Económica

Informalidad en el Perú: actualmente existen 11, 9 millones de trabajadores informales

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Según cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 72.6% de la población económicamente activa se encuentra laborando en condiciones informales.

El Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima (IEDEP-CCL) recientemente ha publicado los resultados de su informe acerca de la informalidad en nuestro país. En él se señalan que los sectores agro y servicios son los que concentran la mayor cantidad de trabajadores informales. El informe señala la importancia de mantener la Ley de Promoción Agraria que favorece a las actividades agrícolas y agroindustriales. Una de las consecuencias de ya no contar con esta ley sería el incremento de la informalidad en este sector.

El director ejecutivo del IEDEP-CCL, César Peñaranda, explicó que «el empleo informal en el país es producto de una baja productividad de los trabajadores que actúan en un mercado laboral rígido, con costos de contratación y de despido elevados”. Además resaltó la importancia de promover políticas públicas que mejoren el saldo costo-beneficio de ser formal.

De acuerdo al estudio multidimensional de la OCDE, la informalidad laboral en el Perú es uno de los principales problemas para la economía. Sin embargo, por su complejidad existen diferentes aproximaciones sobre cómo abordar el problema. Quizá el mayor investigador en este campo sea Hernando de Soto. En El otro sendero, detalló las consecuencias y los costos que esta podría tener a largo plazo en la economía del país. Pese a que este libro fue escrito en la década de los ochenta, la situación parece no haber cambiado.

De Soto afirma que “la verdadera clase revolucionaria está compuesta por micro, pequeño y medianos empresarios que durante la última mitad del siglo XX empezaron a migrar del campo a la ciudad para buscar empleo en las fragmentadas economías de mercado informal” (De Soto: 2009).

También sostiene que estos empresarios quieren vivir dentro del ámbito de la ley pero que por factores burocráticos no pueden. El sistema legal vigente es su principal obstáculo debido a lo engorroso que puede resultar regularizar su situación, pero el tiempo y dinero que se ahorran momentáneamente, luego les cuesta muchos beneficios a futuro.

Asimismo, carecer de acceso a un sistema legal formal les impediría pedir préstamos y apalancar recursos. Entre otros problemas, se encuentran también la ausencia de patentes y regalías para proteger innovaciones. Como consecuencia, sin contratos o justicia no podrán desarrollar proyectos a largo plazo.

Fuentes:

Diario Gestión (1)

Cámara de Comercio de Lima (1)

Estudio multidimensional, vol.II, de la OCDE

El otro sendero, de Hernando de Soto

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