Durante la semana, el Legislativo presentó una iniciativa que pretende suspender el pago de deudas en el sistema financiero por un plazo de 120 días y condonar por 6 meses los intereses compensatorios y moratorios que se extienden de estas obligaciones. Al respecto, los representantes del BCR y Asbanc señalan que la ruptura de la cadena de pagos pondría en riesgo la solvencia de las entidades financieras y agravarían la situación económica, actualmente afectada por la pandemia del covid-19.
El presidente del Banco Central de Reserva manifestó su desacuerdo con dicha iniciativa a través de una carta enviada al Congreso, en la cual pidió que se archive el proyecto de Ley y alertó sobre los impactos negativos que se tendría. Ello se debe a que el paro abrupto de pago de los créditos o ruptura de la cadena de pagos llevaría a la quiebra de un gran número de empresas al ponerse en riesgo la solvencia de las entidades financieras. Ello, además, agravaría la situación económica que se vive en el país a raíz de la pandemia del coronavirus.
Al respecto, La Asociación de Bancos (Asbanc) señaló que emitir una medida generalizada es innecesaria en el contexto actual debido a que algunas personas y empresas sí se encuentran en las posibilidades de cumplir con sus obligaciones de pago.
Asimismo, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) aconsejó que esta propuesta excluya a las entidades financieras pequeñas como las cajas, cooperativas y microfinancieras. En este sentido, señalaron que la razón primordial es que este tipo de entidades no cuenta con las espaldas financieras para soportar el efecto que generaría este tipo de medidas.
De acuerdo con la estimación de la Superintendencia de Banca y Seguros, 26 entidades del sistema financiero pasarían a una situación de insolvencia o quiebra a partir de una norma de dicha magnitud. Además, Asomif menciona, a partir del cálculo de la SBS, que el quiebre de estas entidades implicaría el cierre de oficinas en 207 de los 523 distritos y se perdería la facilidad de acceso al crédito en el 40% de distritos que actualmente cuentan con este servicio.
Al respecto, Julio Velarde señala que el rubro más afectado sería el de las microfinancieras y se originarían dos escenarios. En el primero, las personas deberán regresar al crédito informal y recurrir a prestamistas particulares; y en el segundo, la estabilidad fiscal se vería alterada, al tener que destinarse recursos en el salvataje de los ahorristas. Como es mencionado por el presidente del BCR, este tipo de medidas agravarían, paradójicamente, la situación actual al perjudicar en lugar de favorecer a la población dado que podría derivar una potencial recesión duradera con quiebras y desempleo.
Fuente:
Gestión (1)
