Se publicó la Política Nacional de Juventud cuyo objetivo es enfrentar las dificultades y desigualdades que afectan a los jóvenes en la consolidación de sus proyectos personales y la transferencia de capacidades. Con el fin de que al 2030, ocho de cada diez jóvenes entre 15 y 29 años de edad mejoren su desarrollo integral para su efectiva participación en la sociedad.
Este lunes, el gobierno publicó la Política Nacional de Juventud, mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-Mined, en la separata especial de normas legales del diario El Peruano. Se establecieron seis objetivos prioritarios para aprovechar las oportunidades que ofrece el bono demográfico y se plantea como problema público a enfrentar la “Desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de la población joven que afecta su participación en la sociedad”. Con el fin de garantizar, que los jóvenes entre 15 y 29 años logren una efectiva integración social al año 2030. Un dato a tener en cuenta, como motivo de la implementación de este proyecto es que para el 2017, uno de cada cuatro peruanos era joven.
Cabe señalar que para abordar la problemática se ha considerado la interseccionalidad del enfoque de juventud con los enfoques de derechos humanos, genero, discapacidad, e interculturalidad. Debido a que, tal como se mencionó en la Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica, la población joven es un importante sector social con características singulares en función de factores psicosociales, físicos y de identidad que necesitan de una atención especial por tratarse de un periodo de vida donde se lleva a cabo la consolidación de los proyectos personales y la adquisición de capacidades para su incorporación a la fuerza productiva y al desarrollo integral. Sin embargo, se debe considerar que al interior del grupo se evidencia dificultades y desigualdades como el acceso a la educación, el empleo, la salud, la participación en la vida social y política, la toma de decisiones, la información, entre otros. Estas desigualdades son más graves para las poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad.
Por otro lado, se identificaron cinco causas de esta problemática: en primer lugar, la baja transitabilidad hacia el trabajo decente en la población joven. Esto se evidencia con la falta de conexión entre la educación superior y el mercado, así como de la alta informalidad e ilegalidad en el mercado laboral juvenil. En segundo lugar, la persistencia de limitaciones en la salud integral de las y los jóvenes; es decir, la escasa capacidad de los servicios de salud para responder a sus necesidades y la exposición a la violencia y riesgo social. Otro razón es la presencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad como resultado de la desigualdad de género que existe en la atención de los derechos y/o exclusión de jóvenes en condición de vulnerabilidad, como las y los jóvenes de pueblos indígenas u originarios, afroperuanos, LGTBI, con discapacidad, población privada de la libertad y otros grupos de especial protección. Además, el bajo reconocimiento a la participación y representación juvenil y como última causa es la precaria institucionalidad pública en materia de juventud como resultado de la mínima coordinación intersectorial e intergubernamental y la limitada intervención de las unidades orgánicas de juventudes en los procesos de toma de decisiones.
Asimismo, la situación futura deseada para que los jóvenes accedan en igualdad de oportunidades son desarrollar competencias en el proceso educativo; incrementar el acceso de esta población al trabajo decente en un marco de respeto y protección de sus derechos laborales; la atención integral de salud para garantizar su óptimo desarrollo y bienestar; reducir la victimización y la discriminación de situaciones de vulnerabilidad e incrementar la participación ciudadana de la población joven. Para ello, se generara las condiciones necesarias para que vivan en una sociedad que respeta la diversidad cultural, libre de discriminación y exclusión social. También participaran activamente en los diferentes espacios de toma de decisiones y en los procesos de diseño, seguimiento y coordinación de políticas públicas en materia de juventud en sus regiones.
Finalmente, la aplicación de esta política tiene responsables que son los Ministerios de Justicia, la Mujer, Interior, Educación, Salud, entre otros organismos nacionales. Según indicó, Henry Jordán, de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), “Lo que se quiere tener es un documento que aborde el tema de la juventud en específico y que oriente factores a largo plazo que es lo que busca una política”.
Fuentes:
Gobierno (1)
El comercio (1)
La República (1)