Económica

Los dos frentes detrás de la Política Nacional de Competitividad y Productividad

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Durante el discurso del presidente Martín Vizcarra en la CADE 2018 se anunció el lanzamiento de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la cual contiene una sección dedicada la reforma del mercado laboral. Esta reforma representa una postura que no fue apoyada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de turno, desencadenando días después su renuncia. A continuación, explicaremos el escenario que desencadenó la Reforma Laboral y las posturas divergentes sobre este tema.

La Nueva Reforma Laboral propone medidas para «flexibilizar» derechos laborales, con el objetivo de ayudar con el dinamismo del mercado. Se conoce que estas estarían orientadas en cuatro lineamientos: disminuir el pago de la indemnización ante despido arbitrario, facilitar la terminación de la relación laboral por causa objetiva, rebajar los costos laborales y eliminar la reposición frente al despido incausado, derecho establecido por el TC en el 2002.

Para el presidente Martin Vizcarra, la Reforma Laboral se estaría aplicando para solucionar el contexto laboral actual. Según sus declaraciones en CADE empresarial, más del 50% de las microempresas del país son informales y el 70% de los trabajadores se encuentran ocupados en el sector informal, con una mayor concentración en las microempresas». Por otro parte, considera que uno de los factores que eleva los índices de informalidad es el alto costo laboral no salarial que duplica y hasta triplica los resultados de otros países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México). Esto coincide con otro dato ofrecido por el Foro Económico Mundial, el cual, a través del Reporte Global, señala que el Perú ha caído al puesto 72 (antes 67) en el índice de competitividad respecto a 137 países, siendo la regulación laboral restrictiva considerada como uno de los factores que no favorecen a la realización de negocios en nuestro país.

 Continuando con lo expresado por el presidente, los altos costos laborales serían un factor que influye a los empleadores por optar por contratos temporales que desprotegen al trabajador y que dificultan la acumulación de experiencia que incide en la mejora de la productividad. Esta postura se encuentra siendo apoyada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la producción.

En contraposición a las posturas tomadas por el Presidente y los ministros mencionados, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de turno, Christian Sánchez Reyes, no considera que los costos no salariales sean una traba para la formalización en el país. Según fuentes del Diario La República, el ministro habría estado en contra de la línea planteada en la Reforma Laboral para flexibilizar el mercado laboral desde setiembre de este año.

Por otro lado, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), anunció que no estarían dispuestos a aceptar recortes en los derechos laborales. Asimismo, luego de la primera reunión que tuvieron ante el Consejo Nacional De Trabajo (CNT), un dirigente de la CGTP, Gerónimo López, señaló para La República, que su gremio exige la renuncia del ministro de Economía, Carlos Oliva, a quien le atribuyen las iniciativas de recorte de los derechos laborales.

Desde otra perspectiva, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres indicó que el costo social de la reforma sería altísimo. «Si el Gobierno piensa en serio enfrentar este complejo problema, debe empezar por entender que gran parte de la opinión pública está en contra de cualquier reducción de sobrecostos laborales, por lo que puede encontrar una gran movilización en contra», señaló.

De igual forma, el ex-ministro del MTPE, Javier Neves Mujica, advirtió que de prosperar esta iniciativa en materia laboral, se generaría un rechazo social enorme, exactamente se puede convertir en la ‘Ley Pulpín’ . A parte de ello, a través de su cuenta de Facebook, cuestionó las bases de dicha reforma: «Seguramente en la CADE, el Presidente Vizcarra y el ministro Oliva anunciarán su plan de facilitación de los despidos. Serán ovacionados. Si yo estuviera en el panel, les preguntaría: ¿Si el segundo impulso a la contratación temporal fue en el 2001, cómo se le puede imputar a la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando esta se publicó recién en setiembre del 2002? Sostienen que la supuesta rigidez incrementa la informalidad, pese a lo cual admiten que existen otros factores que inciden en esta, ¿cuáles son y qué peso específico tienen? ¿Cuántos trabajadores prefieren la informalidad para ahorrarse la contribución a las pensiones y el impuesto a la renta? ¿Ha funcionado que rebajando derechos mejore el empleo de calidad? Se intentó en 1991 y 1996 y se logró lo contrario. Por último, ¿cómo van a implementar su reforma, ya que parece que ni un cambio constitucional sería suficiente, puesto que tenemos instrumentos internacionales ratificados?»

FUENTES:

El Comercio (1) (2)

La República (1) (2) (3)

Semana Económica (1)

Diario Uno (1)

Diario Gestion (1)

RPP (1)

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