Finalizando las celebraciones por el bicentenario de la independencia del Perú son varios los elogios que pueden realizarse al país por sus logros alcanzados en los ámbitos sociales, culturales y económicos, pero son también varias las metas que aún no se han logrado conseguir. Habiendo sido la ampliación del acceso a la vivienda digna un objetivo del plan bicentenario es necesario verificar cómo la aún persistente problemática del déficit habitacional se afronta a través de la mejora del acceso a créditos para la adquisición de viviendas y el incremento de programas sociales.
La actual crisis por el covid-19 ha evidenciado la necesidad de poseer una vivienda formal que goce de todos los servicios básicos, tales como agua potable, desagüe, electricidad, hacinamiento y buena calidad de los materiales de construcción garantizando la seguridad física de sus habitantes. Ante esto, es vasto el número de familias que han tenido que conformarse por muchos años con una vivienda que no posee esas características, pero también son varias las familias que no pueden adquirir ninguna de las dos y que se han visto doblemente perjudicadas.
El déficit habitacional, entendido como la carencia de requerimientos de cierto número de hogares para contar con viviendas dignas, no es una problemática reciente en el país. Antes de describir la evolución que ha presentado este indicador, es necesario aclarar que existen dos tipos de déficit habitacionales. El primero es el déficit cuantitativo, que hace referencia al número de familias que necesitan una vivienda para alojarse. El segundo es el déficit cualitativo, que refleja el número de familias que residen en viviendas con deficiencias considerables en temas de servicios básicos y del espacio habitable.
Así, según la INEI, el 1.9% de los hogares a nivel nacional presentaban déficit cuantitativo de vivienda en el año 2019, lo cual representa un total de 627 000 familias sin un lugar estable para alojarse. Esto reflejaría una tendencia decreciente, puesto que en el año 2013 el porcentaje era de 2.1% (693 000 hogares). Por otra parte, según la INEI, el 8.3% de los hogares a nivel nacional presentan un déficit habitacional cualitativo en el 2019, lo cual representa un total de 1 011 090 de familias que viven sin un acceso adecuado a los servicios básicos en su vivienda. Esto también reflejaría una tendencia decreciente considerando que en el año 2013 el porcentaje era de 12.5% (1,522,727 familias).
Estos datos nos afirman que, si bien la brecha habitacional se ha ido reduciendo levemente con el tiempo, aún la oportunidad de poseer una vivienda digna no es asequible para todos. Sin embargo, analizar las acciones del Estado referentes a disminuir esta situación de déficit habitacional podría darnos información relevante sobre las acciones a tomar en un futuro para lograr solucionar esta problemática, ya que sí se adoptaron medidas al respecto. Los principales métodos de actuación que los gobiernos han estado implementando se dieron a través de la generación de suelo urbano mejorando los asentamientos humanos y promoviendo urbanización de terrenos de propiedad pública y, principalmente, a través de mecanismos de apoyo, que involucran subsidios y facilidades de crédito a las familias de escasos recursos. Entre estos mecanismos de apoyo resaltan el Fondo Mivivienda y el programa Techo Propio, ya que han presentado un crecimiento constante desde su creación.
El Fondo Mivivienda o Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda es una Sociedad Anónima y empresa estatal de derecho privado creada en el 1998 y tiene como objetivo promover y financiar la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente las de interés social (que cumpla con los estándares mínimos de calidad a un bajo precio). Este Fondo está adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se encuentra bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, lo cual le ha permitido poseer una amplia cobertura a lo largo del tiempo. El número de créditos otorgados a través del Fondo Mivivienda en sus primeros tres años alcanzaba cifras por debajo de 1 500; sin embargo, a medida que se iban mejorando las opciones disponibles y reduciéndose el costo del crédito (menores tasas de interés y requisitos para el otorgamiento), se alcanzaron cifras de hasta 13 164 en el 2013 y 12 224 en el 2019. Cabe mencionar que las reducciones en el número de créditos otorgados en ciertos períodos de tiempo se debieron a cambios operativos dentro de la institución y, en el año 2020, debido a la crisis.
Por otra parte, el programa Techo Propio forma parte de los apoyos económicos que ofrece el Fondo Mivivienda y se originó en el 2003. En este caso, el programa se encarga de otorgar un bono familiar habitacional, de manera gratuita, a las familias que no cuentan con vivienda ni terreno y claramente sus ingresos mensuales no les permitirían conseguirlo. Así, los bonos pueden rondar los S/. 38 500 para comprar la vivienda o S/.26 400 para construirla. De esta manera, al igual que con los créditos, la cantidad de bonos emitidos en un principio era reducida y rondaba los 688 bonos. Sin embargo, con el paso de los años se logró otorgar 28 440 bonos en el año 2009, 50 439 en el año 2015 y 53 256 en el año 2019 (también se presentó una caída en el año 2020). En este caso, los años en los que se concedieron pocos bonos familiares habitacionales fue debido a la reducción de los recursos estatales destinados a este tipo de apoyo económico.
Pese al incremento sustancial de estos indicadores, que deberían reflejar la mejora de las oportunidades de las familias al acceso de una vivienda digna, no se logró una reducción de la brecha habitacional sustancial. Evidencia de ello es el hecho de que aproximadamente solo el 7% de las viviendas edificadas anualmente se dan mediante créditos del Fondo Mivivienda y un 4% con el apoyo del programa Techo Propio; mientras que el 66% se sigue construyendo de manera informal incrementando el déficit habitacional cualitativo. A pesar de que existan otras varias alternativas de apoyo social para la construcción de viviendas de interés social, tales como el Bono del Buen Pagador, la construcción continua de obras de saneamiento y equipamiento urbano (para mejorar el acceso a servicios básicos en los hogares), el Bono Renta Joven, entre otros, aún es necesario seguir promoviendo la inversión pública y privada para impulsar el cierre de la brecha habitacional.
Dicho esto, en julio de 2021, se promulgó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible impulsada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con la finalidad de generar viviendas de interés social para las familias de menores recursos. La disposición más novedosa de esta nueva ley es la de articular los planes de desarrollo urbano con el sistema de inversión pública, ya que permitiría integrar y ordenar las disposiciones sobre desarrollo urbano y vivienda social, lo cual era el causante de la poca planificación urbana en las zonas de bajos recursos. Además, se priorizará la planificación urbana de manera eficiente y continua a través del Operador Público del Suelo para atender las dificultades de generación de suelo urbano. De esta manera, se buscaría mejorar la eficiencia del otorgamiento de créditos y bonos, ya que una mejor planificación daría lugar a una más rápida construcción de viviendas de interés social.
En conclusión, sí se han adoptado medidas con las cuales reducir el déficit habitacional en el país; sin embargo, los resultados demuestran una poca eficiencia de estas, lo cual implica seguir aumentando y promoviendo los recursos disponibles para la construcción de viviendas de carácter social. El coronavirus dio lugar a la creación de nuevos medios de actuación, lo cual supondría una mejora a futuro para las familias más necesitadas. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta los errores cometidos en los años anteriores, en cuanto a la caída de los apoyos económicos, para garantizar el progreso continuo de estas nuevas medidas y lograr cumplir con erradicar cualquier tipo de déficit habitacional en el Perú.
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Fuentes:
Andina (1)
BID (2)
CEPLAN (3)
Comex Perú (4)
Fondo Mivivienda (5)
Informe Económico de la Construcción (6)
INEI (7)
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (8)
