Autora: Andrea Clavo
La Inclusión Financiera ha sido un tema ampliamente estudiado en muchos países, sobre todo, desde la última crisis financiera internacional en el 2008. Y en el Perú, ¿cuál es su situación actual? En el siguiente texto, se describe de manera breve los objetivos, importancia y la situación en cuanto a oferta y demanda del Sistema Financiero para lograr la inclusión en este.
Según la literatura internacional, el objetivo de la Inclusión Financiera es suministrar las herramientas necesarias para que toda la población en general, en especial, la vulnerable como son las mujeres, los adultos mayores y los que se encuentran en condición de pobreza, puedan “mantener medios de subsistencia y , de manera más efectiva, crear activos, suavizar el consumo y gestionar riesgos idiosincráticos como los relacionados con la salud, pérdida de empleo, la muerte u otros shocks que desestabilizan los patrones de consumo de los hogares” (De Olloqui, F., Andrade, G., & Herrera, D. , 2015), además de poder realizar transacciones diarias de manera práctica y segura, sobre todo, en tiempos de pandemia. Asimismo, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) señala que la Inclusión Financiera comprende tres dimensiones: el acceso, uso y la calidad de los servicios financieros. Respecto al acceso, esta dimensión se refiere a la implementación de infraestructura y puntos de atención que abarquen el mayor espacio geográfico en el Perú. En cuanto al uso, es un problema de inclusión financiera cuando la decisión de no utilizar servicios financieros es debido a la falta de conocimiento, falta de ahorros o miedo a endeudarse. Y, por último, en el caso de la calidad, se debe proponer indicadores concretos que permita que los productos y servicios financieros sean adaptables para la población en general (Roa, M. J., 2013).
Como herramienta de política, la inclusión financiera ha cobrado mayor relevancia para “el desarrollo económico, la reducción de desigualdades, incremento de la productividad de las empresas y el empoderamiento de las personas” (Vega, M., Vásquez, J. L., & Abad, L., 2015). En el mismo sentido, es una manera para poder reducir la economía informal dada su relación inversa entre estas dos variables según lo indica la literatura (Asociación del Bancos del Perú, 2016). Además, que la inclusión financiera reduce la variabilidad de consumo, utilizando mecanismos que permiten enfrentar más eficientemente los shocks adversos y logrando mayor bienestar (De Olloqui, et al., 2015). Por ello, en el caso peruano, al igual que en otros países de Latinoamérica, se ha adoptado el compromiso de incentivar la inclusión financiera en organismos, bancos y empresas, el cual se ha reflejado en las distintas actividades de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF). Una de sus metas es conseguir que en el 2021 el 75% de la población use una cuenta móvil o de ahorro, meta que en contexto de pandemia ha resultado aún más imprescindible.
En relación a la oferta, uno de los objetivos de la inclusión financiera es “desarrollar canales digitales de distribución que faciliten la inclusión financiera” (CMIF, 2015).La reducción de las brechas digitales existentes entre los sectores de población por área, género y condición económica ayudaría hacia ese fin. Por ejemplo, para la población en áreas rurales, solo el 33.5% poseen acceso a internet móvil -tipo de internet con más fácil acceso para todos los segmentos de población-, y la población urbana, el 55.5% (ENAHO, 2019). Es decir, solo casi la tercera parte de la población rural y casi la mitad de la población urbana tienen los medios para poder acceder a la bancarización digital. De la misma forma sucede en cuanto a desigualdad por género, pues Network Readiness Index (2020) muestra que aún persiste la brecha de género en relación al acceso de internet, en el que las mujeres son las perjudicadas.
Asimismo, la CMIF (2015) busca reducir las brechas de infraestructura y consigo los altos costos de transacción que estas pueden generar para algunos sectores de la población. Esto debido a que, en un país accidentado geográficamente como Perú, es poco viable en términos económicos para empresas privadas posibilitar el acceso y la calidad de los productos y servicios financieros a través de las TIC’s1, oficinas físicas o ATM. La última Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú (2016) muestra que el tiempo promedio para acceder hacia una oficina es de 37 minutos en zonas urbanas y 1h 51min en zonas rurales. Ello indica que aún hay deficiencia respecto al sistema de puntos de atención debido a que para recurrir a ellos, se requiere recorrer amplias distancias, sobre todo, en zonas rurales. La Encuesta mencionada, además señala la evidente situación de asimetría de información. Esto debido a que, de la población rural, por ejemplo, solo el 31% de los que abrieron una cuenta a depósito y 88% de los que tomaron un préstamo del Sistema Financiero recibieron explicación sobre las condiciones de su producto financiero.
