El término “corrupción” es habitual en el vocabulario de todos los peruanos. No es para menos, ya que es uno de los males sistémicos más graves que afrontamos como país, y al que nos enfrentamos día a día con los escándalos que salen a la luz en diferentes medios periodísticos. La complejidad y multitud de formas bajo las cuales actúa la corrupción, hace que sus efectos no puedan ser enumerados y medidos con exactitud.
Sin embargo, numerosos estudios recientes, concuerdan en señalar que los costos de la corrupción no son únicamente de carácter económico, sino que también se manifiestan de otras formas, especialmente, bajo la forma del costo de oportunidad perdido de muchas acciones que pudieron realizarse en beneficio de la sociedad.
Costos económicos de la corrupción
Durante el año 2020 el perjuicio económico ocasionado al Estado debido a la corrupción y a inconducta funcional, asciende a los 22059 millones de soles (12.6% del presupuesto ejecutado el año pasado), siendo las regiones con mayor incidencia Huancavelica, Moquegua y Callao (1). Pese a que aquel año la pandemia ocasionada por el COVID-19 originó una etapa trágica en nuestro país y en todo el mundo, la corrupción siguió operando “con normalidad”, causando estas enormes pérdidas económicas.
Por otro lado, “la corrupción aumenta la probabilidad de una mayor persistencia de monopolios y oligopolios, interfiere en el funcionamiento de mercados, debilita competencia y perjudica la asignación de recursos” (2), lo cual sugiere que la presencia de la corrupción también daña gravemente el funcionamiento de la libre competencia en el país.
Además, la presencia de la corrupción afecta el ambiente de negocios dentro del país. Como “la corrupción, en el Perú, es una característica de la relación entre lo público y lo privado” (3), esto genera que se normalice el tener que “aceitar” los trámites que deben enfrentar las empresas privadas de todo tamaño para poder licitar y operar, lo cual pareciera sugerir que entre las relaciones entre sector público-privado, la presencia de la corrupción será siempre inevitable.
En este sentido, la corrupción origina la pérdida de legitimidad del esquema de asociaciones público privadas, y genera que las empresas realmente honradas y eficientes no puedan competir realmente bajo un verdadero esquema competitivo, para lograr la licitación de alguna obra pública (4). Si bien este sistema ha estado operando muchísimo tiempo en la sombra y era un “secreto a voces», con el la revelación del conocido escándalo Odebrecht en el año 2016, inclusive se pudo conocer las obras en el país que habían sido realizadas mediante este mecanismo de corrupción.
Costos no económicos de la corrupción
Numerosas investigaciones sobre la construcción de estas y otras obras en las que se han producido actos de corrupción revelan que, para que este mecanismo sea rentable para ambas partes, se generaron grandes sobrecostos sobre el presupuesto original de las obras, lo cual origina un gran nivel de ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos destinados a políticas pública (5). Esto significa un gran costo de oportunidad sobre las diferentes acciones estatales que pudieron haberse realizado con el dinero público que terminó en bolsillos privados.
Por ejemplo, todo lo que monetariamente se habría perdido por corrupción e inconducta funcional durante el año 2020 equivaldría a la implementación de cientos de centros de salud del primer nivel de atención y para la habilitación de más de 5000 camas UCI (1), las cuales definitivamente hubieran sido de gran ayuda contra la pandemia en aquellos momentos tan críticos.
Esta misma cantidad de dinero, en el sector educación, hubiera alcanzado, por separado, para financiar la construcción o renovación de 183 escuelas públicas de educación básica regular, para financiar el acceso de agua por red pública a 2 millones de peruanos en el sector urbano, y 1 millón de peruanos en zonas rurales, o para cubrir con bonificaciones o subvenciones en la canasta básica de consumo familiar para el 30.1% de peruanos que se encontraban en el 2020 en una situación de pobreza (1).
Estos datos revelan claramente cómo todos los gastos “adicionales” que genera la corrupción, afecta la calidad de vida de la población peruana. Es por ello que, debido a la presencia de la corrupción, estos medios básicos no se encuentran al servicio de la población, especialmente a la más vulnerable, que no tiene recursos necesarios como para acudir al sector privado para intentar cubrir esa falta.
Conclusiones
La ocurrencia sistemática de actos de corrupción en los diferentes niveles de gobierno en el país no solo deben preocuparnos e indignarnos porque afectan negativamente al PBI o al ambiente de negocios del país, sino porque también afectan directamente la oportunidad de la población peruana a acceder a mejores servicios públicos, y, por lo tanto, a mejorar su calidad de vida. Por consiguiente, es importante que se pueda continuar analizando las consecuencias de la corrupción desde diferentes perspectivas, con el fin de que la sociedad comience a tomar mayor conciencia sobre la gravedad de los daños que pueden generar las acciones corruptas, y, por lo tanto, dejar de normalizar este tipo de acciones.
Fuentes:
Shack (1)
Mendoza-Nava (2)
Blondet y Rotta (3). El Estado como botín y la esquiva frontera entre lo público y lo privado.
Macera (4)
Montoya (5)
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