La inseguridad ciudadana no solo impacta la viabilidad económica de las empresas, sino que también disuade la inversión, erosionando el atractivo del país como destino empresarial. Reforzar la capacidad estatal y evitar el desmantelamiento del Estado para proporcionar seguridad ciudadana es fundamental para proteger los intereses empresariales y promover un entorno propicio para la inversión privada y el crecimiento económico.
Una de las noticias que más atención atrajo de los medios fue el atentado cometido dentro de Minera La Poderosa el pasado 2 de noviembre, que tuvo como saldo la pérdida de 9 trabajadores. Este acto estuvo relacionado con organizaciones criminales involucradas en la minería ilegal, que buscan tomar el control de áreas que actualmente están bajo concesión de la Compañía Minera Poderosa ( ProActivo, 2023). Este trágico suceso pone de manifiesto la problemática de la inseguridad en la que actualmente operan las empresas y la necesidad de tomar medidas para combatir este tipo de actividades delictivas.
El futuro del empresariado es incierto si se considera que casi todas las actividades y sectores se encuentran en riesgo frente al incremento de la inseguridad en Perú (Ojo Público,2022). Las fuentes que la generan son cada vez más complejas y difíciles de ajusticiar; por ejemplo, en las economías ilegales interrelacionadas existe un vínculo entre actividades ilegales y legales, y hay sinergias entre diferentes formas de actividades criminales, como la minería ilegal, la trata de personas, el lavado de activos y la violencia. También, el crimen organizado ha ido en aumento y está constituido por empresas criminales continuas que trabajan racionalmente para beneficiarse de actividades ilícitas. A esto se suma la penetración progresiva de bandas criminales organizadas involucradas en actividades como el cobro de cupos y la extorsión. Estos problemas afectan negativamente a las empresas en términos de pérdidas financieras, daño a la reputación, interrupción de las operaciones y disminución de la moral de los empleados.
Desmantelamiento del Estado y corrupción.
En Perú, el aumento de la inseguridad ciudadana es resultado directo del desmantelamiento del Estado y la corrupción de las instituciones públicas. Por un lado, cuando el Estado se desmantela o se debilita, puede resultar en una falta de recursos y servicios públicos esenciales, como educación, salud, transporte y, crucialmente, seguridad pública. La falta de inversión en estas áreas puede dejar a comunidades enteras desatendidas y vulnerables a la delincuencia y la violencia. Un ejemplo de esto es la República de Ecuador, que tras el proyecto neoliberal que logró reducir al mínimo la inversión del estado de bienestar social y la injerencia estatal en sectores clave; las bandas organizadas empezaron a controlar esos espacios de poder social (Herrera, 2014). Lo que a su vez las fortalece y permite su crecimiento a gran escala, y es el motivo por el que en las últimas fechas este país esté sumido en una crisis de seguridad insostenible.
Por otro lado, la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y administrar la justicia socava la confianza pública en el sistema legal y de seguridad. Cuando los funcionarios encargados de mantener el orden son corruptos, pueden estar involucrados en actividades criminales ellos mismos o pueden ser sobornados para ignorar o encubrir crímenes. Esto puede llevar a la impunidad de los delincuentes y a una sensación generalizada de inseguridad entre la población. La situación es aún más crítica si se considera que en el Gobierno se han enquistado bandas organizadas; y sus líderes se encuentran en las más altas esferas del poder (IDEHPUCP, 2019).
De lo anterior se puede identificar que la dinámica entre la corrupción y el desmantelamiento del Estado es que ambas se alimentan una a la otra en un círculo vicioso. Incluso, pueden agravar las desigualdades sociales y económicas, creando divisiones profundas en la sociedad. La falta de acceso a oportunidades económicas y sociales puede llevar a la marginalización de ciertos grupos de la población, lo que a su vez puede aumentar la desesperación y la propensión a participar en actividades delictivas.
Aunque, el presupuesto destinado a seguridad ciudadana creció a una tasa promedio anual del 8% entre el 2011 y 2020; pasando de S/ 7,900 millones a S/ 12,700 millones, no se observa una clara relación entre un mayor gasto en seguridad y una reducción en la incidencia delictiva (ComexPerú, 2020). Es justamente la ineficiencia de las medidas empleadas por el Estado para controlar y reducir la inseguridad ciudadana la que ha orillado a las empresas a interiorizar dentro de sus finanzas gastos cada vez más altos en seguridad. En ese sentido, el aumento en la inseguridad en un país como Perú tiene un impacto negativo en su atractivo para las empresas y la inversión.
Cuando la inseguridad aumenta, tanto los inversores nacionales como extranjeros pueden volverse cautelosos respecto a establecer operaciones o realizar inversiones en el país. Esto se debe a varios factores interrelacionados que afectan negativamente el clima de negocios y la percepción de riesgo. Por un lado, el aumento de la inseguridad puede aumentar los riesgos operativos, lo que incluye amenazas como robo, vandalismo, sabotaje y secuestro. Estos riesgos pueden resultar en pérdidas económicas directas para las empresas, así como en interrupciones en la producción y distribución.
También, la inseguridad puede representar riesgos significativos para el personal de las empresas, incluidos los empleados y los ejecutivos. Igualmente, las empresas pueden incurrir en costos adicionales para proteger sus operaciones y personal en un entorno de mayor inseguridad. Esto puede incluir inversiones en sistemas de seguridad, contratación de personal de seguridad privada y seguros contra riesgos específicos (Micheller, 2017).
Uso del modelo CAPM
Las afectaciones de la inseguridad en las inversiones pueden analizarse a través del modelo CAPM, que es una herramienta utilizada para determinar el rendimiento esperado de un activo en función del riesgo sistemático (ESAN, 2019).
