Autor: André Lama
Introducción
La actual crisis sanitaria ha revelado e intensificado, en el caso peruano como en otros países de la región, condiciones de vulnerabilidad que existían a la par del crecimiento económico producto del superciclo de minerales de la primera década de este siglo. Las que se tornaron evidentes, sobre todo en las grandes ciudades del país, fue la poca seguridad laboral y debilidad de los servicios públicos, como de educación y salud. Sin embargo, uno de los aspectos de vulnerabilidad más importantes que se amplió en el tiempo de pandemia, que muchas veces no obtiene la atención debida, fue la alimentaria.
En el presente texto, voy a realizar una revisión de conceptos ligados a este, como el régimen alimentario, la intensificación de la economía de mercado, la liberalización de normas de términos de comercio internacional en el sistema alimentario y el acaparamiento de tierras y recursos. Además se comentará sobre cómo estos están ligados con la seguridad alimentaria y que, en contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ha provocado un aumento en la vulnerabilidad en la población que reside en espacios rurales y la de menores recursos en las áreas urbanas.
Vulnerabilidad y seguridad alimentaria
Según un informe de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (o por sus siglas en inglés, FAO) define la seguridad alimentaria cuando : “ (…) todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana” (La Cumbre Mundial sobre la Alimentación 1996), y lo plantea alrededor de 4 dimensiones: según la disponibilidad física de alimentos, acceso económico y físico a estos, utilización nutricionalmente óptima de los alimentos y la estabilidad en el tiempo de las 3 dimensiones anteriores (FAO 2011). Una de las principales causas de la inseguridad alimentaria es la pobreza monetaria, por falta de capacidad adquisitiva para poder consumir una dieta nutritiva. Otra causa importante, y más estructural que la anterior, es la pobreza multidimensional, debido a que sin la necesaria infraestructura para transportar alimentos en buenas condiciones o para acceder a mercados y comprarlos tampoco se podrá tener a una alimentación nutritiva, balanceada y culturalmente apropiada (Zavaleta et al 2017; Vera Delgado 2015). En este sentido existe una brecha alimentaria por múltiples causas, que termina definiendo poblaciones mejor alimentadas que otras lo cual termina perpetuando y ahondando diferencias socioeconómicas entre poblaciones en un mismo territorio o región. Esto sería debido a que una población peor alimentada será más vulnerable a enfermedades como también tendrá más dificultad en la acumulación de capital humano a largo plazo, reduciendo su movilidad social.
Según Seo y Rodriguez (2012), también existe un componente geográfico de esta brecha, tanto entre el llamado “Sur y Norte Global”, donde se definen mundialmente los espacios donde se producen los alimentos y otros donde se consumen e importan estos alimentos. La definición y diferenciación entre estos dos espacios se dan por razones históricas que configuran relaciones desiguales de “dependencia”. Es así que los países del “Sur Global” suelen tener gobiernos con falta de institucionalidad democrática alimentaria como también falta de recursos y logística para lograr garantizar seguridad alimentaria para su población, a diferencia de los países del “Norte Global”. Si bien a nivel macro se da esta relación entre estas dos regiones, también se da en una misma región, incluso en un mismo país, que termina ahondando las diferencias socioeconómicas entre los espacios urbano-rurales.
Según el autor Philip McMichael (2009), la seguridad alimentaria como la producción y cadenas globales de valor nos describe cómo el capitalismo produce y se reproduce y cómo es que, mediante un análisis histórico, este nos detalla relaciones de poder nacionales e internacionales. Es así que acuña el término de “régimen alimentario” (o “food regime”) para situar y explicar estas relaciones productivas y capitalistas entre las áreas dónde se produce la comida y dónde se importa, consume o acumula mayoritariamente. Uno de los comentarios de este autor sobre las crisis alimentarias del último siglo es que destaca que el problema alimentario no es un problema de producción sino de distribución de esta. Es así que señala que el último régimen alimentario se basa en uno corporativo, dirigido por inversiones internacionales y que mundialmente ha tendido a centralizar tierras y recursos naturales a través de las agroindustrias. Este periodo se da también en un contexto de liberalización de términos de comercio internacional, cambio climático y auge del biocombustible.
