La minería peruana se vio beneficiada por la reactivación económica de las principales potencias del mundo debido a su impacto en el alza de los precios de los minerales. Entre estos, resalta el crecimiento del 48.8% en el precio del cobre, del 52.6% en el precio de la plata y 79.6% del hierro a finales de febrero del 2021. Siendo que el sector minero representa aproximadamente el 8% del PBI nacional y su participación en la recaudación de impuestos proveniente de empresas alcanza el 17.6% en épocas pre-pandemia, es de vital importancia analizar las consecuencias del sector minero y su relación con las propuestas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
A pocas semanas de la segunda vuelta electoral, es crucial notar que ambos candidatos presidenciales adoptan diversas posturas sobre las medidas a ejecutar en el sector minero. Keiko Fujimori propone el establecimiento de normativas ambientales que, junto con la cooperación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, logren crear una sana convivencia entre la agricultura y la minería en las zonas de operación. Por otro lado, Pedro Castillo propone formalizar la minería informal y renegociar los contratos establecidos con las empresas mineras con el fin de promover actividades que generan mayor empleo y evitar la imposición de la minería sobre la agricultura.
Ante esto, es importante resaltar los efectos positivos y negativos de la minería en el país. Los efectos positivos se centran en el factor económico, ya que las empresas mineras son una gran fuente de ingresos debido a su régimen tributario. Estas están obligadas a entregar, como cualquier otra actividad, un impuesto a la renta calculado a través de la multiplicación de la tasa de impuesto a la renta (29.5%) y la renta neta. Esto implicaría que un aumento de las inversiones dé lugar a un incremento de la renta neta y, con ello, del valor total del impuesto. Además, puesto que esta renta es una aproximación de la rentabilidad de la empresa, se espera que un cambio en los precios de los productos cause un efecto amplificado a causa de los costos fijos; es decir, una caída de los precios ocasiona una caída de mayor magnitud de la renta neta y con ello del valor de la recaudación total.
Asimismo, este sector también es responsable del pago de las regalías mineras, del impuesto especial a la minería, el gravamen especial a la minería y el derecho de vigencia. Todas estas responsabilidades se aplican sobre la utilidad operativa y el porcentaje total que deberá pagar la empresa dependerá del margen de utilidad en la que operen, sin superar el 12%. Además, se debe considerar que las empresas efectúan otro tipo de contribuciones tales como la participación de los trabajadores de las utilidades (8%) y el aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (0.5% renta anual antes de impuestos y 0.5% mensual de la remuneración bruta de los trabajadores) que terminan por agravar la renta neta de las empresas, pero beneficia a los empleados.
Cabe destacar que se destina a los gobiernos locales y regionales el 50% del impuesto a la renta (canon minero), el derecho de vigencia y las regalías de donde se explotan los recursos mineros. Esto permite la creación de proyectos públicos con la finalidad de promover el empleo y mejorar la calidad de vida en las regiones involucradas. Si bien el empleo directo en la minería puede concentrar a poco porcentaje de la PEA (211 851 trabajadores en febrero), existe un efecto multiplicador que permite la creación de hasta 6.25 empleos indirectos por cada empleo directo que se genere, debido a las contrataciones con empresas constructivas, proveedoras y los efectos inducidos en consumo e inversión. Así, en lo que va del año se ha transferido a las regiones 1144 millones de soles y se establecieron aproximadamente 1.32 millones de empleos ligados a la minería, lo que implica la necesidad de tener en cuenta el grado de inversión que provocarían las propuestas mineras de ambos candidatos.
En cuanto a los efectos negativos, estos se concentran en factores sociales y ambientales. Según la Defensoría del Pueblo, en el mes de febrero de 2021 la minería estuvo involucrada en el 64.8% de conflictos sociales vinculados a problemas socioambientales. Entre estos resaltan en su mayoría las demandas de dirigentes sociales, comunales y comunidades campesinas dirigidas a las empresas mineras con el fin de que formalicen sus compromisos sociales o establezcan la suscripción de nuevos convenios que minimicen problemas medioambientales como la reducción de cobertura vegetal y contaminación de recursos hídricos. Además, estas consecuencias se amplifican con la minería ilegal, la cual también afecta directamente a la sociedad a través de la trata de personas. Departamentos como Madre de Dios, Puno y Arequipa son las principales zonas en las cuales la minería ilegal involucra una gran cantidad de casos de trata de personas, especialmente explotación sexual y trabajo forzoso.
En conclusión, el Perú se está viendo beneficiado con un incremento de los ingresos fiscales y divisas gracias al incremento del precio de los minerales y de sus exportaciones, las cuales aumentaron un 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Este contexto permitirá financiar nuevas medidas gubernamentales referidas a la reactivación económica, lo que incentiva la necesidad de aprovechar la situación para promover la inversión en el sector y ejecutar la cartera de proyectos mineros suspendida por la pandemia y la incertidumbre política. Ante esto, es necesario reconocer que las propuestas que reducirían la financiación del sector tal como la renegociación de contratos, que pone en riesgo el retorno esperado de las inversiones, pueden ser perjudiciales para el ingreso del país y para la creación de empleos. Además, a pesar de que la problemática medioambiental sí requiere políticas específicas de intervención, se debe evitar ignorar la existencia de cuestiones como la trata de personas y la minería ilegal. Por ende, es aconsejable tener en cuenta los beneficios económicos y las demandas sociales a la par, para poder establecer políticas mineras viables que no inclinen la balanza en favor de solo uno de estos aspectos.
Te puede interesar: PARALIZACIÓN Y PÉRDIDA: LOS PROYECTOS MINEROS EN PERÚ DURANTE EL “BOOM” DEL COBRE
Síguenos en Facebook e Instagram
Fuentes:
CHS Alternativo (1)
Defensoría del Pueblo (2)
El Comercio (3)
IPE (6)
MINEM (7)
