La precariedad de la vivienda ha sido una problemática nacional constante en las últimas décadas. Esta surge debido al limitado acceso a la vivienda propia por parte de muchas familias, por lo que estas terminan habitando en zonas peligrosas, sin acceso a servicios básicos o expuestas a desastres naturales, lo cual afecta considerablemente su nivel de vida.
Al igual que muchos problemas en la sociedad peruana, la cuarentena impuesta para evitar el contagio del COVID-19 introdujo dentro del debate público la discusión sobre la calidad de la vivienda en el país, pues muchos peruanos no podían evitar extender el virus dentro de su propia casa, debido al hacinamiento o a la falta de servicios básicos. Por ello, resulta importante el planteamiento de alternativas de solución factibles tanto para la construcción de nuevas viviendas como para la mejora de la calidad de aquellas que ya existen.
La precariedad de la vivienda es una problemática con alcance nacional, pues el 80% de las viviendas en nuestro país son construcciones informales, edificadas con materiales de baja calidad, así como ubicadas en zonas de alto riesgo, lo cual las convierte en vulnerables ante desastres naturales como sismos o huaicos.1
Un indicador muy utilizado para estimar la precariedad de la vivienda es el déficit habitacional. Este puede ser dividido en dos componentes: cualitativo y cuantitativo. Por un lado, el déficit cuantitativo hace referencia a la falta de viviendas necesarias para que cada una de ellas albergue en su interior a un solo hogar. Por otro lado, el déficit cualitativo considera las deficiencias de la calidad de los materiales usados en la construcción de la vivienda, hacinamiento y el acceso a servicios básicos.
Para que se pueda considerar que un hogar tiene un déficit habitacional, debe presentar tanto un déficit cuantitativo y cualitativo. Según resultados del INEI para el año 2019, el 10,2% de los hogares a nivel nacional tienen déficit habitacional, siendo el área rural el de mayor porcentaje de hogares con 17,5%, mientras que el área urbana presenta 8,2%2
Causas y consecuencias
Muchos peruanos optan por construcciones informales establecidas en zonas peligrosas debido al limitado acceso a la vivienda propia. Esta problemática es afrontada mediante invasiones ilegales o aprovechada por los traficantes de terreno, quienes se encargan de realizar invasiones, lotizarlas y luego venden cada lote a familias con el sueño de la casa propia. El problema de la invasión ilegal de terrenos es constante en nuestro país desde hace más de 70 años, y aproximadamente, en promedio, cada hora se invade una hectárea en algún lugar del país3.
Sin embargo, estos terrenos invadidos ilegalmente no cuentan con las características necesarias para garantizar un adecuado nivel de vida a las familias que construyan sus hogares en estos lugares. En este sentido, una de las grandes consecuencias de este problema es que gran parte de las viviendas no acceden a servicios básicos como agua potable, desagüe y luz eléctrica. Las urbanizaciones informales deben esperar en promedio 14 años para acceder a estos servicios4.
Precariedad y hacinamiento en tiempos del COVID-19
Si bien esta falta de acceso ya era un gran problema antes de enfrentar la pandemia, este se agudizó con la llegada del COVID-19. Por ejemplo, una de las fundamentales medidas de prevención para evitar el contagio era el constante lavado de manos, cuando la realidad de muchas familias es que no pueden acceder a agua dentro de su vivienda o deben pagar precios exorbitantes para acceder a baldes llenos de este líquido esencial. Además, debido al alto índice de hacinamiento en los hogares peruanos, si uno de los habitantes se contagiaba con el virus, esto implicaba que todas las personas residentes también lo estaban, debido a la imposibilidad de aislarse por completo en alguna zona específica de la casa.
Es por ello que los casos de contagios y fallecimientos por COVID-19 fueron más frecuentes en hogares hacinados, sin acceso a agua potable, a servicios higiénicos o electricidad, y construidos con material irrecuperable en las paredes o techos5. Por lo tanto, se puede señalar que las características de la vivienda desempeñaron (y siguen desempeñando) un factor aumenta la probabilidad de contagio de cualquier tipo de enfermedad (no solo el COVID-19).
Alternativas de solución
Ante esta problemática, resulta fundamental que puedan plantearse políticas de vivienda que aborden tanto la prevención, es decir, que generen alternativas de viviendas dignas para que las familias dejen de optar por alternativas que los pongan en situaciones de riesgo. Asimismo, se necesitan plantear alternativas viables para la población que actualmente habita en este tipo de viviendas precarias.
Este último punto suele ser el más olvidado, pues se suele priorizar mucho más la construcción de nuevas viviendas antes que brindar a las que ya existen de los servicios básicos necesarios (como agua potable, desagüe y electricidad). Esta falta de priorización se manifiesta en cifras, pues el 98% de los recursos invertidos en la vivienda social desde 2003 ha estado orientado a la producción de vivienda nueva (como en el Fondo Mi Vivienda), y solamente el 2% restante al mejoramiento de vivienda5.
Fuentes:
Cámara peruana de la construcción (CAPECO) (1)
INEI (2)
Álvaro Espinoza y Ricardo Fort (3)
Álvaro Espinoza (4)
Gabriel Arrisueño y Luis Triveño (5)
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