La corrupción es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para el país, pues debilita su credibilidad y obstruye el cumplimiento de los deberes estatales. Por ello, se han utilizado diversos instrumentos de respaldo para luchar contra la corrupción. En ese sentido, es importante tener en cuenta el índice de percepción de la corrupción. Si bien esta medición puede reflejar cierta subjetividad, incide negativamente en la economía del país.
La corrupción frena el crecimiento económico, debilita la eficiencia de la gestión estatal y genera sobrecostos innecesarios. A modo de ejemplo, la corrupción resulta en la generación de obras mal diseñadas, el uso ineficiente de nuestros recursos y otorga pase libre a nuevas autoridades sin experiencia cuya remuneración no es de ninguna forma inexplicable. A todo ello hay que sumar que la corrupción golpea más a los que menos tienen. Sobornos, malversación de fondos, nepotismo y tráfico de influencias son solo algunos de los procesos típicos que obstaculizan los objetivos del poder estatal.
¿Cómo perciben los peruanos la corrupción?
La corrupción es percibida como el segundo problema más grande del país para los peruanos por detrás de la delincuencia. Con respecto a las instituciones que conforman el sistema judicial, de acuerdo con el INEI (2020), un 82.3% afirmó no confiar en el Poder Judicial, un 72.1% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.6% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Si comparamos los mismos índices con el periodo 2019, un 82.5% desconfía del Poder Judicial, un 71.2% manifiesta desconfianza en la Procuraduría Anticorrupción y un 67.4% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Asimismo, de acuerdo con la encuesta realizada por Proética en el 2019 se identifican las que serían las tres instituciones más corruptas del País: el Congreso de la República encabeza el top con un 76%, le sigue el Poder Judicial con un 47% y , finalmente, los partidos políticos con un 31%. Según la misma encuesta de Proética, más de la mitad de peruanos proyecta que dentro de 5 años habrá más corrupción, y el 82% cree que el estado representa poco o nada de liderazgo en la lucha contra la corrupción. Todos estos índices evidencian de manera preocupante que la ciudadanía desconfía de las principales instituciones cuyas políticas contra la corrupción dejan mucho que desear. Por ello, es importante que el estado continúe con los esfuerzos para legitimar sus instituciones públicas, de tal manera que se refleje una control más fortalecido en el sector público del país.
El impacto económico
La percepción de la corrupción influye en la relación de confianza entre el Estado y la población, en ese sentido, también afecta al sector privado. Esta percepción de desconfianza en las instituciones desfavorece los incentivos para invertir o hacer negocios. El Informe Global de Competitividad afirma que la corrupción es el segundo problema más grande para hacer negocios en el Perú. Con respecto al ámbito público, los casos de corrupción se encuentran vinculados, en su mayoría, a los proyectos de inversión pública. Así, el último informe La corrupción en los Gobiernos regionales y locales, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), señala que el 58% de 4,225 casos de corrupción estuvo relacionado con los procesos de contratación que efectuaron las autoridades regionales y locales. Estos indicadores refuerzan el pensamiento popular de que la principal razón de la ineficiencia en obras públicas se debe al incremento del monto de inversión por encima del porcentaje permitido, sin sustento técnico alguno, lo cual genera una pérdida para el Estado no solo en términos monetarios sino también sociales.
¿Qué queda por hacer?
Se deben establecer los mecanismos legales necesarios para que inescrupulosos empresarios o funcionarios estatales no vuelvan a quedar impunes. Solo así se crearía un ambiente de confianza para los peruanos con respecto a las instituciones del país. Por ejemplo, el MINJUSDH incorporó en su Plan Multianual de Inversiones 2019-2021 un total de recursos valorizados en US$ 367 millones destinados a programas de modernización del sistema de justicia con la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Este tipo de medidas deben ser apoyadas, pues permitirán fortalecer y mejorar instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Policía Nacional.
No obstante, ¿Creen que este tipo de medidas serán suficientes para reducir la corrupción en el Perú? La percepción de la corrupción y sus indicadores parecen indicar la respuesta a este cuestionamiento. Entonces ¿Qué queda por hacer? Pues, como ciudadanos, se trata de acompañar al Estado en el proceso de reflexión continua sobre cómo prevenir y eliminar los actos de corrupción. Si como ciudadanos apoyamos a las autoridades corruptas y legitimamos la corrupción en el poder estatal, pues será de ayuda nula para la sociedad. Es importante que la sociedad civil reconozca su rol en el fortalecimiento de las iniciativas anticorrupción y, de esa manera, exigir una mayor vigilancia y transparencia.
Así, tal como van las cosas, el escenario político de los próximos años será complicado para la nación. La noticia ya no es que hay corrupción en el Perú, sino que ahora más que nunca son los ciudadanos quienes deben ser invocados para dar un paso al frente de estos actos ilegítimos. Ahora, la tecnología y los medios de comunicación permiten difundir, denunciar, probar, y sancionar actos de corrupción. Es decir, tenemos los recursos que nos permitirán el crecimiento económico sin corrupción; sin embargo, ello depende de la colaboración de todos los peruanos.
La relación de desconfianza entre el poder estatal y el ciudadano peruano es preocupante y nos induce a la reflexión. Las autoridades deben garantizar los medios para hacer frente a la corrupción; sin embargo, no se logrará un avance significativo si la ciudadanía no exige una rendición de cuentas a través de iniciativas sociales anticorrupción. Solo con transparencia estatal se tomarán mejores decisiones, se usaran mejor los recursos y se sancionarán a quienes usen su cargo público para beneficio propio.
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Fuentes:
Banco Mundial (1)
WorldBank(1)
ComexPerú (1)
ESAN FINANZAS (1)
IDEHPUCP (1)
Foto: Ojo Público
«Las ideas expresadas en esta columna no representan la postura de Económica»
