En el escenario pre-pandémico, el Perú poseía una gran confianza por parte de los inversores debido a la fortaleza de sus finanzas públicas. Sin embargo, durante la pandemia se ha podido develar las grandes carencias en sectores como educación, salud e infraestructura. Esto, debido a los bajos ingresos fiscales, los cuales han sacrificado por años los gastos dedicados al cierre de brechas por mantener las rigurosas leyes fiscales. Así, se propone priorizar la reforma fiscal y tributaria como ‘la madre de todas las reformas’ a puertas del bicentenario.
El Perú, en los últimos años, ha tenido una política fiscal impresionante, la cual lo ha convertido en una de las estrellas fiscales de Latinoamérica, solo superados por Paraguay si vemos el indicador la deuda pública bruta. En este sentido, las reglas fiscales actuales juegan un rol importante en el desempeño macroeconómico del país.
Sin embargo, viendo indicadores como el coeficiente de Gini y el gasto social tanto en salud, educación, infraestructura, etc. nos permite ver cómo estamos realmente respecto al cierre de brechas, el cual debería ser el objetivo último de la intervención del Estado. Solo para exponer lo antes mencionado, se debe señalar que el presupuesto para el gasto social es menor al promedio de la región e inclusive mucho menor que promedios en los países de la OCDE. El Estado no solo debe velar por la sostenibilidad de nuestra economía y políticas macroeconómicas, sino que también debe gestionar la equidad, desarrollo sostenible y el acortamiento de la brecha del país.
En este sentido, durante la pandemia del coronavirus, hemos podido ver uno a uno, las deficiencias estructurales del Estado peruano en la economía, lo cual ha resultado en que el índice de pobreza por la pandemia se haya elevado tanto. Para ejemplificar lo anterior, podemos ver como a pesar de la gestión y planificación del gobierno en establecer un plan de emisión de bonos para la población vulnerable, estos no se hayan podido cobrar ni al 80% de lo planeado, lo cual desvela la poca inclusión financiera y bancarización que se tiene en el país. Por el lado del empleo, muchas de las personas han caído en la pobreza debido a la pérdida de sus ingresos porque perdieron sus trabajos en la pandemia. Esto refleja otro problema estructural del Perú ya que no existe un mecanismo que proteja a esta población frente al desempleo y puedan nivelar sus ingresos.
Asimismo, si bien las recaudaciones tributarias han empezado a crecer en estos últimos dos meses según fuentes de SUNAT, los ingresos fiscales permanecen bajos, lo cual a través de los años ha sacrificado presupuesto para la protección social. Así, el presupuesto no debe estar subyugado solo a las épocas de boom de commodities. En épocas de pandemia, es necesario replantear el mayor gasto que se ha venido haciendo y hacer espacio en los ejes más importantes para el logro de la igualdad de oportunidades (el gasto social y la infraestructura) y la transición a un Estado de Bienestar, que pueda cubrir los derechos sociales de manera universal en el país.
Como se sabe, el Perú tiene un problema histórico de baja presión tributaria lo cual se ha traducido en recaudaciones tributarias muy pequeñas por el contexto de la pandemia del virus COVID-19. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que muchas veces el presupuesto se veía sujeto a las épocas de boom de commodities. Debido a esto y a que Perú es un país exportador sobre todo de minerales, se piensa que los contratos de las empresas mineras pueden solucionar el problema de la baja presión tributaria.
Sin embargo, como bien menciona Arias, este postulado no es cierto. Como hemos podido ver al menos en los últimos cincuenta años, la presión tributaria ha sido muy volátil con ciclos de expansión principalmente explicados por épocas en las que los precios de los commodities eran favorables para el Perú. Así, la mejor recaudación durante la pandemia que estamos experimentando, se debe a estos vientos favorables en los precios internacionales. Sin embargo, siguiendo con la línea histórica, la presión tributaria estructural se ha mantenido en 14% a lo largo de los años, lo cual se mantiene por debajo de países vecinos y aún más alejados de índices OCDE.
Así, debemos notar que se tienen oportunidades en materia de tributación a la minería, sobre todo para gravar aquellas ganancias extraordinarias. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto puede incrementar algunos puntos de la presión tributaria pero solo en ciertos años y está muy lejos de solucionar el problema. Por lo que debemos incrementar entre 3 y 4 puntos porcentuales de presión, pero sobre ingresos que sean permanentes.
Esto, tal vez, mediante la mayor holgura que se puede tener debido a las restricciones por el confinamiento y la digitalización de los servicios. Esto puede reducir el gasto tanto en alquileres de locales como en la reducción del personal en ventanilla y los famosos viajes de representación a otros países ya que por la cuarentena los viajes a otros países se han visto reducidos.
Asimismo, por el lado fiscal, algo que se ha venido proponiendo es incrementar el límite de la regla de la deuda pública al 40% del PBI, lo cual parece razonable en momentos decisivos para la protección social. En este sentido, según Bonato, el Perú ha sido muy austero en déficit fiscal también, el cual se encuentra en 1%, el promedio de la región es 3% y para Bonato, en el Perú, este se puede elevar a 1.5%.
Durante muchos años la reducción del déficit se logró mediante reducciones en el gasto social y gasto en infraestructura. En la actualidad, lograr reducir el déficit de manera abrupta sería perjudicial para ambos tipos de gasto y se debe pensar en ser flexibles en el gasto temporal, el cual no supone cambios en el gasto estructural o permanente. Los ahorros que se tuvieron por los altos ingresos fiscales durante las épocas de bonanza del precio del cobre y que ayudaron a construir el Fondo de Estabilización Fiscal, deben ser utilizados en épocas como esta. Estos, deben estar a libre disposición del MEF para que puedan ser distribuidos a los ministerios que lo requieran. Si se quiere ver desde la plataforma de Consulta Amigable, el presupuesto modificado (PIM) puede ser mayor al inicialmente presupuestado. Por supuesto, el devengado debe ser mayor también, para ver una mayor ejecución y progreso en los bienes y servicios que provee el Estado.
En este sentido, para concluir, debido a lo antes expuesto, se plantea como recomendaciones que se busque ampliar la base tributaria, manteniendo un crecimiento sostenido de la recaudación al igual que revisar los límites de las reglas fiscales existentes, ya que pueden ser un tope detrimental en el gasto centrado en el cierre de brechas.
Para lograr esto, principalmente se debe revisar las deducciones o exoneraciones, que representan fuertes gastos tributarios, las cuales no están alineadas a lo que permite la región y hacen más regresivos los impuestos por deducciones en servicios a los que tienen acceso la población de mayores ingresos. Asimismo, se debe diseñar un programa para reducir la evasión y elusión tributaria al igual que ajustes en el diseño de impuesto personal y rentas de capital y lograr que sea progresivo en favor de aquellos con menores rentas. Todo esto debe estar acompañado de una SUNAT fortalecida que a la vez tenga fuertes lazos o sinergias con instituciones como el MEF, entre otras para que puedan unir esfuerzos en objetivos tan importantes que pueden favorecer a los más pobres del Perú.
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Fuentes:
Bonato, Leo (1)
CEPAL (2).
Gestión (3)
Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno (4)
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