En cuanto a la demanda, para el 2019, 59% de la población no tiene ningún tipo de cuenta en el banco, en cuanto al contexto rural el 71% y en las zonas urbanas el 52%. Además, solo el 5.95% tienen tarjetas de crédito a nivel nacional. Estas cifras indican que el CMFI está treinta puntos porcentuales lejos de alcanzar la meta trazada para el presente año y desde el 2015, solo se ha reducido 7.1 puntos porcentuales el número de personas que decidieron no obtener ningún tipo de cuentas de los bancos. Pero, ¿cuáles son las razones de tal comportamiento? En el Perú, según la ENAHO (2019), el 61.26% de las personas que no tienen ningún tipo de cuenta en los bancos consideran que no poseen los suficientes ingresos, cifra muy similar en a la del 2015, 66.08%, pero que en contexto de pandemia2 incrementó significativamente a 88.66%. Es decir, desde que la CMIF inició su misión en el 2015, la razón principal de la barrera respecto a la demanda para la Inclusión Financiera no ha cambiado de modo relevante.
En esta misma línea, la segunda razón más importante según la ENAHO, es que, en el 2019, de los que no tienen ningún tipo de cuenta, el 28.81% consideran que simplemente no necesitan o no están interesados en dichos servicios, que tampoco ha variado mucho desde el 2017, 26.92%. Ahora, en el caso de la desconfianza hacia las instituciones, el porcentaje de personas que consideran ello como razón es el 3.23% y debido a los intereses altos el 1.23%. Y, para el III trimestre del 2020, 0.4% de las personas no demandan servicios financieros porque consideran que las instituciones están muy lejos.
Todo lo anterior indica que, en primer lugar, la barrera principal en cuanto a demanda es la alfabetización financiera. Puesto que, por ejemplo, gran parte de la población cree en condiciones erróneas para acceder a una cuenta de ahorros (poseer cierto nivel de ingresos). Incluso, los que acceden a ella, no la usan. Optan su uso para obtener dinero físico y no para transacciones o pagos a servicios a través de la bancarización digital (INEI, 2019).
En síntesis, según la literatura revisada, el principal problema de la oferta son los altos costos de transacción para acceder a un servicio o producto financiero. Por ejemplo, el tiempo señalado que se necesita para poder llegar a un local que brinde servicios financieros. Además, es importante recalcar que este tiempo varía considerablemente en cuanto a zonas rurales y zonas urbanas. Asimismo, hay una notoria asimetría de información al obtener algunos servicios financieros, pues no todos los usuarios reciben la información adecuada respecto al servicio financiero al que accede. Referente a la demanda, la dificultad para la Inclusión Financiera es la alfabetización financiera. Para el 2019, más de la mitad del número de peruanos considera que para acceder a una cuenta de ahorros es necesario poseer cierta cantidad de ingresos y cerca de la tercera parte simplemente no están interesados. Los costos de transacción son, en realidad, entre las últimas razones de no querer solicitar un servicio financiero. Por lo que es imprescindible cambiar las estrategias integrales en cuanto a la Inclusión Financiera. Para empezar, es el comportamiento de las personas y sus necesidades con respecto a temas de finanzas personales en el que hay que enfatizar antes que continuar con la implementación de oferta de servicios digitales, de lo contrario se excluirá a gran parte de la población vulnerable.
Bibliografía:
ASBANC (2016). Recuperado de: https://www.asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=575
Chávez, L. (2020). La bancarización digital. Conexionesan. Recuperado de:
Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, 2015.Estrategia Nacional de Inclusión Financiera Perú. LIMA: MEF. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos- descarga/ENIF.pdf
De Olloqui, F., Andrade, G., & Herrera, D. (2015). Inclusión financiera en América Latina y el Caribe.Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de:
org/bitstream/handle/11319/6990/CMF_DP_Inclusion_financiera_ en_ALC.pdf
Instituto Nacional de Estadística (2015, 2019, 2020). Enaho.
Instituto Nacional de Estadística (2019). Inclusión Financiera a dos caras. Informe del Comercio. Recuperado de: https://www.ipe.org.pe/portal/inclusion-financiera-a-dos- caras/
Roa, M. J. (2013). Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: acceso, uso y calidad. Boletín del CEMLA, 59(3), 121-148. Recuperado de: https://www.cemla.org/PDF/boletin/PUB_BOL_LIX03-01.pdf
SBS, C. S. (2016). Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú
Vega, M., Vásquez, J. L., & Abad, L. (2015). La estrategia de inclusión financiera y el rol del Banco Central.Revista Moneda, (163), 17-20. Recuperado de: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-163/moneda- 163-04.pdf
