Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) llegan a tal situación producto del manejo local poco capacitado, principalmente en provincia.
Un ejemplo de este manejo inadecuado es el caso de Loreto, a pesar de que el Estado ha invertido, a través del Gobierno Regional, más de S/.700 millones en una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), los índices de contaminación de los ríos en la región empeorarán, puesto que la obra presenta graves deficiencias y no cumplirá con los objetivos previstos.
Mientras que en la capital, la cobertura de agua potable se extiende al 97% de la población, la facturación suma el 87% y gracias al inicio de las actividades de la PTAR La Chira, el tratamiento de aguas residuales abarcará el 100%, tal como asegura el gerente general de Sedapal.
Lo presentado muestran una triste realidad, el destino de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), principalmente las de provincia, depende de factores externos a la dirección técnica que deberían poseer y del futuro de las dirigencias políticas que gobiernen en la localidad.
Esto último debido a que en el gobierno de Fujimori, se transfirió el poder sobre tales entidades a los gobiernos locales, los cuales además de no cumplir con el personal calificado para su debido manejo, utilizan el servicio con fines políticos. Como resultado la mayoría de las EPS en el país están quebradas, a modo de ilustración, en el Perú de cada 100 m³ de agua, solo llegan 50 m³ al usuario y de esta cantidad, solo la mitad se factura.
Frente a esta situación, el Estado busca atraer inversión privada por medio de una ley que apunta a la creación de los Organismos Técnicos de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), organismos que se encargarán de supervisar y diagnosticar a las EPS, señalándoles el camino a seguir para mejorar su cobertura y calidad de servicio.
Fuente: Diario El Comercio
