La comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió, con amplia mayoría, el dictamen que dispuso la NO aprobación del Acuerdo Escazú, cuyo propósito es garantizar el acceso a la información y proteger la participación ciudadana en materia ambiental.
Este acuerdo compromete a los países que lo firman a velar por el acceso a la información y justicia y garantizar la participación ciudadana en asuntos ambientales. Se esperaba su ratificación, ya que, en el 2018, este acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, su análisis le llevó 13 sesiones al Congreso.
CONGRESISTAS EN CONTRA
Los congresistas que se opusieron a ratificar el acuerdo fueron Gilmer Trujillo (FP), Edward Zarate(FP), Mónica Saavedra(AP), Yessy Fabián (AP), Rubén Pantoja(UPP), Alcides Rayme (FREPAP), Tania Rojas(APP), Fernando Meléndez(APP) y Orestes Sánchez(PP). En total, fueron 9 votos a favor de la no ratificación, 3 en contra y cero abstenciones.
Los motivos que señalaron para aprobar el dictamen que rechaza el mencionado acuerdo implicaron el desembolso económico por parte del Estado para su implementación (Gestión):
- Ministerio De Energía y Minas afirmó que la provisión de los recursos estimados en s/ 1′500,000 por año, por un período de nueve años y de s/ 21′600,000 por un período de veintiún años.
- Ministerio de Agricultura y Riego indicó que asumirían las inversiones siguientes: s/13’500,000 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel de reconocimiento (s/ 1’500,000 por nueve años) y s/ 21’600,000 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel semidetallado por 21 años.
- Los gobiernos regionales les correspondería aportar s/ 160′395,300 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel de reconocimiento (s/ 1′500,000 por 9 años) y s/ 142′028,280 para la generación de información de levantamiento de suelos a nivel semidetallado por un periodo de 21 años.
Por otro lado, los congresistas que se mostraron en contra de aprobar el acuerdo argumentaron que este tratado daña la soberanía del país. Entre los otros argumentos brindados, los padres de la patria señalaron que dicho convenio no es necesario, dado que consideran que la regulación existente en materia de acceso a la información y justicia ambiental es suficiente.
LA CONFIEP EN CONTRA
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas evidenció su malestar generado por la posible ratificación de este acuerdo, debido a que este limitaría la toma de decisiones sobre su industria y desarrollo.
DEFENSORES AMBIENTALES ASESINADOS
Tan solo durante la pandemia, han sido asesinados cuatro defensores ambientales: Arbildo Meléndez (Huánuco), Gonzalo Pio (Junín), Lorenzo Wampagkit (Amazonas) Roberto Carlos Pacheco (Madre De Dios), tres de ellos pidieron garantías para su vida, pero se les fueron negadas.
Latinoamérica es la región en la que más asesinatos de este tipo ocurren, por dicho motivo un tratado que no solo garantice el acceso a la información, sino que proteja la participación pública en los procesos de toma de decisiones en material ambiental resulta urgente.
Fuente Gestión
Fuente Perú21
Fuente Mongabay Latam
