un lado, el ciclo hidrosocial considera no solo los aspectos biofísicos del ciclo hidrológico, sino también la relación social dialéctica que existe entre las sociedades y el agua que consumen y utilizan, así como el agua que sirve para una variedad de actividades y prácticas, pero también sirve como base para identidades imaginarias y visiones del mundo. Este tiene un aspecto circular, pues comienza en un punto y regresa al mismo, y en el proceso hay muchas interacciones entre las sociedades humanas y el recurso hídrico (Boelens, 2014).

Por otro lado, aunque tiene similitudes con el ciclo hidrosocial, el concepto de territorio hidrosocial se enfoca principalmente en la creación de territorios específicos en relación con el agua y su gestión. Esto es: en la formación de áreas geográficas específicas que emergen a través de una serie de interacciones mutuas entre diversas dimensiones, a diferencia del aspecto circular de la circulación del agua. Este enfoque pone un énfasis particular en la influencia del agua en la configuración y desarrollo de territorios, considerando múltiples dimensiones interconectadas  (Sanchis y Boelens, 2018).

Entonces, resulta necesario tomar en cuenta los ciclos naturales, la cantidad y calidad del agua, los regímenes hidrometeorológicos y su variabilidad debido a los cambios climáticos. Asimismo, los aspectos tecnológicos que abarcan la infraestructura, la retención, la aducción, la distribución y la generación de energía hídrica. Desde una perspectiva sociocultural, considerar factores como las concepciones mentales, las identidades, las narrativas y los discursos que legitiman las diversas formas de manejo del agua.

Además, los aspectos financieros de la producción, como la agricultura y la minería, que están relacionados con el proceso de acumulación de capital en el contexto de la producción capitalista. Finalmente, en términos políticos, la relación entre las sociedades humanas y el agua que está asociada con instituciones, marcos legales y administrativos, así como con los sistemas de poder que existen dentro de estas sociedades.

En este contexto, los estudios en torno al recurso agua necesitan del análisis de la configuración de los territorios, la creación de una variedad de formas de territorialidades y sus prácticas espaciales particulares. Pues estas diversas expresiones territoriales, vinculadas a ciclos hidrosociales específicos, afectan la estructura de espacios, paisajes y las dinámicas de las relaciones sociales con el agua (Sanchis y Boelens, 2018).

A saber, se destaca la naturaleza dialéctica de estas interacciones, donde las concepciones mentales, narrativas, discursos legitimadores, imaginarios y cosmovisiones juegan un papel importante en la determinación de las tecnologías de infraestructura a implementar, y, por lo tanto, en la producción de un tipo específico de territorio, la práctica de la territorialidad o el proceso de territorialización.

Notas

[1] En algunos casos los reservorios tienen efectos ambientales negativos, en algunos casos destruyen procesos, habitads, uno de los casos más complejos en el mundo es el de China, quienes han construido decenas y hasta centenas de reservorios durante todo el curso de un río que ha ocacionado una serie de problemas ambientales y sociales.

[2] En economía, los costos hundidos se refieren a gastos pasados que no se pueden recuperar y, por lo tanto, no deben afectar las decisiones actuales o futuras. Independientemente de las decisiones que se tomen, estos gastos ya se han incurrido y no pueden ser recuperados (Sutton, 1991).

[3] Para Foucault, la gubernamentalidad se refiere a cómo los Estados controlan el comportamiento de las personas en la sociedad humana, implicando el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas para influir en dichas conductas. Esto implica una serie de procesos disciplinarios que se han estudiado en contextos como hospitales, escuelas, ejércitos y en la regulación de las prácticas individuales (Irusta, 2014).

Referencias bibliográficas

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[2] Banco Mundial. (2023). El agua en la agricultura. Temas: Entendiendo a la pobreza. https://www.bancomundial.org/es/topic/water-in-agriculture

[3] Barrios, C., Vicioso, E., Muñoz, R., Contardo, F., Pulgar, A., Parra, E., Cruz, V. (2022). Corrupción en la gestión de aguas y herramientas para afrontarla desde la ciudadanía. Santiago de Chile: Fundación Newenko. https://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/20.500.13082/147623/CORRUPCI%C3%93N%20EN%20LA%20GESTI%C3%93N%20DE%20AGUAS-2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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[21] Zegarra, E. (2014). Economía del Agua: conceptos y aplicaciones para una mejor gestión. Lima: GRADE. https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/LIBROGRADEECONOMIAAGUA.pdf

[22] Zegarra, E. (2018). La gestión del agua desde el punto de vista del Nexo entre el agua, la energía y la alimentación en el Perú: estudio de caso del valle de Ica. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44219-la-gestion-agua-punto-vista-nexo-agua-la-energia-la-alimentacion-peru-estudio

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