La nueva adenda al contrato del aeropuerto cusqueño ha causado polémica, no sólo por los inconvenientes que plantea al Estado peruano (que asume más responsabilidades), sino también por los problemas que podría causar más adelante en las futuras APP que intente establecer el Estado.
El 4 de julio del 2014 se suscribió el contrato de concesión entre el Estado peruano y el Consorcio Kuntur Wasi, para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, obra de gran importancia a realizarse en Cusco. Además de la gran inversión necesaria para la puesta en escena de esta mega obra, este nuevo aeropuerto atraería nuevas inversiones en sus alrededores debido a la gran cantidad de turistas que recibirá una vez empiece a funcionar. Así, si bien en el 2015 el terminal aéreo Alejandro Velasco Astete recibió cerca de 3.2 millones de visitantes, se espera que Chinchero reciba a 6 millones de personas anualmente. Por esta razón, se espera un fuerte crecimiento demográfico y económico en la zona:el desarrollo de una gran ciudad. Naturalmente, se espera que tanto el desarrollo como los efectos de esta obra sean muy provechosos para la región y el país en general.
Como se mencionó, para realizar esta gran obra, se he recurrido a una APP, pero, ¿Qué es una APP?. Según se detalla en la web de ProInversión, en pocas palabras una Asociación Público-Privada (APP), es una modalidad de participación de la inversión privada, en la que se comparten tanto recursos como riesgos, con el fin de brindar algún servicio o bien público. Estas asociaciones, si son bien estructuradas y planificadas, pueden ser muy útiles para el desarrollo de grandes proyectos, cuyo fin último debería ser el bienestar de la población; en adición, permiten la reducción del riesgo que asume el Estado al embarcarse en un gran proyecto. Ahora, en un inicio la empresa privada correría con una parte significativa del riesgo que conlleva la obra, como es de esperarse, sin embargo, esta situación parece haber cambiado tras la última modificación del contrato. La mencionada ‘adenda’ implica una transferencia significativa de los riesgos constructivos y financieros al Estado, esto puede observarse por ejemplo en que ahora el Estado ya no pagará a la empresa al finalizar la obra, sino conforme esta vaya cumpliendo determinadas metas.
Para muchos, esta medida es disparatada e innecesaria, además de perjudicial para el Estado, si lo que se busca es minimizar costos y reducir riesgos. Respecto a esto, Patricia Benavente, ex-presidenta de OSITRAN (organismo encargado de la supervisión, fiscalización y regulación del cumplimiento del Contrato de Concesión establecido), quien renunció tras mostrarse en desacuerdo con la aprobación de la mencionada ‘adenda’, afirma que estas medidas representan un sobrecosto completamente innecesario para el Estado. Por otro lado, el ex titular del MEF, Alonso Segura, manifestó que con la nueva ‘adenda’, el Estado pasa a asumir una fracción mayoritaria del financiamiento (cerca al 80%), lo cual va contra los objetivos que se tenía en mente al establecer esta APP, que según él, ahora es más similar a una obra pública. Por último, algunos funcionarios y diversos personajes afirman que este es un caso de oportunismo empresarial, dado que la empresa sabe que existe un costo político por no concretar el proyecto, o cancelar la APP, debido al tiempo que se perdería en volver a poner el proyecto en marcha.
De cualquier forma y aunque se desconozca parcialmente los motivos que guiaron a los responsables a aprobar esta nueva ‘adenda’, parece ser que esta no representa cambios provechosos para el Estado peruano. Teniendo en cuenta la relevancia de este proyecto, es de esperarse la preocupación de la población frente a este tipo de cambios que no parecen ser beneficiosos.
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