Los crecientes recursos públicos y privados para enfrentar dichos problemas, la pérdida de oportunidades de inversión, los efectos en variables macroeconómicas como empleo y productividad, el aumento de la mortalidad y morbilidad a causa de la violencia y el descrédito en el sistema de gobierno son los efectos directos de la violencia en el país.
El Índice Global de Paz (GPI) 2014, elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), nos sitúa en el puesto 119 de los 162 países evaluados. La situación en nuestro país no hace más que sostener esta calificación. Entre el periodo abril-setiembre de 2014, el 30.8% de la población mayor de 15 años del área nacional urbana sufrió de algún hecho delictivo. De acuerdo a las cifras del INEI, entre el 2010-2013 la tasa de denuncias de delitos a nivel nacional por cada 10 000 habitantes pasó de 61,7 a 88,4.
El IEP también cuantifica el costo directo e indirecto de contener la violencia, considerando su prevención, protección y consecuencias. Para el Perú este costo representa el 4,5 % del PBI; o 515 dólares por persona en términos paridad de poder de compra. En cuanto a las acciones del gobierno, según el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015, se ha asignado 5925 millones de soles para el orden público y seguridad. De este monto, un 71,0% es destinado específicamente a la seguridad ciudadana.
Alexis Rodríguez, gerente general de Fox Security, aconsejó que, debido a los casos de inseguridad registrados, las personas naturales y las empresas debieran invertir un 15 y 20 %, respectivamente, de sus ingresos mensuales en seguridad. En una entrevista realizada por la Cámara de Comercio de Lima al ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi Capurro, expresó que cuando se llega a un determinado nivel de delincuencia y corrupción este se convierte en una traba para el crecimiento económico. “El país no aguantará cinco años más sin una política seria de seguridad”, precisó.
Fuente: camaralima.org.pe