En este contexto, si la inseguridad en el Perú aumenta, los inversores pueden percibir que el mercado en su conjunto enfrenta un mayor riesgo, lo que podría elevar la prima de riesgo de mercado y, por lo tanto, aumentar el rendimiento esperado que los inversores exigen para invertir en el país. Otra manera en la que puede afectar es a través del beta; con un aumento en la inseguridad, las empresas que operan en el Perú pueden experimentar un aumento en su beta debido a la mayor sensibilidad de sus operaciones a los riesgos asociados con la inseguridad, como interrupciones en la producción, pérdidas por robo o daños a la propiedad. Por último, los inversores pueden percibir que el riesgo país también ha aumentado, lo que podría llevar a una subida en la prima de riesgo libre de riesgo y, por lo tanto, a una disminución en la atracción de la inversión en el país.
Fuente: Financial planning & Analytics (2020).
En cambio, cuando un país logra reducir sus índices de delincuencia, se crea un entorno más seguro y estable que fomenta la confianza de los inversores, lo que a su vez puede impulsar el aumento de la inversión privada. Esto se debe a que los inversores pueden sentirse más seguros (Riesgo percibido) al invertir su capital en proyectos o empresas en ese país, ya que tienen menos preocupaciones sobre la seguridad de sus activos y operaciones. También, mejora el clima de negocios dado que con menos preocupaciones sobre la seguridad, las empresas pueden operar de manera más eficiente y productiva.
Además, un entorno más seguro puede facilitar el cumplimiento de contratos, la expansión de negocios y la atracción de talento, todo lo cual contribuye a hacer que el país sea más atractivo para la inversión privada. También, aumenta la confianza del consumidor, ya que, cuando las personas se sienten más seguras, están más dispuestas a gastar dinero en bienes y servicios, lo que puede impulsar la actividad económica y el crecimiento. El estímulo al consumo puede llevar a un aumento en la demanda de productos y servicios, lo que a su vez puede incentivar a las empresas a invertir en la expansión de su capacidad productiva para satisfacer esa demanda creciente.
El estado como proveedor de la seguridad ciudadana.
La seguridad es un bien público y debe ser provista, principalmente, por el Estado; por eso, es fundamental para el desarrollo económico sostenido que el Estado se fortalezca y pueda proveer de manera más eficiente de la seguridad. A diferencia de otras organizaciones, el Estado cuenta con herramientas y campo de acción determinante para la lucha contra la inseguridad ciudadana. En ese sentido, el Estado tiene la capacidad y los recursos para implementar políticas y medidas de seguridad a nivel nacional, regional y local.
Esto incluye la aplicación de leyes, la prevención del delito, la investigación criminal, la administración de la justicia y la provisión de servicios de emergencia. También, el Estado tiene la legitimidad y la autoridad para hacer cumplir las leyes y mantener el orden público. La presencia de instituciones gubernamentales y fuerzas del orden público proporciona un marco legal y una base institucional para abordar eficazmente la delincuencia y proteger a los ciudadanos.
El salvador es uno de los ejemplos de este fenómeno, pues tras la reducción de los homicidios y percepción de inseguridad, producto de las agresivas medidas para contrarrestar el accionar de las maras y bandas organizadas; la inversión privada ha ido en aumento; especialmente se destaca en el sector turístico.
En síntesis, para abordar eficazmente la inseguridad ciudadana, es fundamental abordar la corrupción y fortalecer las instituciones del Estado para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones de protección y justicia. Asimismo, un Estado fuerte que garantice la seguridad ciudadana es fundamental para el desarrollo de una clase empresarial saludable; dado que, proporciona un entorno estable y seguro en el que las empresas pueden operar, protege sus activos y reduce los costos adicionales de seguridad. Además, contribuye a la atracción de talento y capital humano, lo que impulsa la innovación, el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo.
Referencias:
ComexPerú (2020). El gasto público para seguridad ciudadana creció más del 50%, pero la percepción de inseguridad se mantiene alta. https://www.comexperu.org.pe/articulo/el-gasto-publico-para-seguridad-ciudadana-crecio-mas-del-50-pero-la-percepcion-de-inseguridad-se-mantiene-alta
ESAN (2019). El modelo CAPM y su aplicación en las finanzas. https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/el-modelo-capm-y-su-aplicacion-en-las-finanzas
Herrera,L. (2014). Estado y neoliberalismo en el Ecuador: algunas contradicciones no resueltas. https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/estado-y-neoliberalismo-el-ecuador-algunas-contradicciones-no-resueltas
IDEHPUCP (2019). Convergencias de la corrupción y crimen organizado en el Perú*. https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/convergencias-de-la-corrupcion-y-crimen-organizado-en-el-peru/
Libremercado (2019). Las cifras detrás de Bukele: ¿ha mejorado la seguridad en El Salvador? ¿Y su economía?. https://www.libremercado.com/2023-03-09/las-cifras-detras-de-bukele-ha-mejorado-la-seguridad-en-el-salvador-y-su-economia-6993766/
Micheller (2017). ¿Las empresas peruanas pueden invertir en seguridad? http://michelleringenieros.com/empresas-peruanas-invertir-seguridad-industrial/
Ojo Público (2022). Economía en el 2023: el incierto futuro de la inversión minera en el Perú. https://ojo-publico.com/sala-del-poder/el-incierto-futuro-la-inversion-minera-el-peru
ProActivo (2023). Fallecen 9 trabajadores de minera Poderosa por atentado vinculado con la minería ilegal (Comunicado). https://proactivo.com.pe/fallecen-9-trabajadores-de-minera-poderosa-por-atentado-vinculado-con-la-mineria-ilegal-comunicado/
