El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza anunció el compromiso que tiene el gobierno de transición por tener finanzas públicas sanas para el próximo gobierno. Sin embargo, existen ciertas leyes propuestas desde el poder legislativo que podría afectar este propósito.
El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ha expresado su fuerte compromiso con respecto a los temas fiscales del gobierno del presidente Sagasti. Él explica que, durante el 2020, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el gobierno tuvo un aumento fuerte del gasto público a costa de la disminución de la recaudación tributaria como consecuencia de la política fiscal expansiva que se implementó. Así, explica que tuvimos un “déficit fiscal de 9% del producto bruto interno (PBI), por lo cual nos endeudamos por alrededor de 18,000 millones de dólares”.
En este 2021, el titular de la cartera de economía se encuentra más optimista sobre la situación de las finanzas públicas. Él explicó que el gobierno “espera terminar con un déficit fiscal de 5% del PBI”. Para lograrlo, se busca reducir el déficit fiscal sin descuidar otro tipo de obligaciones del gobierno con la población, como “la salud, la emergencia y la compra de vacunas”.
Sin embargo, el ministro muestra su preocupación ante algunas leyes, que vienen siendo impulsadas desde el poder legislativo, que influirían negativamente en las finanzas públicas del país. Aclara que estos efectos no se manifestarán en el gobierno actual, pero sí en los venideros.
Leyes presentadas al Tribunal Constitucional como inconstitucionales
El ministro Mendoza afirma que son dos leyes, la Ley del Fonavi y la Ley de negociaciones colectivas, consideradas por el poder ejecutivo como inconstitucionales.
Con respecto a la primera ley, esta iniciativa se basa en garantizar el cumplimiento del pago hacia los aportantes del Fonavi. Como es de conocimiento, durante los años 80 y 90, diversas personas, como trabajadores, empleadores y el Estado aportaron al Fonavi, un fondo con el fin de construir viviendas. Sin embargo, estos aportes no han sido devueltos a sus contribuyentes, por lo que se creó una ley que permita devolverles su dinero.
El ministro manifiesta que se estuvo llevando a cabo estas devoluciones a los trabajadores; no obstante, con esta nueva Ley del Fonavi que propone el congreso se ha interrumpido este proceso, puesto que ahora “se debe devolver a los trabajadores no solo lo que ellos aportaron, sino también lo que el Estado y los empleadores aportaron”. Asimismo, otro cambio que se está planteando con la nueva es que para la devolución de los aportes esta se debe calcular considerando la tasa de interés y de inflación. Así, según los cálculos hecho por el gobierno, Mendoza explica que es una suma impagable ya que representa “casi 50 veces el PBI de China”.
Con respecto a la Ley de negociaciones colectivas, Mendoza pone un ejemplo para entenderla. Puede haber una discusión entre un sindicato y la municipalidad, hay una negociación colectiva, pero no hay ningún acuerdo. De esta manera, se van a un laudo arbitral. Es aquí donde ganan propuestas de trabajadores que resultan costosas para el Estado. Estos laudos también pueden ser entre el estado y municipios, empresas públicas, la Sunat, etc. Así, esta situación representa un costo muy alto para el Estado, según los cálculos estos oscilan “entre 2,000 millones y 6,000 millones de soles al año”.
La inconstitucionalidad de ambas leyes se encuentra en la violación del artículo 79 de la Constitución. Este artículo se basa en que el congreso no tiene iniciativa de gasto. Por ende, el Estado ha decido recurrir al Tribunal Constitucional para poder declarar ilegales dichas leyes.
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Fuente:
Andina (1)