La última gran crisis alimentaria que se dio entre el 2007-2008 que elevó internacionalmente los precios alimentarios nos mostró debilidades de un modelo de desarrollo alimentario (McMichael 2014). Este modelo, fomentado por la FAO, trata de reducir la inseguridad alimentaria a través de soluciones basadas en el comercio internacional y la agroindustria. Una de estas debilidades fue la vulnerabilidad a este sistema alimentario a la especulación y las fluctuaciones (y crisis) del sistema financiero internacional. Otra debilidad fue el desplazamiento y vulneración a comunidades y población campesina alrededor del mundo a través del acaparamiento de tierras y recursos naturales, fomentando la seguridad alimentaria de unos sobre la de otros (Eguren 2013).
“Land grab” y el acaparamiento de tierras y de recursos
Para abordar el proceso de acaparamiento mencionado en el párrafo anterior, hay que contextualizar a qué se refiere este concepto y en qué momento se da. Como mencioné anteriormente, si bien ya habían existido desde hace más de un siglo la existencia de grandes extensiones de tierra en manos de unos privados, hoy en día esta concentración es mayor (Anseeuw et al 2013; Land Matrix 2020). Este proceso comienza en la década de los 90’s y se consolida en la primera década de este siglo. El contexto se da en un ambiente de mayor competencia global y articulación del mercado internacional, que permite la existencia y consolidación de cadenas globales de valor en el sector alimentario. Esto genera una mayor presión de los recursos y atrae inversores internacionales a través del mercado de valores internacional. En el 2007-2008, en contexto de la crisis financiera, comienza un proceso llamado como “land rush” o fiebre por la tierra debido a un efecto en cadena provocado por un aumento del precio del petróleo y una presión en la demanda de biocombustible (Borras et al 2013). Este material es polémico por ser una opción para reemplazar en cierta medida a los combustibles fósiles como también una opción que fomentaba la existencia de monocultivos para su fabricación, generando presión sobre los recursos hídricos también. Esta presión sobre el biocombustible como una opción de inversión rentable dio incentivos para la transición de cultivos a insumos de este biocombustible, lo cual provocó un desabastecimiento mundial del cultivo de alimentos, aumentando su precio en los mercados internacionales. Frente a esto, la reacción que tuvieron varios países industrializados y con una gran población (entre ellos, Brasil, Rusia, India y China) fue de comprar tierras en África para garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes, desplazando poblaciones y trasladando la inseguridad alimentaria a otro continente (Eguren 2013).
Este accionar tuvo gran revuelo internacionalmente, gracias a activistas, periodistas y organizaciones alrededor del mundo, al punto que incluso la FAO promovió investigaciones para entender por qué sucedía y qué posibles acciones se podrían realizar para detener sus efectos dañinos (McMichael 2014). Entre las razones encontradas en estas estas primeras investigaciones sobre el acaparamiento de tierras, aparte de las descritas anteriormente, fueron: el aprovechamiento de países y grupos de inversionistas de gobiernos con débil gobernabilidad democrática, marginalización de los programas de desarrollo en estos países de la pequeña agricultura (donde se les concibe como una señal de atraso o subdesarrollo y no recibían políticas de inversión estatal debido a su baja rentabilidad) y la exclusión de los grupos humanos económicamente vulnerables al sistema de tenencia de tierras rurales, debido a que las compras masivas de estas tierras subían su precio, siendo este un mecanismo de desplazamiento de esta población.
Si bien los resultados de estas investigaciones, tanto académicas como periodísticas, revelaron y denunciaron este tipo de acaparamiento específico (que se dio mayormente en África), numerosas investigaciones posteriores mostraron que este era un fenómeno global que sucedía de diversas maneras en varias regiones del “sur global” (Latinoamérica y el Caribe, África, Medio Oriente, Asia, etc.). Reconceptualizando y complejizando el concepto de “land grab” o acaparamiento de tierras, como un proceso de reestructuración agraria vinculada con la expansión del capital sobre las áreas rurales del “sur global» (McMichael 2009).
