Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 le demostraron al mundo la recuperación de Japón tras la triple crisis que sufrió en 2011. Pese a ello, fueron varias las razones por las cuales ser sede de este evento resultó en pérdidas económicas estimadas que ascienden los $15.000 millones. Sin embargo, no es la primera vez que el país organizador incurre en gastos mayores a los previstos, por lo cual es necesario evaluar las razones de la baja rentabilidad de los Juegos Olímpicos y los mecanismos para evitar este resultado.
Los primeros Juegos Olímpicos se dieron en Grecia en 1896. Desde entonces, diversos países han sido sede de este evento que busca contribuir al desarrollo del deporte y al fomento de objetivos humanitarios. En esta ocasión, Japón fue el país encargado de organizar el desarrollo de las competencias y garantizar el bienestar de los competidores. Sin embargo, razones como la postergación del evento, las restricciones de aforo y la falta de patrocinadores ocasionaron que los gastos e ingresos estimados disten mucho de ser los que efectivamente se dieron.
En el año 2013, se calculaba oficialmente un costo total de $7.300 millones. Con el paso de los años el presupuesto pronosticado ascendió hasta alcanzar la cifra de $15.400 millones en 2019 y, finalmente, la Junta Nacional de Auditoría de Japón informó que el costo total fue de $22.000 millones aproximadamente. Era de esperarse que estos costos pudiesen ser cubiertos con los diferentes ingresos que se realizarían con el evento. Sin embargo, los acontecimientos no fueron los pronosticados.
En primer lugar, la postergación de los Juegos Olímpicos debido a la crisis sanitaria del Covid-19 resultó en un gasto adicional de entre $2.800 y $5.000 millones por conceptos de inversión. Asimismo, la preocupación por la propagación del virus ocasionó que se prohíba la entrada de espectadores en los diferentes escenarios, por lo que se perdieron los ingresos esperados por ventas de entrada que resultaban en casi $810 millones. En segundo lugar, fueron varias las empresas que optaron por no formar parte de los patrocinadores, pues, con las varias restricciones, su valor comercial decayó.
En tercer lugar, también se estimaron pérdidas para el turismo, pues se esperaba la visita de más de 600 000 personas, pero debido a varias restricciones de vuelos no se alcanzó esta cifra. Esto ocasionó que no se generen los ingresos esperados en el consumo y alojamiento de los turistas, monto que solo puede ser calculado a través de estimaciones. Asimismo, esta caída del turismo esperado ocasionó que varias de las obras de infraestructura, principalmente para el alojamiento o la venta de productos en referencia a las competencias, queden inconclusas y sin ningún tipo de uso económicamente viable para después de la clausura de los Juegos Olímpicos. Todas estas circunstancias provocaron que las pérdidas para el país se estimen entre $15.000 y $23.000 millones.
Sin embargo, a pesar del contexto particular en el cual se dieron estos Juegos Olímpicos, no es novedad escuchar que los gastos del país sede del evento fueron mayores de los previstos. Según The New York Times (2021), las proyecciones optimistas que se han dado en los diferentes países sobre el impacto económico que trae ser el país organizador nunca se han asemejado a lo ocurrido en la realidad. Para mencionar algunos ejemplos, Brasil gastó $6.000 millones más de lo estimado para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se gastaron $13.000 millones más de lo estimado.
A pesar de las pérdidas que pueden tener los países organizadores, sí existen ganadores que promueven seguir continuando con la ejecución de este evento, tales como la industria de la construcción y el Comité Olímpico Internacional (COI). Ser sede de los Juegos Olímpicos requiere poseer la infraestructura adecuada para dar lugar a un buen desarrollo de los deportes y a brindar comodidad a los deportistas y a los espectadores. Todo esto se logra a través de enormes inversiones en la construcción de villas deportivas, estadios olímpicos o renovación de las áreas que claramente benefician a las empresas constructoras y no necesariamente a la economía local.
Por otra parte, el COI, encargado de coordinar todas las actividades concernientes a los Juegos Olímpicos, recibe sus ingresos del patrocinio de las empresas, de la venta de derechos de emisión, de las ventas de entradas y de la concesión de licencias. Así, a lo largo de los años sus ingresos han presentado un incremento constante duplicando en 2016, con un monto de $5.700 millones, el valor obtenido entre el 2000 y 2004. En esta ocasión, si bien la postergación les ocasionó pérdidas de $55 millones, la renovación de los contratos con sus patrocinadores, los acuerdos de licencia y la participación en programas de marketing les permitió obtener ganancias (además de otros activos corrientes que le permiten su sostenibilidad a largo plazo). Esto demostraría que la ejecución de este evento no reflejó, necesariamente, una situación imposible de manejar para todos los agentes involucrados.
Asimismo, no se puede hablar de la poca rentabilidad económica de ser sede de los Juegos Olímpicos y de la continuación de este evento sin mencionar a Andrew Zimbalist, economista estadounidense especializado en la economía e industria del deporte. Según él, el contexto tecnológico actual, en donde existen grandes redes de telecomunicaciones internacionales y son varios los países que poseen la instalación adecuada para el evento, permite no tener porqué elegir países organizadores que requieran realizar sobrecostos para poder construir grandes monumentos en poco tiempo y que no tendrán un uso efectivo en el futuro (elefantes blancos). Para el economista, el COI al solo apoyar en los costos operativos (y no a los relativos a la construcción) y, por lo tanto, permitirse poseer ganancias, debería elegir países en base a las instalaciones ya existentes y no en base a las instalaciones potenciales.
En conclusión, son pocas las razones para continuar realizando este evento de la manera actual. Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 evidenciaron una vez más la magnitud que pueden alcanzar los gastos en los que incurre el país organizador y las constantes desventajas que se obtienen al serlo. Así, conviene efectuar cambios en los requisitos por los cuales un país puede ofrecerse y puede ser seleccionado para ser sede de los Juegos para continuar con la promoción y desarrollo del deporte sin perjudicar a nadie.
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Fuentes:
El Economista (3)
La República (4)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (5)
Statista (6)
The Economist (7)
The New York Times (8)