Hoy fue publicada la «XII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú». Esta refleja la percepción ciudadana de la extendida corrupción que afecta a los diferentes niveles del Estado, considerando a la corrupción como el segundo problema más grave del país y que esta problemática continuará en aumento durante los próximos años.
En este sentido, también es importante señalar cómo es que la ciudadanía percibe que la corrupción afecta a la economía nacional y familiar: tanto a través de menores oportunidades laborales, menor crecimiento económico y un aumento en la desigualdad en el país.
El día de hoy, luego de 3 años sin que se elaborara, se publicó la «XII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú», realizada por IPSOS por encargo de Proética. Esta registra un considerable deterioro de la percepción de la ciudadanía ante la corrupción.
Según este estudio, la corrupción es el segundo problema más grave del país (por detrás de la delincuencia), mientras que un 81% de los peruanos considera que la corrupción se ha elevado durante los últimos 5 años, y un 53% piensa que continuará aumentando en los próximos años.
Asimismo, la encuesta refleja el gran descrédito que atraviesan las principales instituciones del país, pues los encuestados consideran que las 3 instituciones más corruptas del país son (en ese orden): el Congreso, el gobierno de turno y el Poder Judicial. Ante esta situación de extendida sensación de corrupción en el sector público, la población considera que esta situación afecta su día a día, especialmente en el ámbito económico.
8 de cada 10 peruanos considera que la corrupción impacta directamente en sus vidas, tanto porque impacta en su economía familia (59%) o porque las oportunidades de conseguir trabajo disminuyen (34%). Además, señalan que la extendida corrupción repercute en un menor crecimiento económico y en el aumento de la pobreza y desigualdad en el país.
El 80% de encuestados considera que los gobiernos regionales son los que están más propensos a cometer actos de corrupción, seguidos por el gobierno nacional (78%) y el municipal (75%).
Estas percepciones no están alejadas de la realidad. Torres (2022), señala que la corrupción genera distorsiones en factores como el gasto público, la inversión nacional y la extranjera, pues origina que se favorezca solo a aquellos que estén dispuestos a pagar una coima para ser adjudicados con el proyecto estatal.
Esto claramente perjudica a la sociedad, pues la calidad y el beneficio social no son tomados como los principales factores de decisión al realizarse la adjudicación. Esta situación también provoca, tal como lo resalta el Instituto Peruano de Economía (IPE) (2022), que las empresas tengan que enfrentar mayores costos ante la solicitud de pagos indebidos para el cumplimiento de trámites en entidades públicas. Esto puede conllevar que numerosas obras sean paralizadas por irregularidades contractuales, lo cual genera considerables costos a corto y largo plazo.
También es importante considerar que la corrupción en el sector público afecta con mayor fuerza a las personas con menos recursos. Esto debido a que la corrupción reduce los fondos públicos disponibles, lo cual evita que estos puedan traducirse en hospitales públicos o en una educación pública de mejor calidad.
Esto genera una mayor desigualdad, pues, de una forma u otra, las personas con mayores recursos pueden optar por adquirir estos bienes y servicios en el sector privado. Sin embargo, las personas pobres no tienen esta posibilidad, por lo que solo les queda usar estos servicios de baja calidad.
Fuentes:
(1) RPP
(2) IPSOS
(3) Torres (2022)
(4) Instituto Peruano de Economía (IPE) (2022)
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