Por César Jara Trujillo [1]. Licenciado en Economía por la Universidad del Pacifico. Co-autor de publicaciones relacionadas con análisis de infraestructura y poblaciones vulnerables, recientemente, “El impacto del terremoto de 2007 en el sector de agua potable y saneamiento en el sur del Perú”, publicado por el Banco Mundial y “Lineamientos para promover la inversión en infraestructura en el Perú: 2012-2016”, publicado por CAPECO.
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Es indiscutible que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental para todo ser humano por sus efectos positivos sobre el bienestar, específicamente, sobre la salud. Pese a ello, en el Perú, existen diversos diagnósticos que concluyen que las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), de propiedad pública, han fracasado en proveernos agua potable de calidad, servicios de alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales debido a su modelo de gestión. Las cifras son contundentes. Al cierre del 2015, todas las EPS se encuentran sobre endeudadas, su capacidad en gestión comercial y operativa es limitada: solo facturan 40% del total de agua que producen. Esta situación se traduce en márgenes operativos bajos e incluso negativos, que limitan las inversiones para dotar de agua potable a todos los peruanos las 24 horas del día.
Las principales causas de estos resultados son la constante injerencia política en la toma de decisiones, la alta atomización de operadores que no permite aprovechar las economías a escala, y las limitadas capacidades técnicas, tanto en el aspecto comercial como en el manejo de recursos humanos.
Para enfrentar esta crítica situación, el 2017 ha iniciado con grandes cambios. Con la aprobación de la nueva Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, se ha establecido cambios estructurales en el modelo de gestión y prestación de las EPS, que apuntan a alcanzar el acceso universal al agua bajo tres importantes reformas.
El primer gran cambio, las EPS denominadas hasta el año 2016 como “entidades” pasarán a llamarse “empresas” y a ser tratadas como tales. Bajo este concepto, la Junta General de Accionistas deberá garantizar la autonomía de la gestión empresarial, la rendición transparente de las finanzas, y aplicar toda práctica que fomente un buen gobierno corporativo. En otras palabras, las decisiones basadas en factores políticos serán reemplazadas por decisiones basadas en sustentos técnicos, económicos, ambientales y legales.
La segunda reforma promueve la integración de las empresas de saneamiento a nivel provincial, interprovincial, regional y macroregional. Promover la fusión permite aprovechar las economías de escala, reduciéndose costos de producción para las Empresas y costos de supervisión para el ente Regulador.
La tercera reforma implica una serie de medidas que apuntan al fortalecimiento técnico de las prestadoras. Para ello, se ha otorgado nuevas funciones al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, las cuales están enfocadas en fortalecer a los prestadores de servicios de saneamiento y al Régimen de Apoyo Transitorio – RAT que interviene en las EPS con mayores problemas. Finalmente, se tiene previsto que el ente rector ejecutará a nivel nacional, mediante oficinas desconcentradas, programas de capacitación, asistencia técnica e innovación y transferencia tecnológica.
El reto es grande; pero ya se han generado varias de las condiciones para proveer un mejor servicio de agua y saneamiento en el país, con una reforma vital en este sector que hacía falta. Ahora está pendiente trabajar con este nuevo marco legal y contribuir a la construcción de un Estado cercano al ciudadano, con una gestión moderna y justa, en donde cada sol bien invertido permita cambiar la vida de todos los peruanos.
[1] Económica agradece a César Jara Trujillo por permitirnos difundir su artículo.
