El trabajo infantil atenta contra la salud y el desarrollo psicológico de los niños; asimismo, los priva de su niñez, de su potencial y de su desarrollo educativo. A raíz de la crisis generada por el COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió sobre un aumento del trabajo infantil, debido a la precaria situación económica de las familias. En consecuencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Con este objetivo, el gobierno peruano ha decidido mantener el apoyo a las cadenas productivas sin trabajo infantil e incrementar la eficiencia del gasto público en niñas, niños y adolescentes.
Los principales factores asociados al trabajo infantil son la pobreza, ya que el ingreso de las familias es un factor determinante en la decisión de enviar a los menores a trabajar; la educación, pues los altos costos y bajas posibilidades de acceso educativo incrementan la probabilidad de dedicarse al trabajo en edades tempranas; y la tolerancia, puesto que el grado de permisividad que le otorgue la sociedad al trabajo infantil puede generar condiciones de reproducción de este fenómeno. Por tales razones, el cierre de colegios y las bajas oportunidades laborales generadas por la pandemia ocasionó el incremento del trabajo infantil en todas las regiones del país.
En coordinación con la cláusula de flexibilidad del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en el Perú, la norma estipula que la edad mínima para la admisión al empleo es de 14 años, con excepciones dependiendo del sector económico. De esta manera, según el informe técnico del INEI para el último trimestre del 2020, la población de 14 a 17 años que estudiaba y trabajaba, y aquella que solo trabajaba, era del 25.8%, lo que suponía un aumento del 4.9% con respecto al mismo trimestre del 2019. Además, el director de la Oficina para los Países Andinos de la OIT reconoció que también los niños y niñas de entre 5 a 13 años participaban de actividades agrícolas, mineras y ventas callejeras que, junto con los adolescentes, suman cerca de 818 mil menores de edad trabajando.
Si bien la norma establece una edad mínima para la contratación de empleados, esta no garantiza el respeto a la misma, lo cual se refleja en la existencia de niños trabajando con una edad inferior a la mínima; ni garantiza que las empresas cuenten con las condiciones suficientes para proteger la seguridad y desarrollo de los menores. De esta manera, se reconoce que un incremento de la tasa de trabajo infantil ocasiona un efecto negativo en la salud física de los niños y aumenta la posibilidad de deserción escolar, lo que disminuye las posibilidades de conseguir mejores ingresos en el futuro (perpetuando la problemática entre generaciones. Además, un bajo nivel educativo de la población disminuye, en el largo plazo, la productividad del capital humano del país. Debido a la existencia sostenida de esta problemática, el Gobierno implementó la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, y, actualmente, renovó su compromiso de erradicar el trabajo infantil hacia el año 2025 fortaleciendo el logro de los objetivos de esta Estrategia.
Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional, relacionado a las apropiadas condiciones de trabajo, se busca lograr a través de la creación e implementación del sello “Libre de Trabajo Infantil” en las empresas. Este tiene como finalidad incentivarlas a erradicar el trabajo infantil presente en sus procesos productivos y/o de prestación de servicios, o que se cumplan plenamente los parámetros de la ley si presentan empleados de 14 a 17 años de edad. Los beneficios que podría traer a la empresa la utilización de este sello son la ventaja competitiva en mercados internacionales más sensibilizados con el tema, la mejora de su posicionamiento en mercados socialmente responsables y la posibilidad de atender correctamente la demanda de productos que cumplan con estándares de responsabilidad social. Actualmente, el número de empresas que cuentan con el sello “Libre de Trabajo Infantil” son siete y en su mayoría, son empresas agrícolas.
Otro de los objetivos de la Estrategia Nacional, con la finalidad de influir en los ejes de educación, pobreza y condiciones de trabajos, se viene alcanzando a través del incremento del gasto público en niños, niñas y adolescentes. Este gasto se divide en gasto específico, aquel que se dirige totalmente a niñas, niños o adolescentes entre los 0 y 17 años; y gasto no específico, aquel que no se orienta exclusivamente a ellos, pero sí los incluye dentro de su población objetivo. En el año 2016, el gasto específico equivalía a 26,659 millones de soles y en el año 2019 ascendió a 31,102 millones de soles, lo que equivale a un aumento de 16.67%. Esto evidencia un mayor interés estatal por mejorar la situación social, educativa y de salud de la población menor de edad.
Por otro lado, parte del gasto público en niños, niñas o adolescentes se vincula con los grupos de derechos de la niñez, tales como los derechos a la supervivencia, los derechos al pleno desarrollo, los derechos a la protección y los derechos a la participación. Los derechos al pleno desarrollo, que guardan relación directa con la educación, tuvieron un aumento total del gasto devengado de un 18.82% (de 18,032 a 21,425 millones de soles), y los derechos a la protección, que guardan relación con el abuso y la explotación, tuvieron un aumento total del gasto devengado de un 42.9% (de 335 a 479 millones de soles). De esta manera, el gobierno sí ha manifestado un incremento en la focalización de los recursos dedicados a la prevención del trabajo infantil a través de la mejora del sector educativo, de la prevención y del acceso a justicia de los niños en condiciones de explotación.
En conclusión, es necesario reducir los niveles de trabajo infantil presente en el país, pues repercute negativamente en la formación académica de los niños, en su integridad física y en su integridad emocional. Además, las características físicas de los menores de edad los vuelve más vulnerables que los adultos y trabajar impide otorgarles las posibilidades de un sano desarrollo social con otros niños. El Perú ha venido implementando varias medidas de carácter normativo y económico con el fin de prevenir la exposición al trabajo infantil a través del aumento del presupuesto en el ámbito educativo y desincentivando la contratación de menores de edad. Estas medidas deben continuar implementándose y expandiéndose con el fin de lograr los beneficios de la erradicación del trabajo infantil, tales como el mayor acceso a otros mercados (son cada vez más los mercados que buscan proveedores con producción libre de trabajo infantil), un aumento de la productividad futura gracias al desarrollo de una mano de obra adulta cualificada y el incremento de los ingresos laborales futuros de los niños.
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Fuentes:
INEI (1)
Iniciativa Regional (2)
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (3) (4) (5)
Organización Internacional del Trabajo (6)