El envejecimiento poblacional y las proyecciones fiscales en el Perú

Según las proyecciones de INEI (2009), en 2050, las personas mayores de 65 años pasarán a representar el 16,1% de la población total, habiendo sido en 1950 solo un 3,5%. Esta recomposición poblacional tiene consecuencias importantes sobre diversos ámbitos económicos como el mercado laboral, las transferencias intergeneracionales, costos fiscales, entre otros.

Desde una mirada dinámica, se entiende que la composición etaria del presente responde a un proceso de transición demográfica que comenzó en el pasado. De acuerdo a Lee (2003), la distribución de edades cambia porque en una primera fase del proceso la tasa de dependencia de niños es alta a medida que la mortalidad infantil cae, luego las tasas de fertilidad caen y por consiguiente las tasas de dependencia en niños también. En una tercera fase, el incremento de la longevidad lleva a que ahora sean los adultos mayores los dependientes mientras la baja fertilidad frena el crecimiento de la población en edad de trabajar. Teniendo en cuenta ello, se puede entender por qué la población peruana está envejeciendo. Según las proyecciones de INEI (2009), en 2050, las personas mayores de 65 años pasarán a representar el 16,1% de la población total, habiendo sido en 1950 solo un 3,5%. Esta recomposición poblacional tiene consecuencias importantes sobre diversos ámbitos económicos como el mercado laboral, las transferencias intergeneracionales, costos fiscales, entre otros. En el presente artículo se pretende realizar un análisis exploratorio sobre este último aspecto que involucra al Estado.

Se contará con una población más envejecida debido, en principio, a las mejoras en cuidado de salud, económicas y tecnológicas del pasado último siglo. Siguiendo la línea de Cotlear, la transición demográfica hacia una población más envejecida es signo de que a la par ocurre una “transición en salud” (2010). Eso es reflejado en la caída en las tasas de mortalidad infantil desde la segunda mitad del siglo pasado en que las enfermedades parasitarias e infecciosas dejaron de ser una causa común de muerte. Lo mismo ocurrió en la reducción de tasas de mortalidad de jóvenes y personas de mediana edad. Si bien los riesgos de este tipo progresivamente se han ido reduciendo, estos cambios han abierto camino a otro tipo de problemas de dominio social.

El caso peruano es comparativamente distinto a lo ocurrido en otras economías avanzadas e incluso a ciertas economías latinoamericanas cuando se habla de la economía del adulto mayor. De acuerdo a García (2012), la fragilidad de la protección del adulto mayor en el Perú es evidente al observar que, al llegar a una edad avanzada, su seguridad recae sobre las transferencias de hijos hacia padres y en menor medida en la acumulación de activos o en transferencias públicas. Por lo tanto, dada la composición poblacional del presente en que el promedio de edad es 27 años aproximadamente¹ y la participación del adulto mayor en el total de la composición poblacional es aún moderada, se espera que en un futuro su situación sea precaria.

El Estado cumple un rol importante en este contexto a través de la calidad de servicios que brinda por medio de sus políticas sociales. Sin embargo, su margen de acción se encuentra restringido por los recursos financieros con los que cuenta. Por lo tanto, se puede decir que se presenciará un problema bidimensional para el caso específico del envejecimiento poblacional. Por un lado, al envejecer se incrementará la demanda por atenciones en temas de salud y pensiones. Por otro lado, se encuentra el tema de financiar esta mayor dependencia poblacional de acuerdo a la restricción de los recursos del Estado. La literatura ha evaluado esta problemática de forma prolija. Bernal (2016) encuentra en un modelo de simulación al 2075 que los gastos destinados al sistema de beneficios definidos y de pensiones no contributivas como Pensión 65, crecerán entre dos o cuatro veces como resultado del envejecimiento. Con el uso de otra metodología y enfatizando el financiamiento estatal, García (2012) halla que, si la economía creciera a un ritmo de 3,5%, Essalud sería incapaz de proponer mejoras en la satisfacción de las necesidades de sus asegurados y si el crecimiento fuera menor seria insostenible financieramente. De forma agregada y comparativa, Miller et al (2011) realizó un estudio para diez países de América Latina encontrando, que es probable que el financiamiento en salud compita con el de pensiones, y por ello instó a que el tema de la sostenibilidad del sistema de protección social sea un tema en constante debate.

En suma, se señaló, en consonancia con la teoría económica del adulto mayor, que una gran proporción de personas en el Perú se encontraban desprotegidos cuando llegaban a una edad avanzada. A la vez, se resaltó que la transición hacia una composición etaria con una mayor cantidad de personas mayores de 65 años en el futuro exige repensar el régimen de bienestar social que actualmente imparte el Estado. No solo por el gasto que implica atender a una mayor población de cohortes más altas en temas de salud y pensiones, sino también por la forma como el Estado manejará la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.