En este sentido, que este acaparamiento no sólo se da por compras masivas de tierra sino el control, bajo otros medios, de la cadenas de valor alimentarios como el arrendamiento o a través de “agricultura por contrato” con comunidades campesinas (donde se suelen generar relaciones desiguales con estas comunidades y presiones sobre los recursos), a través de “joint ventures” o grupos de inversionistas nacionales o “off-shore” que fomentan o presionan inversiones (públicas o privadas) de infraestructura hidráulica para la expansión de la frontera agrícola, control de los recursos naturales o bienes comunes (como el acaparamiento de los derechos del agua) o el control sobre la mano de obra, etc (Borras et al 2013). Es necesario entender este proceso como un proceso dentro de otros, tal como nos daba a entender el término de “food regime”, donde estos cambios describen la transición a una fase dinámica de la acumulación capitalista, donde esta converge con numerosas crisis (climática, energética, sanitaria, ambiental o financiera) y estas promueven (o empujan) a los inversionistas a buscar generar más valor o capital al menor riesgo, y esto se consigue a través de cultivos flexibles como en la agroindustria (McMichael 2009).
Es así que, tomando el proceso de acumulación de tierras, de una manera más amplia y estructural, podemos observar que este proceso también en Latinoamérica con más claridad, donde no necesariamente ha habido proceso de “extranjerización” en la compra de de tierras sino que se puede dar por agentes y personas en un mismo país o ciudad (como en el caso peruano con el Grupo Gloria) (Borras et al 2013). En este sentido, tenemos que dar cuenta que en esta región no sólo se ha dado el “acaparamiento” de tierra o recursos en el sector alimentario sino también en el de minerales, industrial, hidrocarburos, forestales, energético, etc. En la región, este ha sido un tema complejo que ha estado ligado al poder político, donde los Estados han tenido roles contradictorios (aunque en muchos de los casos ha tomado el rol de garante para el capital privado invertido, sobre todo con el avance del modelo de desarrollo neoliberal en la región) (Burneo 2011).
Cabe destacar que en muchos casos las poblaciones vulnerables ante estos cambios de producción alimentaria no responden con resistencia debido a que el impacto del efecto del acaparamiento y control de los recursos ha sido heterogéneo y de impactos diferenciados. También, en numerosos casos, estas poblaciones se negocian y aceptan los cambios que generan estas empresas debido a la falta de alternativas de propuestas de desarrollo local desde el gobierno u organizaciones campesinas o de agricultores (Dekeyser et al 2017; Lastarria-Cornhiel 2011). En este sentido, en el siguiente apartado voy a describir la respuesta de organizaciones campesinas internacionales a este proceso de acaparamiento: la soberanía alimentaria y la agroecología.
La agroecología y la soberanía alimentaria
Según McMichael (2014), en respuesta al proceso de intensificación y penetración de la agroindustria y de distintas, el movimiento campesino de “La Vía Campesina” propuso, en 1996, el término de “soberanía alimentaria” para reclamar los derechos de los campesinos y que toda comunidad tiene sobre sus territorios y su alimentación. Estos derechos son, el acceso a una alimentación y decidir cómo alimentarse, el derecho a poder decidir qué producir y gestionar sobre su propia producción agrícola y el cómo velar y controlar el manejo de los recursos naturales en los territorios de su comunidad, de manera democrática y horizontal. De esta manera, demandan mayor apoyo de las autoridades nacionales e instituciones no gubernamentales para fomentar el desarrollo y la producción agrícola local. La soberanía alimentaria, como movimiento social, “van más allá del acceso de alimentos y la eliminación de dependencias energéticas (…), representa un proyecto ecológico como una propuesta económica y social orientada a erradicar la pobreza y superar las relaciones sociales de opresión” (Ariza Arias 2019).
En este sentido, uno de los pilares de poner en práctica la soberanía alimentaria es la agroecología, la cual consiste en integrar “estrategia sistémica de desarrollo local”, donde se tome en cuenta tanto los conocimientos y enfoques científicos como la “expresión de saberes, conocimientos y experiencias propias de los agricultores(as)” (Ibid.). En este sentido, un política o proyecto de desarrollo rural y local que parta de los principios de la agroecología y la soberanía alimentaria debería integrar “en la construcción de soberanía el potencial libertador de la ciencia y la tecnología moderna para garantizar la permanencia y el bienestar de las comunidades en los territorios” (Ibid.).
