Es una realidad que la crisis sanitaria originada por el Covid-19 ha cambiado por completo la vida tal cual la conocíamos; no es de extrañar que sus múltiples y desastrosas consecuencias, como el colapso del sistema sanitario o la crisis económicas, han afectado gravemente a los sectores más vulnerables; entre ellos las personas que sufren trastornos del neurodesarrollo como el autismo.
Para la mayoría de los países, el covid-19 ha supuesto un gran desafío. Países ricos como Estados Unidos o Alemania han visto como sus sistemas sanitarios colapsaban frente a este virus y como sus economías se tambaleaban mientras que países de regiones más pobres han visto reducciones drásticas de su PBI y de los avances en materia de salud y educación que se encontraban llevando a cabo. Esto nos deja claro que la crisis sanitaria a nadie indiferente.
Al igual que los países, la población se ha visto gravemente perjudicada por estos acontecimientos y es evidente que las poblaciones vulnerables han sufrido más los estragos causados por la pandemia; y dentro de este grupo tenemos a aquellos con enfermedades mentales como esquizofrenia o trastorno bipolar, aquellos con dificultades de aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo como el autismo.
En un país como el Perú, cuyo Estado no otorga facilidades a personas con esta condición, el hacerse cargo de una persona con autismo supone una gran carga económica para el núcleo familiar. En épocas pre-pandemia, el coste de las terapias que llevaba una persona con autismo en un mes su vida se estimaba entre S/ 1 500 y S/ 4 mil mensuales; a estos gastos se suman los costes asociados a la crianza de un hijo, como son la educación, comida, ropa o vivienda, o los costes por servicios que usa una persona a lo largo de su vida.
La mayoría de estos costes se han incrementado debido, principalmente, a que muchas instituciones privadas que brindaban estos servicios se han visto imposibilitadas de poder seguir llevando a cabo los tratamientos con las condiciones actuales, lo cual ha ocasionado que se opte por dejar de brindar el servicio o que, en mucho casos, el costos de estos aumente.
En este sentido, muchos padres de niños con autismo no se encuentran en condiciones para afrontar los pagos. Muchas familias se ven obligadas a pedir préstamos para el pago tratamientos, diversas terapias como terapia de comportamiento, entre otras. La carga económica que recae sobre las familias afectadas por el autismo es enorme.
Además, hay otros factores económicos que se deben considerar como las necesidades de otros miembros de la familia, problemas de salud o gastos para hacer frente a la pandemia. Los costes de tipo médico, y otros suponen un gran coste anual.
Esto nos deja con la conclusión que las familias de niños con autismo se enfrentan a unos gastos muy superiores a la media y crecientes y a unos ingresos menores, todo esto en un contexto de crisis económica, una aguda y larga crisis sanitaria, aumento del desempleo y un aumento de la pobreza a nivel mundial.
Por otro lado, no solo las familias con miembros con autismo se han visto perjudicadas, las propias instituciones que brindan ayudas a los autistas también han sido gravemente afectadas. En España, por ejemplo, se estima que el impacto económico del coronavirus en las entidades que trabajan con personas con autismo supera los 6,2 millones de euros, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de muchos de estos centros y servicios; esta tendencia se ha repetido en la mayoría de países pertenecientes a la Unión Europea y es muy probable que las instituciones peruanas pasen por una situación similar, lo cual pone en serio riesgo los avances que se han ido logrando en este ámbito en los últimos años. .
La crisis de la COVID-19 ha dejado al descubierto que disparidades que existían dentro de la sociedad y los costes que estas generaban a las personas; como es el hecho que desde el año 2015 se cuenta con la Ley 30150, la cual protege a las personas con TEA, no se ha materializado en las personas con autismo.
Para romper con esta desigualdad son necesarias políticas que aseguran el acceso a servicios públicos básicos a personas con autismo, mayor apoyo a las instituciones que brindan ayuda a los autistas y una estructura de ayuda social que sirva de apoyo a las familias que pasan por estas dificultades.
Fuentes:
Autismo Castilla La Mancha (1)
El Comercio (2)
Infobae (3)
José Ramon Alonso (4)
Punto Seguido (5)
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