La morosidad en el pago de las pensiones en los colegios privados sigue en aumento desde el 2017. Según GRADE, se estima que cerca del 25% de los estudiantes matriculados en instituciones privadas presentarán indicios de morosidad en el presente año.
A inicios del mes de marzo, el diario Gestión mencionó que la morosidad en los colegios privados empezaba a ser un indicador de riesgo para mantener la sostenibilidad económica de ellos. Es decir, la morosidad del pago de las pensiones en instituciones educativas privadas empezó a elevarse en los diferentes segmentos, en comparación a los años 2017-2018. En consecuencia, según en el Nivel Socio Económico (NSE), los segmentos A y B pasaron de 6% a 15% y los segmentos C y D aumentaron hasta un 60% en la tasa de morosidad.
¿Entonces, las pensiones subirían solo por las altas de morosidad?
Si bien la morosidad en los colegios privados se ha elevado, las instituciones han aumentado el pago de las pensiones en un promedio del 6% entre todos los segmentos. Sin embargo, la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa) estima que los sectores C y D serían los que registrarían indicadores más altos. Además, sobre el aumento del precio de las mensualidades en los colegios, Adecopa indicó que si bien el incremento sería por una mejora en la infraestructura, contratación de personal y convenios internacionales, este también se debe a las altas de morosidad.
Por otra parte, según Bruno Espinoza (Presidente de Adecopa), la morosidad seguirá elevándose; en consecuencia, este incremento influenciará el retraso del pago de las planillas educativas y, por consiguiente, motivará a una masiva rotación del personal docente, administrativo y/o de apoyo. De tal manera que ocasionaría mayores problemas para la sostenibilidad de los colegios. Así también, para la investigación del Grupo de Educación para el Futuro (GEF), el continuo aumento en las pensiones de los colegios privados afectaría considerablemente los ingresos de los padres de Lima Metropolitana, a cerca del 70% de ellos. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, indicó que el incremento solo se daría para colegios donde la capacidad máxima de estudiantes sea de 100 y que el cobro de la pensión mensual no supere los 200 soles.
Por otro lado, la educación está propensa a presentar una mayor morosidad debido a la Ley de Protección a la Economía Familiar:
Esta norma indica que los colegios no pueden impedir la matrícula o el ingreso de los menores cuando los padres presentan deudas a estas. Además, tampoco se puede condicionar la aplicación de los exámenes (de ingreso y de bimestre) y menos la retención de la libreta de notas (a menos que se adeude más de dos años de pensiones), esto lo señala Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril).
Por último, los colegios, el Gobierno y el Congreso han planteado soluciones.
Una de las soluciones fue planteada desde los colegios que han sufrido los efectos de las altas tasas de morosidad. Ellos han propuesto la retención del certificado de notas cuando el alumno concluye el nivel secundario. No obstante, existió la confusión en el término «certificado de notas», puesto que se entendía a la libreta de notas de los bimestres que iba cursando el estudiante durante el año escolar. Sin embargo, Indecopi expresó que solo se llevaría a cabo cuando se culminara la educación secundaria, señaló Bruno Espinoza, presidente de Adecopa. Además, desde el Ministerio de Educación (Minedu), se espera que el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica -presentado en marzo del presente año- pueda luchar contra la informalidad y mejorar la calidad de enseñanza, según fuente del propio ministerio.
Por último, se está trabajando en un proyecto dentro del SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa) con el objetivo de recabar la información con los casos frecuentes o reiterados de morosidad. Con ello, los promotores de los colegios podrán decidir si contar con aquellos padres con alto grado de morosidad o el caso contrario. Por este motivo, la información recabada será actualizada cada tres meses; no obstante, el alumno no se verá afectado durante el año en curso. Esto se llevará a cabo a través del proyecto de ley (N° 4322/2018-CR) propuesto en el Congreso.