En este sentido, el proyecto más exitoso de soberanía alimentaria en el Perú es el de “Sierra Productiva”, el cual es impulsado por la “Federación Departamental Campesina del Cusco” o FDCC y el “Instituto Alternativa Agraria” o (IAA). Este proyecto fue impulsado por primera vez en 1994 en la provincia de Canas y a partir del 2000 se extendió por todo el Perú, llegando a beneficiar en el 2014 a cerca de 60 000 familias (Ibid.). El proyecto consiste en realizar un acompañamiento al campesino en las distintas etapas de su producción y buscar de hacerlo partícipe de la cadena de valor de los alimentos, proveyéndoles de capacitación, tecnologías de costo cero y con energías renovables, infraestructura productiva eficiente, mejoramiento genético de ganado y semillas, planes de producción y comercialización, etc. Según Podestá et al (2018), los beneficiarios del proyecto lograron aumentar sus ingresos de 80 a 120 nuevos soles al mes a 300 o 500 nuevos soles en el primer año, y al finalizar el tercer año, este aumentaba hasta 1000 a 2000 nuevos soles. Otros beneficios que recibieron fue un freno a la migración temporal, mayor seguridad alimentaria, dinamización de la economía local y regional y el fomento de una economía emprendedora.
A manera de conclusión: una reflexión sobre los efectos de la pandemia sobre seguridad alimentaria
Ahora bien, si bien ejemplos como la de “Sierra Productiva” pueden tomarse como casos de éxito para fomentar una mayor seguridad alimentaria como también de reducción de la pobreza y fomento del desarrollo local, estos aún tiene muy poco alcance a nivel nacional debido a que no están integrados en una estrategia nacional de largo plazo con organizaciones nacionales. En otros casos de la región, el artículo de Zavaleta et al (2017), nos señala cómo la falta de capacidad del Estado en fomentar proyectos de desarrollo local que sean multidimensionales y a largo plazo que integren a las poblaciones beneficiarias en el diseño de la política.
Como hemos explicado, los efectos del acaparamiento y control de los recursos naturales y tierras de parte de grandes empresas pueden perjudicar de gran manera a las poblaciones más vulnerables que dependen de la agricultura familiar, tanto por el acaparamiento de infraestructura como del control de agua, aumentando sus niveles de pobreza multidimensional como monetaria, ya que no pueden competir en los mercados nacionales con los productos agroindustriales. Esto genera que no sólo nuestro sistema alimentario nacional dependa de las importaciones, sino también lo convierte más vulnerable a las fluctuaciones especulativas del comercio internacional de alimentos. Esto perjudica sobretodo a las personas de menores ingresos en los espacios urbanos, los cuales ante un aumento súbito de precios de alimentos estarían condenados a no poder llevar una dieta nutritiva y balanceada, y que sean aún más vulnerables a cualquier crisis internacional que haga que el precio de los alimentos (y de la canasta básica se aleje aún más de sus presupuestos, como una pandemia mundial (Clapp et al 2020).
Ante la necesidad, la vulnerabilidad y falta de apoyo gubernamental en muchos casos genera las condiciones para provocar acción colectiva en una población. En el caso peruano (AFP 2021), en los distritos más pobres de Lima Metropolitana, frente al aumento de desempleo y profundización de la crisis económica provocada por la pandemia, se gestó lo que se llamó “Ollas comunes” donde se realizaba una junta en el vecindario y con el dinero recaudado las mujeres encargadas preparaban alimentos para cada una de sus familias. De manera similar se podría tomar en cuenta la iniciativa de “Sierra Productiva” y las acciones de los ronderos en las comunidades campesinas a lo largo del país para gestionar y distribuir alimentos entre las familias campesinas; sin embargo, por la falta de apoyo gubernamental estas iniciativas son insuficientes.
La falta de políticas de desarrollo local y fomento de los productores agrarios, donde se integre la soberanía alimentaria con la agroecología, y que logre generar seguridad alimentaria para todos los peruanos ha sido una de las dimensiones que convirtió a nuestro país en uno de los más vulnerables ante la pandemia. Son urgentes políticas que integren a la agricultura familiar y las comunidades campesinas en el sistema alimentario y promuevan el desarrollo local en sus territorios para asegurar una verdadera seguridad alimentaria a nivel nacional, y se cumpla con el derecho humano a la alimentación que está estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Jusidman-Rapoport 2014).
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Bibliografía
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